El artículo revela cómo ciertas empresas inmobiliarias, como Hice S.L. (propiedad de Juan Luis del Pozo), están aprovechando la crisis de vivienda en Madrid mediante prácticas ilegales. Estas compañías alquilan habitaciones a precios elevados y permiten convivencias descontroladas con migrantes, lo que genera condiciones insalubres y conflictos entre inquilinos. En 2023, un conflicto legal derivó en la devolución de 25.000 euros a los afectados tras la negativa del casero a respetar el límite de subidas anuales del alquiler (2%). La empresa obtuvo beneficios millonarios, facturando más de un millón y medio de euros en 2025 con solo dos empleados. Los inquilinos denuncian descontrol de basuras, falta de respeto entre vecinos y subidas abusivas de precios. Madrid Compartido, una marca de la empresa, anuncia alquileres por habitaciones como forma de 'evadir' leyes de protección a los arrendatarios, lo que ha sido denunciado por Facua como ilegal.