La empresa informó que el brigadista habría conectado directamente una residencia a la red eléctrica tras intervenir un medidor averiado

La Audiencia Provincial de Madrid juzga a un teniente general de la Guardia Civil y a un contratista por un presunto delito de cohecho relacionado con obras defectuosas en fachadas de varias comandancias, entre ellas Alicante y Castellón, ejecutadas con corcho proyectado.

La Gobernación del Atlántico ha confirmado la multa de $3.768 millones impuesta a la empresa Builder Company S.A.S. por no reanudar la construcción de dos tanques de almacenamiento de agua y una estación de bombeo en el sector del Concorde, en Malambo, área metropolitana de Barranquilla. La obra, que debía reanudarse el 12 de enero de 2026, permanece inconclusa desde esa fecha, lo que ha generado una serie de problemas para los habitantes del barrio El Concorde, quienes han reclamado continuamente la continuidad del servicio de agua. La resolución 021 del 21 de septiembre de 2026, emitida por la Secretaría Jurídica del departamento, negó los recursos de reposición presentados por la empresa y su aseguradora, Berkley International Seguros Colombia S.A. El valor neto de la multa, después de descontar $536 millones que el departamento le debía al contratista por actas de obra, asciende a $3.231.842.798. La aseguradora deberá pagar hasta $2.940 millones, que es el límite de la póliza de cumplimiento, mientras que los $291,5 millones restantes se cobrarán directamente a la empresa. La empresa argumentó que la multa se impuso después de vencido el plazo y que no podía reiniciar mientras persistían problemas financieros y administrativos, pero la Secretaría Jurídica rechazó estos argumentos, señalando que la multa se calculó solo hasta el 19 de mayo y que el atraso en la obra comenzó antes de que venciera la póliza. La alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, celebró la decisión, afirmando que se hizo justicia tras los reclamos de los habitantes del Concorde. La obra, que supera los $16.700 millones en inversión, sigue inconclusa sin que se haya definido quién se encargará de terminarla. La Gobernación del Atlántico ha confirmado que el contrato está incumplido y terminado, y la empresa no ha mostrado una voluntad seria de cumplir con sus obligaciones.

El municipio de Ataco, ubicado en el departamento del Tolima, se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que involucra al actual alcalde, Héctor Fabio Muñoz, al exalcalde Miller Aldana y a un contratista. Según informó la Fiscalía General de la Nación, estas tres personas fueron capturadas por su presunta participación en el desvío de más de 21.550 millones de pesos colombianos, fondos destinados originalmente a atender necesidades básicas de las comunidades más vulnerables de la región. Los recursos en cuestión provienen del Sistema General de Regalías (SGR), y fueron asignados a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión para la Paz (OCAD Paz) tras la inclusión de Ataco en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Esta inclusión se debió a las afectaciones causadas por el conflicto armado en el sur del Tolima, lo que permitió a la administración municipal gestionar los recursos y celebrar contratos entre junio y agosto de 2022. El proyecto en cuestión contemplaba la construcción de 1.170 baterías sanitarias en áreas rurales, una infraestructura esencial para mejorar la calidad de vida de los residentes y resolver una de las principales carencias del territorio. Sin embargo, la obra permanece inconclusa hasta la fecha, y existen indicios de direccionamiento irregular tanto del contrato de obra como de otros dos contratos de interventoría asociados. Las capturas se realizaron en operativos de la Dijín de la Policía Nacional en Ataco y en Florencia, Caquetá. Posteriormente, la Fiscalía anunció que pondrá a disposición de un juez de control de garantías a los tres implicados, con la intención de imputarles los delitos de 'interés indebido en la celebración de contratos', 'falsedad ideológica en documento público agravada' y 'peculado por apropiación agravado'. El peculado por apropiación agravado se refiere a cuando un servidor público se apropia, para beneficio propio o de terceros, de recursos o bienes que le fueron confiados en razón de su cargo, bajo circunstancias que agravan la conducta. En este caso, se investiga si los capturados aprovecharon su posición para desviar fondos públicos destinados a mejorar las condiciones de vida en Ataco. La Fiscalía ha confirmado que los tres individuos serán presentados ante un juez para enfrentar las acusaciones relacionadas con el desvío de recursos públicos. Este caso refleja una grave situación de corrupción en el ámbito local, que afecta directamente a las comunidades más vulnerables de la región, y que requiere una investigación exhaustiva para garantizar la transparencia y el uso adecuado de los fondos destinados a proyectos sociales.

Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario vinculado a los hijos de AMLO y contratista del Tren Maya, fue localizado en Lugano, Suiza. Conoce los detalles.

*La isla de las tentaciones.- 879.000 y 14,1% *En tierra lejana.- 859.000 y 12,7% *MasterChef Celebrity Legends.- 604.000 y 12,6% *En el punto de mira.- 465.000 y 6,5% *El contratista.- 309.000 y 4,4%