La Unión Europea ha introducido una normativa que exige la instalación obligatoria de sistemas de monitorización biométrica en todos los vehículos nuevos, incluyendo cámaras de infrarrojos para analizar el comportamiento del conductor. Esta medida, justificada como un medio para reducir accidentes por distracciones o sueño, ha generado críticas por su impacto en la privacidad y el control social. Los sectores civiles y usuarios denuncian que esta tecnología representa una intrusión sin precedentes en la libertad individual dentro de los vehículos, al tiempo que alertan sobre riesgos como la vinculación con sistemas de alcoholímetros o bloqueos remotos del motor. La normativa también eleva el costo de los vehículos nuevos, limitando el acceso a movilidad privada a rentas más altas. Críticos señalan que las estadísticas utilizadas por la UE para justificar la medida sirven como pretexto para un control tecnocrático que restringe la autonomía de los conductores.