El llamado 'Empalme Anticorrupción' del gobierno electo liderado por Abelardo de la Espriella presentó cuatro denuncias contra el gobierno saliente de Gustavo Petro, acusándolo de irregularidades en procesos contractuales y administrativos. Las denuncias incluyen un proceso de selección de proveedores de ciberseguridad valorado en 300.000 millones de pesos, un convenio del ICBF con una entidad hospitalaria en el Chocó que presentó fallas en la cobertura infantil, y una presunta reforma estatutaria en Electrohuila que favorecería a su gerente actual. El equipo del empalme aseguró que las irregularidades afectaron a niños, mujeres gestantes y generaron pérdidas económicas significativas. La Procuraduría y la Contraloría fueron notificadas sobre los casos, y el gobierno electo reiteró que el empalme es una acción concreta y documentada. La denuncia surge en un contexto de tensiones entre el gobierno anterior y el nuevo mandatario, con acusaciones de desvío de recursos públicos y falta de transparencia en contratos estatales.