El informe de Hacienda da aire al Barça en el caso Negreira, pero deja preguntas sobre pagos, efectivo y una relación demasiado incómoda aún.

El presidente de la Federación Jordana de Fútbol, el príncipe Ali bin al-Hussein, denunció que la FIFA amenazó con bloquear financiación a su federación si no respaldaba la reelección del secretario general Gianni Infantino. En un comunicado publicado en X, Ali destacó problemas estructurales de la organización y mencionó que los jugadores jordanos aún no han recibido el pago por participar en la Copa Árabe 2023. Además, criticó la falta de apoyo institucional durante la Copa del Mundo, donde algunos fans jordanos no obtuvieron visados a pesar de comprar entradas. La FIFA enfrenta presión creciente para abandonar el plan de inversión privada por parte de varios países, incluyendo Reino Unido, Hungría y Serbia, mientras que aliados como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos continúan respaldando a Infantino. El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, calificó el proyecto fallido como 'una serie triste y reprochable', aunque no criticó directamente a Infantino. La situación refleja tensiones internas en la organización, con acusaciones de abuso de poder y falta de transparencia.

Miguel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, ha presentado un burofax a la RFEF exigiendo esclarecer una posible irregularidad relacionada con la entrega de una entrada gratuita para la final del Mundial 2026 al presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca. El denunciante afirma que el valor de la localidad (entre 3.560 y 7.386 euros) supera cualquier noción de cortesía institucional y podría constituir un cohecho pasivo. Galán señala además la relación política entre Llorca y Marisa González, directora de gabinete de la RFEF, como indicio de tráfico de influencias. La asociación exige que se aporte documentación sobre el criterio de selección para las invitaciones y si la Federación sufragó parcial o totalmente el costo de la entrada. El caso podría derivar en acciones penales tras un plazo de cinco días para obtener respuestas institucionales.