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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un proyecto para privatizar 6.000 kilómetros de rutas nacionales bajo un esquema de inversión exenta de impuestos nacional, provincial y municipal. La iniciativa busca incentivar la inversión privada en infraestructura vial, aunque enfrenta críticas por el estado actual de las rutas y la retención de recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Un informe reveló que el gobierno no ha destinado el 28,5% de lo recaudado por este impuesto al mantenimiento de la red vial, equivalente al cuidado de 9.148 kilómetros de carreteras. El anuncio surge tras la adjudicación de casi 9.000 km de rutas a empresas mediante contratos de 20 años, lo que generó debate sobre la eficiencia del mantenimiento público versus privado. Caputo criticó a la administración anterior por la situación de las rutas, mientras que organizaciones denuncian desvíos millonarios en el financiamiento de infraestructura.

El peronismo intensifica la presión sobre el Ejecutivo por el mal estado de las rutas nacionales, amenazando con reflotar el proyecto para coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Durante una reunión en la comisión de Obras Públicas, intendentes y funcionarios provinciales reclamaron por la falta de inversión en infraestructura vial. El ministro de Infraestructura de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó que el fondo del ICL debería administrarse por gobernadores y municipios para garantizar su destino. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso pero solo destinó la cuarta parte a obras viales, manteniendo más de $1 billón en inversiones financieras. La diputada Victoria Tolosa Paz denunció malversación de fondos y presentó un amparo colectivo contra el ministro Luis Caputo. El debate se centra en la necesidad de transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos para mejorar la red vial nacional.

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Los gobernadores de las provincias de La Pampa, San Luis y San Juan (Región Centro) se reunieron para rechazar el sistema de retenciones agropecuarias y exigir al gobierno nacional asumir la responsabilidad de mantener la infraestructura vial. En un comunicado conjunto, destacaron que la Región Centro es el motor productivo de Argentina y que las tres provincias pueden impulsar transformaciones si trabajan en coordinación. Frigerio, Llaryora y Pullaro criticaron las retenciones como una barrera para el bienestar de la población, exigiendo un cronograma concreto de reducción hasta su eliminación. También reclamaron un lugar en la mesa de decisiones sobre la hidrovía y un esfuerzo conjunto ante el cambio climático y el fenómeno El Niño. En la cumbre, firmaron la constitución de la Casa de la Región Centro, ubicada en el ex-Banco de Córdoba, para coordinar políticas públicas y proyectos como el corredor de biomovilidad. Los mandatarios destacaron la importancia de mantener controles sanitarios en el comercio exterior y rechazaron el ingreso irrestricto de mercaderías sin fiscalización. La reunión se enmarca en un contexto donde las finanzas provinciales, la infraestructura y el federalismo económico son temas centrales del debate político nacional.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México realizó un recorrido para supervisar la construcción del Puente Superior Vehicular Periféric...

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) arrancó oficialmente la ampliación de la carretera federal 57 en San Juan del Río. Los trabajos abarcan del kilómetro 148 al 158, en sentido hacia la Ciudad de México, y buscan mejorar la movilidad de más de 20 mil usuarios diarios.

Se estima que más de 6.5 millones de personas se verán favorecidas con estas infraestructuras

Los baches en Puebla dañan vehículos y elevan contaminación. Expertos exigen estrategia integral para infraestructura vial

Se realizarán trabajos de mantenimiento en calle Anáhuac y pavimentación en calle Palmas

La intendenta Agustina García enfrenta fuertes críticas de vecinos y oposición tras su respuesta al pedido de informes sobre el estado de los servicios públicos en Intendente Alvear. A pesar de afirmar que los servicios se prestan con normalidad, las quejas por irregularidades en recolección de residuos, mantenimiento y obras públicas son constantes. La comunidad destaca un deterioro alarmante en calles principales, con pozos que actúan como reductores de velocidad y construcciones vialas deficientes que violan normativas. El Ejecutivo Municipal prioriza la construcción de lomos de burro en lugar de reparar arterias dañadas, usando materiales inadecuados que no resisten el clima. La situación genera indignación por la división de prioridades: mientras se embellece el centro, los barrios periféricos son abandonados. Vecinos exigen acciones concretas y presionan para suspender pagos de tasas municipales hasta que se normalice la gestión. La crítica apunta a una falta de criterio en la administración local y un distanciamiento entre autoridades y comunidad.

Bautizada como la “autopista del infierno”, la D915 representa un verdadero desafío, con más de 100 kilómetros de riesgos constantes para los conductores. Este artículo La ruta más peligrosa del mundo: Curvas, temperaturas extremas y al borde del abismo…