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Exigen explicaciones al PP de Andalucía por contratos públicos con una constructora del ‘caso Koldo’

La Comunidad de Madrid sabía desde hace un año que Antonio Carrasco, máximo responsable de contratación de Madrid Digital, hacía doblete con una empresa que asesora sobre contratos públicos. Fue inter...

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, habría utilizado sus vínculos con altos cargos públicos para influir…

Euros campañas y nombres: el mapa clave de la publicidad institucional de Madrid 2021-2024, con Telemadrid y digitales señalados en la lista. Una carpeta digital puede ser más ruidosa que una manifest...

Malinche sobrevive a la quiebra con contratos públicos, otra empresa y una polémica que mezcla cultura, política y dinero público en Madrid.

| ACTUALIDAD El PP de Leganés concede contratos públicos a sus propios cargos Más Madrid Leganés demuestra la existencia de vínculos directos entre la empresa adjudicataria de La Ruta de la Tapa y un ...

Piden bajar impuestos, reclaman menos gasto público y critican el "Estado obeso" en cada foro empresarial. Y sin embargo, las grandes constructoras españolas —ACS, Ferrovial, Sacyr, FCC— sostienen bue...

La jueza ordena a la UCO investigar el supuesto soborno de Alberto González Amador a un alto cargo de Quirón, mientras se destapan vínculos entre sus empresas y contratos públicos millonarios de la sa...

La Empresa General Valenciana del Agua SA (EGEVASA), que abastece a 250.000 vecinos de la provincia de Valencia, se encuentra bajo investigación judicial por presuntos actos de corrupción. Un juez de instrucción en Valencia lleva dos años indagando si esta empresa pública amañó contratos por valor de 51,4 millones de euros para beneficiar a su accionista privado, Global Omnium. La Diputación de Valencia controla el 51% de las acciones, mientras que Global Omnium posee el 49%. La denuncia anónima presentada a la Fiscalía Anticorrupción afirma que los contratos incluyen servicios como limpieza de oficinas, seguros y suministro eléctrico, adjudicados sistemáticamente a empresas vinculadas al grupo privado. Se sospecha de prácticas como licitaciones conjuntas entre EGEVASA y sus socios, lo que violaría normativas españolas sobre contratación pública. Además, se acusa de favorecer a proveedores recurrentes y limitar la competencia, posiblemente mediante prevaricación, cohecho o fraude. El caso podría tener implicaciones significativas en el ámbito de la gestión pública y la transparencia en los sectores clave como el agua.

La fiscalización analiza 37.921 millones sometidos a control posterior: el 93,62% de los informes tuvo salvedades o una opinión desfavorable

Trump ordena retirar bienes canadienses de programas de contratación pública de EEUU en plena escalada comercial con el Gobierno federal de Ottawa.

El artículo analiza la política migratoria estadounidense bajo el mandato de Donald Trump, destacando el incremento en la detención de inmigrantes indocumentados y la construcción masiva de centros de detención gestionados por constructoras privadas. Se menciona que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó diariamente a mil 500 personas en junio de 2026, lo cual se debe al cumplimiento de cuotas impuestas por Stephen Miller. La expansión de estas instalaciones ha generado ganancias millonarias para empresas constructoras, mientras que las condiciones en los centros son críticas. Documentos revelan un negocio oscuro donde el sistema carcelario se convierte en una fuente de beneficio para corporaciones, con la complicidad del gobierno. El New York Times reporta que tras el regreso de Trump a la presidencia, las detenciones aumentaron 75 por ciento y el presupuesto del ICE pasó de 10 billones a 70 billones de dólares en 2026. Organizaciones como Notus señalan que constructoras privadas lobby al Congreso para ampliar la infraestructura, beneficiándose con miles de millones en contratos.

Un reciente comunicado divulgado por Inravisión ha generado atención pública sobre la destinación de COP 7.255 millones en contratos para 'pauta, plan y/o contenido digital', financiados con recursos del Ministerio de Educación y el DAPRE durante la campaña presidencial de 2026. Estos gastos, que coincidieron con periodos clave de la elección (mayo-agosto de 2026), han sido investigados por entes de control estatal debido a dudas sobre su propósito y cumplimiento normativo. El primer convenio con el Ministerio de Educación involucró COP 10.000 millones, donde 6.362 millones se destinaron a servicios digitales, beneficiando a empresas como 3D Mobile SAS (COP 1.364,6 millones) y Prowess SAS (COP 4.998 millones). El segundo convenio con el DAPRE movió COP 892,8 millones para 'plan digital'. La Procuraduría y la Contraloría han sido solicitadas para garantizar transparencia, mientras se analiza si estos gastos cumplían criterios legales y beneficiaron a poblaciones vulnerables. La investigación continúa para verificar si los contratos se ajustaron a sus objetivos y normas vigentes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), liderada por Omar García Harfuch, para continuar con acciones legales contra ex colaboradores de Genaro García Luna. El fallo, respaldado por siete votos contra dos, reconoció que la SSPC tiene legitimación para promover un amparo directo al defender recursos públicos federales afectados por contratos indebidos durante su gestión. Estos contratos, adjudicados entre 2010 y 2011, generaron daños superiores a 5 mil millones de pesos en la construcción de ocho penales en distintas entidades federativas. La decisión revocó una sentencia anterior que negó la legitimación a la SSPC, argumentando que el uso indebido de atribuciones no requiere daño material. Ahora, el caso será revisado nuevamente para determinar si los ex colaboradores deben responder por irregularidades en las contrataciones.

