Pacientes de oncología del hospital madrileño señalan al Gobierno de Ayuso por la situación: "¿Dónde está la dignidad?"

El encargado por la mandataria madrileña para dar explicaciones sobre la operación asegura que "nunca se adquiere para ser la residencia oficial de la presidenta"

Un documento interno del Gobierno de Ayuso constata que la sanidad pública pierde millones todos los años por no facturar a los hospitales concertados muchos de los tratamientos que asume de sus pacie...

Después de que la mayoría de querellas haya caído en saco roto, una demanda colectiva contra altos cargos de la Comunidad de Madrid por discriminación ha logrado que se inicie una investigación en la ...

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha retomado la agenda política en 'La casita', una residencia de 2.000 metros cuadrados ubicada en Manzanares el Real, utilizada como espacio de trabajo y reuniones gubernamentales. Este lugar, oficialmente conocido como Residencia de Santillana, forma parte del patrimonio inmobiliario del Canal de Isabel II y está cercano al embalse de Santillana. La vivienda cuenta con amplio jardín, siete habitaciones, porches y baños, siendo un espacio clave para la preparación de los presupuestos históricos de 2027. Aunque se le atribuyen usos privados en el pasado, como fiestas disfrazadas de reuniones laborales, su función actual es prioritariamente política y administrativa. La residencia ha sido utilizada por diferentes gobiernos regionales y ha acogido a personalidades internacionales, aunque no hay registros oficiales del número exacto de visitantes. El mantenimiento anual se estima en 178.003 euros, lo que refleja su importancia como espacio institucional.

La Comunidad de Madrid enfrenta su peor incendio histórico, con más de 6.000 hectáreas afectadas y cientos de viviendas destruidas. La situación ha generado fuertes críticas hacia el gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso, acusado de recortes presupuestarios que han debilitado la capacidad de respuesta contra los incendios. Partidos como el PSOE y Más Madrid denuncian que años de reducciones en el gasto público han impactado directamente en la formación y dotación de bomberos forestales, exacerbando el daño causado por la tormenta perfecta de altas temperaturas y vientos fuertes. La presidenta regional ha reconocido el desastre como 'el peor de su historia' y anunció planes de recuperación, pero los afectados continúan sin solución inmediata. El incidente ha puesto en evidencia las tensiones entre la gestión gubernamental y las comunidades vulnerables, con más de 20.000 personas desplazadas y una crisis que abarca tanto aspectos ambientales como sociales.