La región de Castilla-La Mancha está investigando al alcalde de Vox, Rubén Marchamalo, como presunto responsable del incendio forestal que afectó la zona de La Mierla. El caso se enmarca en un contexto de controversia sobre las medidas gubernamentales para prevenir riesgos ambientales. Según el Índice de Propagación Potencial (IPP), el fuego se originó cuando el índice marcaba un peligro muy alto, lo que permitía la cosecha con protocolos de seguridad. Sin embargo, organizaciones agrícolas como ASAJA criticaron las limitaciones del gobierno regional en julio, argumentando que el retraso en la gestión del rastrojo (restos vegetales) facilitó la propagación del fuego. La subdelegada del Gobierno español en Guadalajara, Susana Cabellos, destacó la coordinación entre administraciones para contener el incendio y buscar responsables. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, defendió que el IPP no es un capricho, sino una herramienta para proteger bosques y agricultores. El caso refleja la tensión entre políticas ambientales y actividades económicas, con críticas a la falta de acción preventiva frente al cambio climático.