El Ayuntamiento de Móstoles ha sido criticado por su contrato de catering valorado en 880.000 euros, que incluye servicios como sushi y cortadores de jamón ibérico. La oposición denuncia que esta iniciativa refleja un desvío de recursos públicos hacia eventos y colocaciones, en lugar de apoyar el comercio local y generar empleo. Las cuentas municipales registran pérdidas superiores a 250.000 euros y pagos por indemnizaciones por despidos improcedentes que ascienden a un millón de euros. La edil socialista Clara López Antequera califica la gestión como una 'agencia de eventos' y exige un cambio de rumbo, al tiempo que se pregunta si realmente Móstoles necesita una empresa pública para desarrollo económico. El contrato incluye especificaciones detalladas sobre productos alimenticios, lo que ha generado controversia por su costo elevado y falta de justificación clara. Esta situación refleja tensiones entre la administración local y la oposición en torno al uso eficiente de los recursos públicos.

La noticia revela un escándalo de mala gestión en la producción de artillería estadounidense. El ejército financió una planta de $533 millones para fabricar municiones, pero el proyecto terminó sin producir ninguna pieza funcional. General Dynamics, empresa encargada del proyecto, utilizó tecnología importada de Turquía que fallaba constantemente, generando incendios y daños en la maquinaria. Los trabajadores describieron un entorno peligroso con temperaturas extremas y condiciones laborales precarias. A pesar de los errores, la empresa recibió nuevos contratos y no fue sancionada por el gobierno. La investigación destaca cómo la falta de supervisión en proyectos de defensa puede llevar a pérdidas económicas significativas sin responsabilidad alguna. El caso se convierte en un ejemplo de cómo las decisiones apresuradas en la adquisición de tecnología militar pueden tener consecuencias devastadoras.

Gabriela Muñoz, joven vinculada a la Aerocivil, reapareció en redes sociales para revelar que su ausencia reciente fue motivada por amenazas de muerte contra ella y su familia. La controversia sobre contrataciones en la entidad pública escaló tras denuncias de irregularidades, lo que generó debates políticos y pronunciamientos de figuras como el exdirector José Henry Pinto. En un video publicado, Muñoz explicó que las críticas se transformaron en intimidaciones físicas y digitales, incluyendo la exposición de datos personales de su entorno cercano. Afirmó haber denunciado los hechos ante autoridades y reafirmó su compromiso con la democracia, criticando que el debate público no deba convertirse en agresión sistemática. Su declaración resalta la tensión entre participación ciudadana y violencia política en Colombia.

La Procuraduría General de la Nación suspendió temporalmente a Brayan Giraldo, director del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), por presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la gestión de paneles solares. La decisión se tomó tras detectar que una adenda al contrato, valorado en 165 mil millones de pesos, fue presentada fuera del plazo establecido. El documento apareció fechado el 6 de julio, dos días antes de la fecha real de vencimiento del plazo. La investigación se centra en la posible extralimitación de funciones por parte de Giraldo como ordenador del gasto del Fondo. Además, se reveló que el Fenoge solicitó desviar recursos de la transición energética para financiar una marcha política liderada por el Moden, plataforma del exministro Andrés Camacho. El ministro Edwin Palma criticó la decisión como un intento de frenar el programa Colombia Solar, que buscaba instalar techos solares en zonas vulnerables. La Procuraduría no permitió recursos contra la suspensión, lo que refleja una postura firme ante posibles irregularidades en la gestión pública.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) presentó un informe de 251 páginas que concluye que Ecopetrol, junto con sus filiales Ocensa y Cenit, cometió prácticas anticompetitivas al diseñar contratos exclusivos para la aerolínea Helistar entre 2011 y 2023. Estos acuerdos, valorados en más de $400 mil millones, incluyeron requisitos como horas de vuelo y antigüedad de helicópteros que solo cumplía Helistar. El documento evidencia que funcionarios acordaron estas condiciones a través de chats de WhatsApp, manteniendo el blindaje durante 12 años. Aunque la SIC ya formuló cargos en 2024, falta el concepto de un comité de expertos para avanzar con sanciones. La investigación revela vínculos entre Helistar y el gobierno, incluyendo familiares del presidente Petro, lo que genera preocupación por posibles prácticas de corrupción. La resolución debe estar lista antes del 6 de agosto para evitar que las conductas anticompetitivas queden sin sanción.