La UE estrecha su alianza con Canadá ante el deterioro de la relación con EE. UU. y redefine vínculos comerciales, estratégicos y defensivos en el Atlántico Norte.

**Mensajes clave** * El fin del _statu quo_ y la reconfiguración comercial: el sistema multilateral regido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y encabezado por Estados Unidos (EEUU) está en crisis. El proteccionismo estadounidense y la instrumentalización de las exportaciones por parte de China han reemplazado el enfoque de “ganancias mutuas” por uno marcado por la coerción económica y el _near-shoring_. * La doble estrategia europea: frente a su vulnerabilidad (derivada de un modelo económico altamente dependiente de las exportaciones y dependiente de EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para su seguridad), la Unión Europea (UE) busca modernizar e integrar su mercado interior y cerrar acuerdos comerciales que diversifiquen sus mercados de exportación y le den acceso a minerales críticos. * De la catedral a los “dos sistemas solares”: ante la pérdida de relevancia de la OMC, el comercio global se está reestructurando alrededor de dos grandes centros: la UE (mediante acuerdos bilaterales de intensidad variable) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Estas redes de acuerdos preferenciales están sosteniendo el flujo comercial y aportando normas y previsibilidad en ausencia de una OMC operativa. * Riesgos de fragmentación y descontento interno en Europa: a pesar de la resistencia al colapso comercial, existe el riesgo de que la proliferación de acuerdos fragmente la economía global con estándares divergentes, especialmente si China encabeza su propio bloque. Además, en Europa, la liberalización comercial puede alimentar el descontento social y fortalecer los partidos de extrema derecha, dificultando una mayor integración. **Análisis** Tanto el comercio mundial como su gobernanza se está reconfigurando. Y la UE, el principal actor del comercio internacional, poco a poco –y a regañadientes– se está adaptando a estos cambios. Cada vez quedan más lejos los tiempos en los que la globalización se veía como un juego de suma positiva en el que países y empresas podían contar con un marco de reglas estables que reducían la incertidumbre y promovían los intercambios. Eran los tiempos en los que la OMC, aunque criticada en algunas latitudes, fijaba normas consideradas como legítimas por la mayoría de los países y dirimía conflictos cuando surgían fricciones. Eran también los tiempos en los que las ideas económicas liberales parecían hegemónicas y en los que los europeos estaban convencidos que abrazar la integración de la economía mundial (y de la propia UE) conduciría a la paz perpetua kantiana. Hoy, sin embargo, y tras una serie de _shocks_ que parece no tener fin, reina la incertidumbre. La preocupación por la seguridad económica y la resiliencia aumenta ante la constatación de que las cadenas de suministro globales son mucho más frágiles de lo que se pensaba. Cada vez más países emplean la interdependencia comercial, energética y tecnológica como arma arrojadiza. Tanto China como EEUU –las dos grandes superpotencias– ejercen coerción económica sobre socios y rivales. Paralelamente, el marco multilateral de la OMC, la vieja catedral sobre la que se constituía el sistema comercial multilateral, es cada vez menos fiable y respetado. Además, la OMC es poco ágil para establecer reglas sobre el comercio de servicios o proteger la inversión y la propiedad intelectual, que son los elementos centrales de las nuevas formas de intercambio vinculados a los servicios y las nuevas tecnologías. En este contexto, los europeos, desconcertados ante el fin del mundo de ayer, el auge de la lógica del poder en las relaciones internacionales, el abandono del amigo americano y el retroceso de la democracia liberal, intentan explicar cómo la geopolítica ha podido cambiar tan rápidamente los consensos económicos dominantes. ## El (todavía poco exitoso) ataque al libre comercio Aunque las fuerzas que están redefiniendo la globalización del comercio se remontan a la resaca de la crisis financiera de 2008, momento en el que se alcanzó el pico del crecimiento del peso de las exportaciones sobre la producción mundial, lo cierto es que la segunda presidencia de Donald Trump aparece como un punto de no retorno. El mayor importador del mundo, EEUU, optó por instrumentalizar las importaciones y mostrar la cara más agresiva de la nueva hegemonía depredadora