Tomás Zerón De Lucio, exjefe de la Unidad de Investigación Criminal (AIC) en México, huyó a Israel en 2019 para escapar del arresto por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Su fuga fue posibilitada por redes de empresas israelíes especializadas en ciberseguridad y espionaje, como Rayzone y NSO Group, que facilitaron su protección mediante acuerdos políticos y contratos gubernamentales. Zerón, vinculado a operaciones de vigilancia masiva y manipulación informativa, recibió apoyo de figuras como David Avital (dueño de IDR) y Uri Emmanuel Ansbacher (representante de NSO en México). Su caso revela cómo la industria israelí de ciberespionaje se entrelaza con actores políticos para ocultar delitos, como el uso de Pegasus para vigilar activistas y periodistas. La red también incluye grupos como Team Jorge, que manipula elecciones a través de desinformación digital. Este escenario expone la complicidad entre poderes estatales y empresas privadas en la construcción de un sistema de control global.

Organizaciones ya lograron probar que quien operó Pegasus fue el Centro Militar de Inteligencia, institución de espionaje cuya existencia ha sido negada por el Ejército