El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, anunció que fiscalizará el cumplimiento del servicio mínimo durante el paro docente convocado por CTERA. La medida incluirá inspecciones muestrales en escuelas de todo el país para verificar si se respeta el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, según la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Si se detectan incumplimientos, se activarán protocolos de sanciones contra las entidades sindicales. La Secretaría de Trabajo coordinará el operativo, que evaluará la cobertura en establecimientos educativos y exigirá informes a las provincias. El régimen legal obliga a garantizar al menos 75% del servicio durante medidas de fuerza, con procedimientos previos para acordar servicios mínimos entre sindicatos y autoridades laborales. La Casa Rosada busca demostrar la aplicación efectiva de la declaración de esencialidad del sector educativo, mientras CTERA rechaza el control estatal y exige mejoras salariales.

La reforma laboral en Argentina dio un paso clave en su implementación luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 dejara sin efecto las medidas cautelares otorgadas por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63, que habían sido solicitadas por sindicatos en oposición a la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Esta decisión refuerza la estrategia del Ejecutivo de centralizar todas las causas relacionadas con la reforma en el fuero contencioso administrativo, considerado competente para tratar estos asuntos, evitando así fallos dispersos en distintos tribunales. La resolución se basó en un precedente del 8 de mayo, cuando el mismo tribunal rechazó una cautelar solicitada por la CGT que buscaba suspender más de 80 artículos de la norma mientras se evaluaba su constitucionalidad. Según el Gobierno, la medida asegura la plena vigencia de la ley y busca brindar seguridad jurídica, fomentar el empleo privado y modernizar el mercado laboral argentino. La Ley 27.802 introduce cambios significativos en contratación, registración laboral, multas, intermediación y bloqueos sindicales, generando controversia entre diversos sindicatos que promovieron acciones judiciales para frenar sus efectos. La unificación de los expedientes permitirá avanzar en el debate de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma bajo un mismo fuero, agilizando la resolución de los conflictos judiciales asociados.