La provincia de Catamarca anunció la eliminación del Impuesto a los Ingresos Brutos para las actividades fabriles, una medida histórica que busca reducir la presión tributaria sobre el sector manufacturero. El gobernador Raúl Jalil confirmó la decisión durante una reunión con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), destacando que se trata de la primera provincia en adoptar una medida de este tipo. Actualmente, algunas jurisdicciones como San Luis, La Rioja, San Juan, Córdoba y Neuquén ya eximen de este impuesto a ciertas empresas bajo leyes de promoción, pero Catamarca se posiciona como pionera al eliminar el tributo para toda la industria. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) ha propuesto una iniciativa similar para pequeñas y medianas empresas que facturen hasta $3.200 millones anuales, aunque el gobierno de Axel Kicillof ha rechazado avanzar en esta dirección. La medida de Catamarca representa una pérdida de recaudación equivalente al 1,4% de la recaudación provincial, según estimaciones de la UIPBA. El debate fiscal se intensifica con propuestas como la del diputado Guillermo Michel, quien sugiere reemplazar el Impuesto a los Ingresos Brutos por un IVA Dual, un sistema utilizado en países como Brasil, Canadá e India. Este enfoque busca simplificar el sistema tributario y reducir los efectos distorsivos que genera el impuesto actual, que se acumula en todas las etapas de la cadena productiva. A nivel nacional, los empresarios han expresado decepción tras una reunión con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, donde se presentó un documento de 38 puntos con demandas para reducir la presión tributaria y terminar con los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La situación refleja una tensión creciente entre el gobierno nacional y las provincias, así como entre el sector industrial y las autoridades fiscales, con el objetivo de crear un entorno más favorable para la actividad económica y la competitividad.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires actualizó los topes de facturación que determinan las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con el objetivo de evitar que la inflación genere aumentos automáticos en la carga fiscal de empresas, comercios y prestadores de servicios. La medida, que entró en vigencia el 1° de junio y fue aprobada por la Legislatura porteña, busca corregir una distorsión frecuente en contextos inflacionarios: que los contribuyentes pasen a escalas impositivas superiores únicamente por el aumento nominal de sus ingresos, sin que exista necesariamente una mejora real en su actividad económica. Entre los principales cambios, el tope anual para actividades como servicios públicos, gastronomía, hotelería, comunicaciones, inmobiliarias, salud, educación y otros sectores pasa de 2.004 millones de pesos a 2.154,3 millones. En el caso de los rubros de comercialización y reparaciones, el límite se eleva de 364 millones a 391,1 millones de pesos. Según el organismo, esta actualización permite mantener la progresividad del sistema sin castigar a los contribuyentes por el efecto de la inflación. Además, se modificó el monto mínimo de deuda tributaria considerado en trámites administrativos, que sube de 1.000 a 10.000 pesos para simplificar gestiones. La medida se complementa con bonificaciones para monotributistas porteños, que incluyen exenciones del 100% para categorías bajas y reducciones del 75% para categorías medias y altas. Estas políticas se enmarcan en la integración del régimen simplificado local con el Monotributo nacional, con el objetivo de reducir la carga administrativa y fiscal sobre pequeños contribuyentes y trabajadores independientes.