¿Involucrado en un delito de sangre? Abogados de homicidios, asesinatos y delitos graves en Tenerife. Tribunal del jurado y litigación penal.

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Feijóo propone retirar la nacionalidad adquirida por ciertos delitos graves, una reforma condicionada por la Constitución, la apatridia y la UE.

El programa de testigos protegidos de Estados Unidos, oficialmente conocido como WITSEC (Programa de Seguridad para Testigos), es un mecanismo federal que brinda protección a personas cuya vida o seguridad está en riesgo por colaborar con las autoridades. Administado por el Servicio de Alguaciles y supervisado por la Oficina de Operaciones de Cumplimiento del Departamento de Justicia, este programa permite a testigos y víctimas de delitos recibir asistencia legal, reubicación, nuevas identidades y apoyo para iniciar una vida nueva. La protección puede iniciarse durante investigaciones y prolongarse después de juicios, especialmente en casos de alto riesgo. Ejemplos históricos incluyen a figuras como Ovidio Guzmán López, Jesús Vicente Zambada y Édgar Valdez Villarreal, quienes colaboraron con las autoridades estadounidenses bajo acuerdos que implicaron beneficios migratorios o reducciones de penas. El programa también ha sido utilizado para proteger a delincuentes que tienen información clave sobre crímenes organizados, terrorismo y pandillas violentas.

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Los letrados consideran que el Colegio de Abogados de Las Palmas pudo incurrir en una infracción al ordenamiento jurídico al permitir ejercer a Alba mientras cumple condena por delitos graves

Moreno Valle Rosas espió y eso es un delito graveEntre los delitos que cometió el morenovallismo, con absoluta impunidad, consentimiento y colusión de las entonces autoridades federales, a pesar de que resultaron muy directamente afectadas, está el espionaje que se perpetró desde Puebla, entre 2011 y 2018, que ha sido abundantemente documentado y reconocido ya por el Estado Mexicano. El 9 de octubre de 2022, el entonces vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas -uno de los funcionarios mejor informados de la anterior administración-, aseguró que el finado exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas compró y utilizó contra sus opositores el software espía Pegasus, que también había adquirido y también de manera secreta, el gobierno del entonces mandatario Enrique Peña Nieto. “Ningún medio de comunicación, ninguna agencia internacional o diarios como ‘El País’, que ha hecho eco de estas denuncias, ‘The New York Times’, ‘The Washington Post’, ni ‘The Financial Times’ o las agencias internacionales, han preguntado ¿quién tiene Pegasus en México? “¿Sabían que hay particulares que tienen Pegasus, sabían que la empresa le vendió al exgobernador Moreno Valle la licencia para vigilar a opositores de izquierda?”, fue la revelación, con sabor a reproche, que hizo Ramírez Cuevas, al participar en la mesa de análisis “Medios y fake news”, que se celebró entonces en el marco de la XXII Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Moreno Valle Rosas espió y eso es un delito grave. Utilizó –se sabe hoy- dinero del erario para ese fin, pero no lo hizo solo, por supuesto, y aunque él falleció el 24 de diciembre de 2018, hay muchos de sus cómplices que están a la vista y se sabe bien de quiénes se trata. Sus víctimas fueron conocidas, en la mayoría de los casos, de manera pública, pues se dieron a conocer grabaciones de conversaciones privadas, de temas profesionales, políticos y personales. Aquellas que no fueron publicadas, seguramente tuvieron “utilidades” más perversas de Moreno Valle Rosas y su grupo que, ahora se sabe, operó como delincuencia organizada. Ha trascendido en publicaciones y materiales periodísticos que incluso el entonces presidente Peña Nieto fue víctima de su espionaje, de acuerdo con la denuncia pública que el Grupo Parlamentario de Morena hizo en una conferencia en el Senado de la República, el 29 de agosto de 2017, cuando el poblano aún vivía. Este tema es colateral de otro que cobró relevancia este fin de semana: los socios de la empresa Israelí que es responsable de Pegasus señalaron al expresidente, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por recibir 25 millones de dólares, para que permitiera la operación del software de espionaje durante su sexenio. De acuerdo con el reportaje que fue publicado en el diario “The Marker”, los empresarios Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah pagaron ese soborno para asegurar la venta e implementación del sistema Pegasus en instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría (hoy Fiscalía) General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el órgano de espionaje del antiguo régimen. En su cuenta de X (@EPN), el expresidente rechazó esa acusación, pero sin abundar: “lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quienes, se hace tal publicación”. El tema del espionaje de Rafael Moreno Valle Rosas lo han venido reconociendo incluso sus cercanos y quienes participaron en su gobierno. Es ahora cuando cobran mucha más fuerza las preguntas que, desde 2022, dejó en el aire Jesús Ramírez Cuevas y hay que agregar otras: ¿Quién se coludió para que Rafael Moreno Valle Rosas pudiera delinquir, en este y otros casos, tan impunemente? ¿Dónde quedaron los aparatos, el software, y el personal que operó el espionaje en Puebla? Si el Estado Mexicano lo sabe ahora, ¿hay posibilidad de que esa información se haga pública y se conozca? ¿Pueden las víctimas de Rafael Moreno Valle Rosas pedir reparación del daño y que sean enjuiciados sus cómplices? Son muchísimas preguntas. No hay aún respuestas. * los juegos

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