Una directiva interna del Inpec reveló condiciones especiales establecidas para los voceros de la Paz Urbana en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia. El documento, firmado por el coronel Rolando Ramírez, permitía reuniones hasta las 10 p.m., visitas familiares los miércoles con tres adultos por interno y entrada de comida preparada. Además, se autorizaban televisores en celdas exclusivas para estos presos. La medida buscaba fortalecer el proceso de paz urbana, aunque surge en medio de críticas sobre la gestión penitenciaria. El texto también establecía controles estrictos sobre elementos autorizados dentro del centro, generando debate sobre la equidad en las condiciones carcelarias. Estas revelaciones vienen después de escándalos previos como la parranda vallenata en la cárcel y operativos gubernamentales para reforzar el control penitenciario.

Un incendio provocado durante un motín dejó siete reclusos calcinados en el Centro de Detención Transitoria Marte de Buenaventura, apenas un día después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. La tragedia revela las condiciones críticas de hacinamiento y vulnerabilidad en las cárceles temporales, donde la sobreocupación y la falta de infraestructura adecuada generaron un escenario propicio para el desastre. El sismo provocó el colapso parcial de la estructura, lo que exacerbaron una riña entre bandas criminales, que terminó en un incendio mortal. Las autoridades reubicaron a 150 sobrevivientes, pero fuentes alertan sobre los riesgos de fuga y la necesidad de reformas urgentes en el sistema penitenciario colombiano. La tragedia también resalta la interrelación entre desastres naturales y las condiciones precarias de detención temporal, exponiendo una crisis estructural que ha sido declarada inconstitucional.