estadounidense. En abril de 2025 elevó drásticamente los aranceles. Y, a pesar del varapalo del Tribunal Supremo de febrero de 2026, que declaró la mayoría de ellos ilegales, reconstruyó su muro con otras medidas que, muy probablemente, se mantendrán durante muchos años, aunque haya cambios de gobierno. Por su parte, China, el mayor exportador del mundo, respondió a los aranceles estadounidenses instrumentalizando sus exportaciones. Limitó la venta de minerales críticos, tierras raras, imanes y componentes farmacéuticos –productos en los que tiene un cuasi-monopolio en la producción y que son claves para la producción manufacturera– poniendo en jaque la economía estadounidense al igual que Irán ha hecho cerrando el estrecho de Ormuz. Pero sus controles de exportaciones, inspirados en los que la Administración Biden había aprobado en 2022 para dificultar el acceso de empresas chinas a los semiconductores avanzados, alcanzaron al resto del mundo, que descubrió que el uso del comercio como arma arrojadiza y la instrumentalización de los puntos de estrangulamiento de la economía mundial podían utilizarse para ejercer coerción económica en ámbitos hasta ahora considerados seguros. Los países europeos, que ya habían sufrido la instrumentalización del gas en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, han visto como en las relaciones económicas internacionales las ganancias mutuas del comercio corren el riesgo de convertirse en juegos de suma cero (o incluso de suma negativa). Además, ante la guerra comercial entre China y EEUU, el enorme (y relativamente abierto) mercado europeo ha continuado absorbiendo productos chinos, como vehículos eléctricos, baterías y bienes manufacturados. Aunque el aluvión de importaciones chinas ha sido menor de lo temido hace un año (y se debe más a la débil demanda interna china que a los aranceles estadounidenses) estos productos amenazan con reducir el tejido productivo industrial que durante décadas ha sido uno de los bastiones de la prosperidad europea. De hecho, el superávit comercial chino superó en 2026 los 1,2 billones de dólares, una cifra inédita que plantea la pregunta de si China no tiene, en última instancia, el objetivo de no importar prácticamente nada del resto del mundo mientras los demás países se vuelven cada vez más dependientes de sus productos estratégicos. Podría tratarse de una estrategia deliberada o ser sencillamente el resultado de su modelo de crecimiento (el bajo consumo privado) combinado con elementos coyunturales (problemas financieros y crisis inmobiliaria). En cualquier caso, pese a la evidente intención de la Administración Trump de desglobalizar la economía estadounidense y a la rápida contracción de los vínculos económicos entre Washington y Pekín, lo cierto es que el comercio internacional no ha colapsado. Si bien los intercambios bilaterales cayeron un 30% en el último año, China ha logrado incrementar sus exportaciones hacia el resto del mundo. Este desvío comercial se ha dirigido especialmente hacia países africanos y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), algunos de los cuales, especialmente Vietnam, están sirviendo como plataformas para sortear parte de las barreras arancelarias impuestas por EEUU. La mayoría de los países del mundo optaron por no responder a los aranceles trumpistas y, por el momento, según datos de la OMC, el comercio está creciendo más rápido que la producción mundial (avanzó un 2,4% en 2025), sobre todo por el dinamismo de los intercambios entre países emergentes, la aceleración del comercio de servicios y el comercio de algunas manufacturas impulsado por las inversiones en inteligencia artificial y centros de datos. Lo que si se está produciendo es un proceso de _near-shoring_ y _friend-shoring_ por el que el comercio se intensifica con países vecinos y geopolíticamente alineados. ## La respuesta europea Los países europeos han tardado en asumir el fin del orden liberal internacional. Como explicó Mark Carney, primer ministro de Canadá en su ya célebre discurso en Davos, el cambio en la política exterior de EEUU y la vuelta de la lógica del poder duro a las relaciones internacionales implican una ruptura –no una crisis transitoria– tanto de la relación transatlántica como del multilateralismo cooperativo. También supone el fin del sueño europeo de exportar su modelo de integración multinivel al resto del mundo, idea con la que fantaseaban en Bruselas en la década que precedió a la crisis financiera