La Fiscalía del Tribunal Supremo ha planteado la posibilidad de aplazar la revisión del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) relacionada con la conocida como 'ley de nietos', ante la proximidad de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre de 2026. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal continuará deliberando durante el fin de semana sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión cautelar de determinadas inscripciones electorales vinculadas a la aplicación de una instrucción del Ministerio de Justicia en desarrollo de la Ley de Memoria Democrática. La medida cautelar se adoptó en el marco de una demanda presentada por Vox, Iustitia Europa y Hazte Oír. El procedimiento pretende evitar que se produzcan efectos electorales derivados de inscripciones cuya legalidad cuestionan los demandantes. Sin embargo, el Supremo había precisado que la suspensión no debía afectar a quienes pudieran acreditar que eran descendientes de represaliados por el franquismo. La dificultad reside en identificar qué personas inscritas obtuvieron la nacionalidad por esta vía y cuáles cumplen las condiciones señaladas por el tribunal. La Fiscalía considera que la convocatoria electoral ha cambiado las circunstancias que deben tenerse en cuenta para decidir sobre las medidas cautelares. Por ello, propone valorar que las revisiones no se realicen durante el actual proceso electoral y defiende que las personas afectadas tengan la oportunidad de comparecer para proteger sus intereses. La Abogacía del Estado también advierte de las dificultades prácticas y jurídicas de ejecutar la suspensión en este momento. El censo utilizado para las elecciones quedó cerrado el 1 de agosto de 2026 y debe estar disponible el 12 de octubre para su consulta durante ocho días en ayuntamientos y consulados. Además, resulta materialmente imposible identificar a tiempo cuáles de los más de 163.000 nuevos electores incluidos en el censo proceden de la 'ley de nietos' y escuchar a todos los afectados. Por otra parte, Iustitia Europa ha solicitado la suspensión cautelar de las elecciones generales durante el tiempo imprescindible para garantizar la ejecución de la resolución judicial del 10 de septiembre. El partido sostiene que la convocatoria del 29-N constituye una circunstancia sobrevenida que justifica revisar las medidas adoptadas. La decisión del Supremo deberá conciliar la ejecución de sus resoluciones con la seguridad jurídica, el calendario electoral y los derechos de participación política de los ciudadanos afectados.

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