Tres policías colombianos, adscritos a la Dijín, fueron secuestrados el pasado lunes 17 de agosto mientras se movilizaban en un Chevrolet Spark GT rojo en una vía rural del municipio de Bucarasica, Norte de Santander. Los uniformados interceptados por hombres armados en dos camionetas incluyen al mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña. Familiares y amigos de las víctimas realizaron una velatón este jueves 20 de agosto en Cúcuta, exigiendo la liberación de los secuestrados con un llamado a las autoridades y al Gobierno nacional. El presidente Abelardo De La Espriella condenó el hecho y anunció el despliegue de 'todas las capacidades de la Fuerza Pública' para encontrar a los uniformados y capturar a los responsables. En la zona operan grupos armados como la guerrilla del Eln y disidencias de las Farc, lo que complica la investigación. La cartera de Defensa rechazó categóricamente el secuestro y destacó el compromiso con la seguridad de los agentes. Las familias de los policías expresaron su preocupación por la falta de avances en la búsqueda de los tres uniformados, quienes ya cumplen varios días desaparecidos.

En el municipio de Ábrego, departamento de Norte de Santander, tropas del Ejército Nacional que realizaban labores de seguridad fueron atacadas por drones armados. El incidente ocurrió la noche del sábado 15 de agosto y dejó como saldo la muerte del soldado Neiver Madera Ricardo y cinco heridos. Según el comunicado oficial del Ejército, los ataques se llevaron a cabo mediante más de nueve explosivos lanzados por drones, los cuales impactaron tanto al personal militar como a un vehículo blindado utilizado para la seguridad en la zona. Las autoridades atribuyen el ataque al frente Carlos Armando Cacua Guerrero del Eln y han rechazado el acto violento, expresando condolencias a la familia del fallecido. El Ejército Nacional ha incrementado su presencia en la zona con apoyo de la Aviación y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para garantizar la seguridad de la población civil y prevenir futuros ataques. Este hecho ha generado rechazo en las fuerzas militares y sectores sociales, destacando la necesidad de investigar los hechos y tomar medidas judiciales correspondientes.