En un fallo sin precedentes, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó la aplicación retroactiva de la Ley Bases en relación a incumplimientos

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La empresa Mega Sports, dedicada a la cadena de indumentaria deportiva, ha despedido a 150 trabajadores y se niega a pagar las indemnizaciones correspondientes, según informó Sergio Milito, uno de los despedidos, en una entrevista con Radio 750. Milito señaló que la empresa tiene capacidad económica para cumplir con sus obligaciones, pero opta por no hacerlo, posiblemente debido a la Ley Bases, que regula las relaciones laborales en Argentina. La noticia, publicada el 22 de septiembre de 2026, destaca que la empresa ingresó en un preventivo de crisis, lo que podría explicar su decisión de no abonar las indemnizaciones. Los trabajadores afectados están en una situación crítica, ya que no cuentan con el respaldo económico necesario para enfrentar este despedido abrupto. La Ley Bases, mencionada por Milito, es una normativa que establece los derechos y obligaciones en el ámbito laboral, y su aplicación podría estar siendo evadida por la empresa. Este caso refleja una situación común en el contexto económico actual, donde las empresas enfrentan presiones para reducir costos, a menudo a expensas de los derechos laborales. La noticia no aborda otros temas mencionados en la página, como el dólar blue, la selección de fútbol o las políticas gubernamentales, sino que se centra exclusivamente en el despedido masivo y la negativa a pagar indemnizaciones. La información proporcionada por el trabajador despedido, Sergio Milito, es clave para entender la situación, ya que detalla que la empresa podría estar evadiendo sus obligaciones legales. Este incidente podría tener implicaciones legales para Mega Sports, ya que la negativa a pagar indemnizaciones podría ser considerada una violación de la normativa laboral vigente. Los trabajadores afectados están buscando apoyo legal para reclamar lo que les corresponde, aunque la empresa se mantiene en silencio sobre el tema. La noticia, publicada en Página|12, es un ejemplo de cómo las empresas pueden enfrentar conflictos laborales en momentos de crisis económica, y cómo los trabajadores se ven obligados a buscar alternativas para proteger sus derechos.

La Cámara Federal de Casación Penal, mediante la intervención del juez Gustavo Hornos, declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Brian Ezequiel Ortiz, uno de los nueve detenidos por los graves incidentes ocurridos en las cercanías del Congreso Nacional durante la aprobación de la Ley Bases. El recurso buscaba evitar el juicio oral y público, solicitando una probation en su lugar. La defensa de Ortiz había propuesto una reparación económica de $250.000 y tareas comunitarias como alternativa, pero tanto el Ministerio Público Fiscal como el Senado de la Nación, actuando como querellante, se opusieron a dicha propuesta. El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal confirma que el caso continuará hacia el juicio oral y público, estableciendo un precedente para los otros ocho procesados. Los hechos en cuestión ocurrieron el 12 de junio de 2024, cuando manifestantes y fuerzas de seguridad enfrentaron en las inmediaciones del Congreso, con lanzamiento de piedras, botellas, vehículos incendiados, vandalismo y heridos en las fuerzas de seguridad. En total, 33 personas fueron detenidas, de las cuales nueve, incluido Ortiz, llegaron a juicio. Ortiz, identificado como vendedor ambulante sin antecedentes penales, está acusado de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la autoridad agravado. Según el requerimiento de elevación a juicio, el 12 de junio de 2024, alrededor de las 20.50, en la intersección de Rivadavia y Callao, habría agredido al personal policial con golpes de puño y puntapiés para impedir la liberación de la calzada, suscitar tumultos y ejercer violencia contra funcionarios públicos. El juez Hornos reiteró que el derecho a la protesta social no es absoluto y que su amparo constitucional no legitima actos de violencia, daños o intimidación pública. La decisión de no habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema, con costas, confirma que Ortiz deberá afrontar el juicio oral y público por su presunta intervención en los hechos ocurridos frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases. Este caso refleja la tensión entre el derecho a la protesta y la necesidad de mantener el orden público, destacando la importancia de resolver conflictos a través de canales legales y pacíficos.