NODAL - Noticias de América Latina y el Caribe

Tras los rechazos a los vetos y la ratificación de los proyectos originales, el Gobierno suspendió la aplicación hasta que el Congreso asigne fondos específicos en el presupuesto nacional, tal como su...

En el debut de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, el oficialismo consiguió aprobar en general el proyecto de presupuesto 2026, pero sufrió una derrota significativa: la oposición ...

Las universidades públicas argentinas llevan sus clases a la calle y reclaman salarios, más presupuesto y la aplicación plena de la Ley 27.795.

La Asamblea Docente de COAD aprobó resoluciones que exigen al gobierno de Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, incluyendo la recomposición salarial adeudada y retroactivos. Los docentes sostienen un paro por tiempo indeterminado hasta que se cumpla la ley, que les debe más del 31% de su salario. Las medidas incluyen paros, ocupaciones gremiales, clases públicas y movilizaciones para visibilizar el incumplimiento gubernamental. Se convocan asambleas por facultad y reuniones de delegados para fortalecer la organización y coordinar acciones con otras asociaciones de base. La decisión refleja una escalada del conflicto laboral en el ámbito educativo, con el objetivo de presionar políticamente al gobierno para que respete la ley y cumpla con las obligaciones salariales. La marcha federal y la convocatoria a la Marcha de la Bronca son parte de las estrategias para ampliar la presión social y exigir el cumplimiento de la cautelar judicial.

La comunidad universitaria argentina se moviliza este miércoles frente a la Secretaría de Educación para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, incumplida durante 300 días. El reclamo forma parte del plan de lucha del movimiento universitario contra el desfinanciamento institucional y las condiciones precarias de trabajo y estudio. Representantes de gremios docentes y estudiantes exigen una recomposición presupuestaria para las universidades nacionales, un tema que se debate en el marco de la crisis política generada por el veto del presidente Javier Milei a la ley sancionada por el Congreso. La protesta incluye a más de mil académicos y científicos que alertan sobre los riesgos de políticas públicas que afectan la educación superior. El secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, destacó que defender la universidad pública es un acto de soberanía nacional y un compromiso con el futuro del país. La movilización se enmarca en una continuidad de acciones desde el inicio del segundo cuatrimestre, con el objetivo de visibilizar las demandas del sector educativo frente a un gobierno que rechaza medidas como el paro universitario nacional.

Las universidades argentinas iniciaron un nuevo paro nacional de 24 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza, dispuesta por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, implica la suspensión de clases presenciales y virtuales en la mayoría de las facultades. Los gremios exigen una recomposición salarial del 28% y la actualización de fondos para becas y hospitales universitarios. La secretaria general del gremio, Laura Carboni, criticó la falta de cumplimiento del gobierno con la deuda salarial acumulada. El Ministerio de Capital Humano respondió con críticas al paro, calificándolo como ilegítimo y motivado por intereses políticos, mientras afirma que cumple con las obligaciones acordadas en la paritaria salarial. El conflicto refleja tensiones entre el sector académico y el Estado por la falta de recursos y la necesidad de mejoras en el sistema educativo público. La medida afecta a docentes y personal no docente, con jornadas de visibilización en distintas provincias. El paro se enmarca en un contexto de crisis financiera en la educación superior y demandas por mayores inversiones en infraestructura y salarios.

Docentes y no docentes argentinos iniciarán un paro general universitario el miércoles 12 de agosto, bajo la consigna 'En defensa de la universidad pública'. El conflicto surge tras tres frentes de reclamo: la Ley de Financiamiento Universitario aprobada pero no implementada, una medida cautelar de la Corte Suprema que obliga al Estado a recomponer salarios con base en valores del 2023 y fondos no asignados para hospitales universitarios. La Asociación Docente de la UBA acusó al gobierno de actuar con 'indiferencia'. El Ministerio de Capital Humano cuestionó la medida como prematura, afirmando que ya se recompuso más del 20% de lo adeudado. Los gremios sostienen que los números son insuficientes y que el conflicto, sin solución desde hace un año, continúa afectando las actividades académicas y hospitalarias. El paro forma parte de una serie de protestas en defensa de la universidad pública, con el objetivo de reabrir instituciones educativas y sanitarias lo antes posible.

NODAL - Noticias de América Latina y el Caribe

#FinanciamientoUniversitario🔵Frente a la decisión del poder ejecutivo de demorar la promulgación y ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario:PLAN DE LUCHA:📍Martes 21/10. Jornada Nacional de protesta y visibilización.📍Miércoles 22/10. Paro Nacional Universitario.#SomosLaUniversidadPublicaView all comments

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar un planteo del Poder Ejecutivo que buscaba apartar a jueces y ministros del tribunal en la causa vinculada al financiamiento de las universidades públicas. El conflicto se origina en una acción judicial impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rectores de distintas universidades, quienes reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición del salario docente. El Gobierno había intentado recusar a un juez de primera instancia y a un camarista, argumentando que tenían vínculos con universidades públicas en las que ejercen la docencia, lo que —según el Ejecutivo— podía afectar su imparcialidad. Incluso solicitó que los propios integrantes de la Corte se excusaran de intervenir por razones similares. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó todos esos planteos al considerar que no se acreditó ninguna causal válida de excusación ni un interés personal directo en el caso. En su fallo, la Corte sostuvo que la actividad docente en universidades públicas no implica necesariamente un conflicto de interés y recordó que los mecanismos de recusación y excusación deben aplicarse de forma excepcional y restrictiva para no afectar el principio del juez natural. También indicó que el pedido para que los ministros del tribunal se apartaran era inadmisible, ya que esa facultad no corresponde a las partes del proceso. De esta manera, la causa continuará su curso con los mismos magistrados inicialmente designados, manteniéndose el debate judicial sobre la aplicación del decreto 759/2025 y la obligación del Estado de garantizar los fondos establecidos por la ley universitaria.

Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.