El despido de una cajera de Leroy Merlin acaba anulado: fue engañada durante un robo de 550 euros y tenía reducción de jornada por guarda legal.

Una trabajadora reclamó por escrito y terminó despedida. La justicia anuló el despido y ordenó readmisión, salarios y 15.000 euros por daños.

La noticia analiza un caso judicial donde una trabajadora fue despedida tras reclamar por escrito sobre situaciones injustas en su empresa. La sentencia del Tribunal Supremo declaró nulo el despido, al considerar que la decisión empresarial se basaba en represalias por su actuación reivindicativa. La empresa intentó justificar el despido con causas como indisciplina y disminución de rendimiento, pero el juez determinó que la verdadera motivación fue castigarla por denunciar irregularidades laborales. El caso resalta la importancia de documentar reclamaciones escritas para evitar despidos ilegales y garantizar derechos laborales. La trabajadora logró readmisión con indemnización de 15.000€ y salarios durante el proceso judicial, lo que subraya cómo los trabajadores pueden defenderse mediante la formalización de sus denuncias. Este ejemplo refleja prácticas comunes en empresas para despedir empleados, especialmente cuando se les niega el derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia también pone de manifiesto que las empresas deben seguir protocolos legales al tomar decisiones laborales, evitando represalias contra quienes denuncian irregularidades.

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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo el despido de una trabajadora de limpieza de un hospital, que había acumulado 95 contratos temporales entre 2017 y 2024. La sentencia destaca que la empresa utilizó de manera abusiva contratos de interinidad y de obra o servicio para cubrir necesidades permanentes, vulnerando la normativa española. La trabajadora reclamó que se reconociera su antigüedad, y poco después fue despedida mediante un SMS, lo que el tribunal consideró una represalia directa. Además de ordenar su reincorporación inmediata, la sentencia establece el pago de los salarios dejados de percibir, a razón de 2.087,78 euros mensuales, y una indemnización de 7.501 euros por daños morales. El fallo subraya que este comportamiento forma parte de un patrón contractual fraudulento, destacando que el despido se produjo en un contexto de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. La resolución sienta un precedente sobre el uso abusivo de contratos temporales en puestos de carácter permanente y refuerza la protección de los derechos laborales frente a despidos represivos.