La comunidad del sector norte de Intendente Alvear ha llegado al límite de su paciencia ante la situación del predio conocido como el «basurero viejo», ubicado sobre la Calle Ancha, camino vecinal a B. Larroudé, en la continuación de la Avenida Sarmiento. Un nutrido grupo de frentistas presentó un petitorio formal ante el Honorable Concejo Deliberante, respaldado con nombres y números de DNI, exponiendo la inacción del Ejecutivo Municipal. El basurero, que el municipio usa para tirar la basura, carece de cerramiento, control sanitario o sistemas de contención adecuados, lo que provoca la dispersión de residuos plásticos por el viento hacia los campos agrícolas cercanos, incendios recurrentes y un riesgo sanitario por la proliferación de roedores y plagas. La Ley Nacional N.º 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental prohíbe la quema de residuos y la existencia de basurales sin controles sanitarios, mientras que el Gobierno de La Pampa impulsa la erradicación de basurales a cielo abierto mediante el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Los vecinos denuncian que, a pesar de las conversaciones mantenidas con autoridades municipales, no han recibido respuestas concretas ni un plan de contingencia. La situación ha generado preocupación por el impacto ambiental y sanitario, con riesgo de daños irreversibles. La comunidad espera que las autoridades provinciales intervengan para labrar actas de constatación, verificar el incumplimiento de las leyes y exigir un plan de saneamiento inmediato. Los vecinos también cuestionan la falta de equidad en la gestión municipal, preguntándose si los funcionarios responsables residen en la zona afectada o si la distancia física respecto al humo tóxico y las quemas es la razón por la cual la problemática carece de urgencia para el gobierno local. La noticia destaca la contradicción entre las políticas provinciales que exigen separación, contención y saneamiento, y la inacción local que permite el funcionamiento de un basurero descontrolado.

La Justicia de Intendente Alvear está investigando un robo de 220 toneladas de soja que generó un daño económico de aproximadamente 120 millones de pesos. El fiscal Damián Campos, tras recibir la denuncia del encargado de un establecimiento rural explotado por una firma con sede en Buenos Aires, está analizando la logística utilizada para vaciar un silobolsa. El robo no fue un acto espontáneo, sino que requirió planificación, incluyendo la movilización de casi siete camiones con acoplado, maquinaria de extracción y una red de comercialización ilegal para blanquear el grano. Tras un allanamiento coordinado entre la Comisaría de Intendente Alvear, la Brigada de Investigaciones y efectivos de Bernardo Larroudé, se identificó a un sospechoso que fue aprehendido y puesto a disposición de los tribunales de General Pico. En la audiencia de formalización ante la jueza de Control Ana Laura Ruffini, el fiscal Campos solicitó prisión preventiva por robo agravado, pero la magistrada dispuso dos meses de arresto domiciliario. Los peritos se enfocan ahora en trazar la ruta del grano, identificando las patentes de los vehículos que ingresaron al predio y determinando qué acopio o puerto recibió la carga robada en el mercado negro. La investigación continúa para esclarecer la trama completa detrás de este megarrobo que ha generado gran preocupación en la comunidad local y regional.

En Intendente Alvear, la falta de gestión municipal efectiva genera un serio problema habitacional. Las viviendas sorteadas en marzo ya están terminadas, pero los adjudicatarios aún no recibieron las llaves, obligándolos a seguir pagando alquileres mientras miran sus casas vacías. La actual intendenta, Agustina García, enfrenta críticas por no haber adquirido nuevos terrenos desde 2010, cuando se compraron las quintas de Socco y otras para el programa “Terreno Propio” del IPAV. Esta falta de planificación y previsión dejó agotadas las reservas de suelo, impidiendo que la provincia ejecute nuevas construcciones pese a contar con fondos disponibles. Las calles de la localidad presentan un estado crítico debido al deterioro acumulado desde la última gestión de repavimentación, en 2010, lo que evidencia un abandono prolongado de la infraestructura urbana. El mecanismo para construir viviendas depende de que el municipio ofrezca terrenos con escrituras claras y servicios básicos, algo que hoy no se cumple. La combinación de viviendas cerradas, calles en mal estado y ausencia de terrenos evidencia que la localidad necesita urgente planificación y acción municipal para garantizar el acceso a la vivienda y un desarrollo urbano sostenible.