El exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, fue condenado por autorizar la expedición de dos diplomas académicos falsos a Juliana Guerrero, quien iba a ser designada como viceministra de Juventudes en el Gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación reveló que los títulos emitidos para Guerrero, profesionales en Contaduría Pública y tecnólogos en Gestión Contable y Tributaria, eran falsos y no cumplían con requisitos académicos esenciales como exámenes obligatorios. La sentencia incluye la violación de normas del Ministerio de Educación, lo que generó un escándalo en el ámbito educativo y político. El caso resalta la importancia de la verificación de credenciales académicas, especialmente en cargos públicos. Gutiérrez fue acusado de falsificar documentos y omitir pruebas necesarias para validar su formación, lo que refleja una irregularidad grave en el sistema educativo colombiano.

Durante la aplicación del Examen de Control en el Palacio de los Deportes, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) identificó 22 casos de trampa cometidos por aspirantes. El rector Leonardo Lomelí informó que entre las acciones detectadas se incluyen alteraciones de datos en comprobantes, uso de celulares en baños y intentos de llevarse preguntas. Aunque el número de incidentes es bajo respecto al total de 34 mil participantes, la institución destaca que estas prácticas no son nuevas, ya que en años anteriores se han reportado casos similares como el uso de cámaras ocultas. Lomelí también mencionó que la UNAM espera finalizar la jornada de examen con 37 mil asistentes en total, sumando las sedes participantes. Además, el rector respondió a comentarios sobre el presupuesto institucional y anunció posibles ajustes para la aplicación futura del examen.

La noticia aborda el caso de las hermanas Guerrero, cuyos diplomas universitarios fueron encontrados fraudulentos por la Fiscalía. Juliana Andrea Guerrero Jiménez, quien intentó acceder al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, fue acusada de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. El caso revela la corrupción en el gobierno de Gustavo Petro, quien defiende a las hermanas a pesar de las evidencias. El presidente justifica la situación con discursos sobre la lucha de clases, minimizando el impacto de los delitos. El escándalo forma parte de una serie de investigaciones que involucran a funcionarios y familiares del mandatario. La Fiscalía ha anunciado que investigará otros delitos relacionados con las hermanas, lo que refleja la crisis de confianza en el gobierno. Este caso resalta las fallas en el sistema político y la falta de transparencia en la gestión pública.

Detectores baratos llegan a Selectividad para localizar pinganillos, móviles y cámaras ocultas en plena guerra contra el fraude en las aulas.

Sanidad anuló el MIR de un opositor cazado con gafas de IA y smartwatch en Santiago. El caso reabre el debate del MIR y sus controles reales. El caso ya no se mueve en el terreno del rumor ni de la so...

Durante la celebración de las pruebas de Selectividad en varias universidades españolas, se están incorporando nuevas herramientas tecnológicas destinadas a detectar posibles intentos de fraude por parte del alumnado. Según información difundida por distintas instituciones académicas, el avance de dispositivos electrónicos cada vez más pequeños y discretos ha obligado a reforzar los sistemas de vigilancia más allá de la supervisión visual tradicional. Entre los métodos más utilizados por quienes intentan copiar destacan los pinganillos ocultos en el oído, bolígrafos modificados, collares camuflados o cámaras integradas en prendas y accesorios, todos ellos conectados mediante Bluetooth a teléfonos móviles u otros dispositivos externos. Para combatir estas prácticas, varias universidades y comunidades autónomas han comenzado a utilizar detectores de radiofrecuencia y campos electromagnéticos, capaces de identificar emisiones entre 1 MHz y 8 GHz. Estos aparatos pueden localizar señales de WiFi, Bluetooth y redes móviles 4G o 5G, emitiendo alertas sonoras cuando detectan actividad sospechosa en el aula. Además, algunos modelos también son capaces de detectar campos magnéticos o incluso reflejos asociados a cámaras ocultas. Las universidades recuerdan que está prohibido introducir cualquier dispositivo electrónico en los exámenes, incluyendo móviles y relojes inteligentes, que deben permanecer apagados y guardados. Aunque el uso de inhibidores de señal está prohibido por su ilegalidad, se han implementado barridos electrónicos preventivos en hasta 12 comunidades autónomas. Estas medidas buscan garantizar la igualdad de condiciones entre estudiantes y preservar la integridad del sistema de evaluación en un contexto de creciente sofisticación tecnológica en los métodos de copia.

La Universidad de Princeton ha decidido modificar uno de los pilares históricos de su sistema académico: el tradicional código de honor que, desde 1893, permitía a los estudiantes examinarse sin supervisión directa. A partir del 1 de julio, los exámenes presenciales volverán a contar con vigilancia por parte del profesorado, una medida motivada principalmente por el aumento del uso de herramientas de inteligencia artificial para hacer trampas. Durante más de un siglo, el modelo se basó en la confianza mutua entre estudiantes, quienes se comprometían a no copiar ni permitir que otros lo hicieran. Sin embargo, este sistema ha mostrado signos de desgaste en los últimos años. Según datos de encuestas internas, cerca del 30% de los estudiantes reconoció haber hecho trampas en algún momento, mientras que casi la mitad admitió haber presenciado infracciones sin denunciarlas. El auge de la inteligencia artificial ha agravado esta situación, ya que permite acceder a respuestas de forma discreta mediante dispositivos electrónicos, dificultando la detección por parte de otros alumnos. La universidad considera que este cambio no elimina el código de honor, sino que lo refuerza mediante la presencia de testigos que puedan documentar posibles irregularidades. Los profesores actuarán como observadores durante los exámenes, sin intervenir directamente salvo en casos necesarios. La institución reconoce que la medida no erradicará completamente el fraude, pero confía en que tenga un efecto disuasorio y reduzca la presión sobre los estudiantes para vigilarse entre ellos. Se trata del cambio más significativo en la política de integridad académica de Princeton en más de un siglo.

Una investigación ha revelado una preocupante tendencia en el mundo de las publicaciones científicas. Un grupo de empresas fantasma,...