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Raquel Buenrostro propone una nueva ley para congelar el dinero que manejan las empresas fantasma y terminar con estas operaciones delicitivas.

El SAT reveló que 184 empresas simularon operaciones en México hasta julio 2025. Solo cuatro desvirtúan acusaciones; medidas fiscales y legales se mantienen firmes.

El diputado Antonio Attolini Murra hizo públicas una serie de acusaciones en las que señala la existencia de una posible red de empresas fantasma presuntamente vinculadas a José ‘Pepe’ Ganem, que habrían sido utilizadas para desviar recursos del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS). De acuerdo con lo expuesto por el legislador en sus redes sociales, existiría documentación que respalda la existencia de contratos otorgados a dichas empresas, los cuales habrían facilitado la extracción de aproximadamente 35 millones de pesos durante el año pasado. Attolini sostiene que estas empresas habrían sido utilizadas para obtener contratos con el organismo operador de agua, lo que habría permitido la salida de recursos públicos mediante operaciones que considera irregulares. El diputado afirma que la información difundida incluye contratos y documentos que supuestamente evidencian estas transacciones. Sin embargo, hasta el momento, las acusaciones se mantienen en el ámbito de señalamientos públicos y no han sido confirmadas por una autoridad judicial. Tampoco se ha emitido una resolución oficial por parte de las instancias competentes que investigan el manejo de los recursos del SIMAS. El caso ha generado atención en el ámbito político local, donde se espera que tanto las autoridades como los señalados emitan respuestas oficiales. Asimismo, se prevé que los organismos de fiscalización puedan iniciar o continuar investigaciones para esclarecer el uso de los recursos públicos y determinar si existieron o no irregularidades en la asignación de contratos.

Una investigación periodística publicada por La Silla Vacía describe una supuesta red de empresas que ha generado controversia en el entorno político colombiano, en medio del contexto electoral de 2026. El reportaje señala a Vanessa Cortés Carmona, mencionada como presunta pareja del presidente Gustavo Petro, y la vincula con la firma Kayros Advice SAS, creada poco después de la posesión del mandatario en 2022. Según el informe, esta empresa de asesorías habría registrado un crecimiento acelerado de activos e ingresos en pocos años, pasando de un capital inicial significativo a movimientos financieros superiores a los 600 millones de pesos, sin contar con presencia pública visible como página web o redes sociales. El texto también menciona a Gracia ERP, una empresa de software contable que, de acuerdo con la investigación, habría compartido direcciones físicas con Kayros Advice en distintos puntos de Bogotá. Además, se plantea que esta firma habría registrado ingresos elevados en 2024 y que uno de sus antiguos socios, un viceministro del Interior, habría vendido su participación antes del aumento de valor de la compañía. Otro elemento destacado es la compra de propiedades de alto valor en la zona de La Calera, asociadas a estas sociedades, lo que ha levantado preguntas sobre el origen de los recursos. La investigación sugiere posibles cruces entre actores empresariales, funcionarios públicos y contratistas, aunque no establece conclusiones judiciales definitivas. En ese sentido, el caso se mantiene en el terreno de las indagaciones periodísticas y el debate público, a la espera de eventuales verificaciones por parte de autoridades competentes.