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Gabriel Pacheco Díaz, líder comunal y defensor de derechos humanos, fue asesinado en Villagarzón. Indepaz lo registra como el caso 115 de 2026.

El Ejército Gaitanista de Colombia aseguró que es falso el panfleto con amenazas contra líderes sociales y funcionarios. Corpades pidió investigar el origen del documento y esclarecer responsabilidade...

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Colombia continúa enfrentando la violencia contra líderes y lideresas sociales. La protección de quienes defienden los derechos humanos sigue siendo una de las principales deudas del Estado.

Un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Córdoba, entre los municipios de Cereté y Ciénaga de Oro, dejó como resultado la muerte de dos jóvenes que se desplazaban en motocicleta. El siniestro se presentó en el sector conocido como el cerro Malagana, una zona donde habitantes han señalado previamente riesgos en la vía por las condiciones de la carretera y el tráfico de vehículos de carga pesada. Según versiones recogidas en el lugar de los hechos, la motocicleta en la que viajaban las víctimas colisionó contra la parte trasera de un camión tipo volteo. El impacto fue tan fuerte que ambos jóvenes fallecieron en el sitio de manera inmediata, sin posibilidad de recibir atención médica oportuna. Las víctimas fueron identificadas como Domingo Álvarez, oriundo de San Andrés de Sotavento, y Armenia Sarmiento, del municipio de Tuchín. Ambos eran reconocidos en sus comunidades por su liderazgo juvenil y participación en procesos sociales y comunitarios. También se les vinculaba con actividades políticas locales, en particular con iniciativas cercanas a una campaña presidencial. El hecho generó conmoción entre familiares, amigos y habitantes de la región, quienes expresaron mensajes de condolencias y rechazo a las condiciones de seguridad vial en la zona. Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Rafael Julián Rodríguez Quiroz, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro en Barrancabermeja, Santander, fue asesinado el martes 22 de septiembre de 2026 cuando se movilizaba en una camioneta por una vía cercana al cementerio de la zona. Según informes de Vanguardia y Blu Radio, Rodríguez Quiroz fue interceptado por hombres armados que le dispararon en varias oportunidades desde el exterior del vehículo. El líder comunitario, quien era reconocido por su labor en representación de las comunidades y veredas del corregimiento, quedó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. La Alcaldía de Barrancabermeja y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes aporten información sobre el crimen. Las autoridades están investigando las circunstancias del homicidio, incluyendo si el asesinato está relacionado con la labor de liderazgo que desempeñaba Rodríguez Quiroz. En las semanas previas, el líder había participado en un consejo de seguridad en Barrancabermeja donde expresó preocupaciones sobre inseguridad en la zona, incluyendo hurtos y extorsión. La Alcaldía de Barrancabermeja había registrado su participación en espacios de diálogo en 2024 sobre necesidades de la zona, como vías y acueducto. La comunidad del corregimiento El Centro lamentó la muerte del líder, quien era un referente en la representación de las comunidades rurales. La Policía del Magdalena Medio continúa recopilando información para esclarecer el ataque y determinar el móvil del crimen, aunque hasta el momento no se ha confirmado ninguna hipótesis definitiva sobre las razones del asesinato.

Los líderes indígenas María Ovidia Palechor y su pareja, James Flor, fueron asesinados a tiros en su vivienda del sector Las Casitas, en el corregimiento La Pedregosa de Cajibío (Cauca). El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) confirmó el crimen, destacando la labor de Palechor como defensora de derechos humanos y territorio. Flor fue un líder campesino que alertaba sobre amenazas en la zona. Este hecho eleva a 103 el número de líderes sociales asesinados este año según Indepaz. Las autoridades son llamadas a investigar y sancionar al responsable, mientras organizaciones internacionales como la ONU condenan el crimen. La noticia generó un minuto de silencio en el Congreso y apoyo de figuras políticas del país.

Colombia continúa enfrentando la violencia contra líderes y lideresas sociales. La protección de quienes defienden los derechos humanos sigue siendo una de las principales deudas del Estado.

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La violencia contra líderes sociales en Colombia persistió en 2025, año en que fueron registrados 165 asesinatos y 874 agresiones, lo que

La violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia se ha convertido en una crisis urgente, pero sigue siendo ignorada por muchas instituciones. ¿Qué está detrás de esta indiferencia social...

Adriana Gandía Vásquez, líder social de Córdoba, sufrió un atentado mientras se movilizaba en el corregimiento de Tierradentro, municipio de Puerto Libertador. Durante su recorrido, varios hombres en motocicleta interceptaron la camioneta en la que se transportaba junto a la gobernadora indígena Rulfa Beatriz Pérez. La atacaron a tiros, la bajaron del vehículo, la golpearon y la amenazaron, aunque por fortuna no fue fatal. Gandía se encontraba haciendo acompañamiento a unidades productivas con mujeres de la región y a comunidades indígenas, labores que la han puesto en constante riesgo debido a la presencia del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en la zona y la falta de protección estatal adecuada. La Fundación Cordoberxia expresó su rechazo y condena al ataque, destacando que hechos como este representan agresiones directas a la democracia, la construcción de paz y los derechos humanos. La líder exige medidas de seguridad efectivas para proteger su vida y la de su familia, subrayando que el Alto San Jorge sigue siendo una región con alta vulnerabilidad para quienes defienden los derechos de las comunidades locales. Desde 2016, 71 líderes sociales han sido asesinados en Córdoba, lo que evidencia la persistencia de la violencia contra quienes trabajan por la transformación social en la región.