España se ha convertido en el país con el mayor número de laudos arbitrales internacionales impagados, según el informe de la quinta edición del índice sobre cumplimiento de laudos de arbitraje de inversiones elaborado por el International Law Compliance Institute (ILCI), publicado en septiembre de 2026. El país acumula 25 decisiones arbitrales pendientes de pago, superando a Venezuela (24) y Rusia (13), aunque en términos económicos Rusia ocupa el primer lugar con 61.800 millones de dólares, seguida de Venezuela con 19.300 millones y España en tercer lugar con una factura que supera los 2.350 millones de euros al sumar intereses de demora, costas judiciales y otros sobrecostes. La situación española se debe principalmente a las medidas regulatorias en el sector energético, especialmente a los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables implementados por gobiernos anteriores. En 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo un sistema de primas y tarifas reguladas que atrajo cerca de 30.000 millones de euros en inversiones. Sin embargo, en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó el sistema retributivo, limitando las primas existentes y estableciendo un nuevo modelo basado en una 'rentabilidad razonable' cercana al 7%, lo que generó una oleada de demandas de inversores que consideraron que sus condiciones de inversión habían sido modificadas retroactivamente. España ha perdido 27 casos ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), con laudos que suman aproximadamente 1.800 millones de euros en concepto de principal, y con intereses de demora y costas judiciales, la factura total supera los 2.350 millones de euros. Los sucesivos Gobiernos españoles se han negado a pagar los laudos argumentando que su ejecución contraviene el Derecho de la Unión Europea, mientras que los acreedores han recurrido a tribunales de Estados Unidos, Reino Unido y otras jurisdicciones para intentar ejecutar las indemnizaciones. El informe de 2026 destaca que las vías de ejecución extracomunitarias están adquiriendo mayor relevancia en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur y Suiza. La situación española refleja un conflicto complejo entre la protección de los inversores en el marco de tratados internacionales y la capacidad del Estado para regular su sector energético, lo que plantea desafíos significativos para la política energética y la confianza de los inversores en el país.

España se ha convertido en el país con el mayor número de laudos arbitrales internacionales impagados, según el informe de la quinta edición del índice sobre cumplimiento de laudos de arbitraje de inversiones elaborado por el International Law Compliance Institute (ILCI), publicado en septiembre de 2026. El país acumula 25 decisiones arbitrales pendientes de pago, superando a Venezuela (24) y Rusia (13), aunque en términos económicos Rusia ocupa el primer lugar con 61.800 millones de dólares, seguida de Venezuela con 19.300 millones y España en tercer lugar con una factura que supera los 2.350 millones de euros al sumar intereses de demora, costas judiciales y otros sobrecostes. La situación española se debe principalmente a las medidas regulatorias en el sector energético, especialmente a los recortes retroactivos a las primas de las energías renovables implementados por gobiernos anteriores. En 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo un sistema de primas y tarifas reguladas que atrajo cerca de 30.000 millones de euros en inversiones. Sin embargo, en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó el sistema retributivo, limitando las primas existentes y estableciendo un nuevo modelo basado en una 'rentabilidad razonable' cercana al 7%, lo que generó una oleada de demandas de inversores que consideraron que sus condiciones de inversión habían sido modificadas retroactivamente. España ha perdido 27 casos ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), con laudos que suman aproximadamente 1.800 millones de euros en concepto de principal, y con intereses de demora y costas judiciales, la factura total supera los 2.350 millones de euros. Los sucesivos Gobiernos españoles se han negado a pagar los laudos argumentando que su ejecución contraviene el Derecho de la Unión Europea, mientras que los acreedores han recurrido a tribunales de Estados Unidos, Reino Unido y otras jurisdicciones para intentar ejecutar las indemnizaciones. El informe de 2026 destaca que las vías de ejecución extracomunitarias están adquiriendo mayor relevancia en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Singapur y Suiza. La situación española refleja un conflicto complejo entre la protección de los inversores en el marco de tratados internacionales y la capacidad del Estado para regular su sector energético, lo que plantea desafíos significativos para la política energética y la confianza de los inversores en el país.