global. Pero una vez que la UE, que tanto Putin como Xi y Trump quieren debilitar, ha entendido la nueva normalidad y se ha dotado de nuevos instrumentos geoeconómicos para intentar enfrentarse a los nuevos desafíos, la pregunta es si será capaz de adaptarse a la nueva situación y ser un actor clave en la construcción de un nuevo orden comercial internacional. Condición necesaria (pero no suficiente) para lograrlo, es aumentar su bajo crecimiento económico y su productividad, que ha sido su talón de Aquiles en los últimos años, como no se cansa de subrayar Draghi. Y más importante todavía, lograr la autonomía estratégica de EEUU en materia de seguridad y defensa. En definitiva, necesita aprender, como decía Josep Borrell, a hablar el lenguaje del poder en un mundo sin reglas en el que, como apuntaba Tucídides “los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”. Retomando el tema comercial, resulta fundamental entender que la zona euro optó por “alemanizarse” y apoyarse en la demanda externa para salir de la crisis del euro en la década pasada, lo que dio lugar a un superávit estructural por cuenta corriente (en 2025, dicho superávit fue del 1,6% del PIB, más de un punto menos que el año anterior). Esta dinámica vuelve a la economía europea particularmente vulnerable frente al proteccionismo y obstaculiza la necesaria transformación de su modelo de crecimiento, que debería estar más equilibrado y apoyarse más en la demanda interna. Este patrón marcadamente exportador, unido a la dependencia de seguridad respecto a EEUU y la OTAN en el contexto de la guerra en Ucrania, explica los titubeos europeos ante las amenazas de la Administración Trump. Dicha cautela es especialmente notoria en países como Alemania, cuya elevada dependencia del mercado estadounidense la ha llevado a considerar inconcebible una ruptura (quizá ya inevitable) de la relación transatlántica e incluso, potencialmente, de la propia Alianza Atlántica. Frente a esta encrucijada, la UE ha optado por desplegar una doble estrategia. Por una parte, está intentando modernizar y profundizar la integración de su mercado interior, especialmente en el área de servicios. Todavía existen importantes barreras no arancelarias dentro del continente que equivalen, según un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), a aranceles de hasta el 44% en bienes (el triple que entre estados de EEUU) y del 110% en algunos servicios, como energía, telecomunicaciones y servicios financieros. El impulso del informe Letta y la agenda de simplificación regulatoria de la Comisión Europea, junto con la apuesta por la cooperación reforzada en algunos ámbitos y la creación de la “jurisdicción 28” para facilitar que las empresas europeas puedan operar con menos restricciones en toda la Unión, han supuesto algunos avances, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Las mayores resistencias provienen de algunos Estados miembros, así como de los partidos de extrema derecha que están entrando en cada vez más gobiernos y tiene creciente presencia en el Parlamento Europeo, que se muestran reacios a modificar sus regulaciones nacionales en sectores estratégicos. A esto se suman las divergencias sobre cómo articular las iniciativas comunitarias para impulsar una política industrial y de transición energética conjunta. Este tipo de medidas requeriría financiación europea (como la emisión de eurobonos), una opción que actualmente carece de consenso suficiente tanto por la oposición de los países del centro y norte de Europa como por el escaso apetito por una integración más profunda que muestran unos electorados cada vez más frustrados y descontentos. Por otra parte, la UE ha optado por una estrategia de _de-risking_ comercial tanto con China como con EEUU. Ha firmado varios acuerdos comerciales que le permitirán diversificar sus exportaciones y que deberían reducir los riesgos derivados de la coacción económica externa. De hecho, resulta llamativo que, en pocos meses, la Comisión y el Consejo Europeo hayan negociado y aprobado algunos acuerdos que llevaban décadas en negociación, lo que muestra cómo la nueva coyuntura geoeconómica ha suavizado algunas de las resistencias a la liberalización comercial que siempre han existido en Europa, especialmente en Francia y en algunos países del este. El acuerdo más ambicioso es el firmado (y ya ratificado) con el Mercado Común del Sur (Mercosur), cuya aplicación provisional comenzó el 1 de mayo. No obstante, el Tribunal de Justicia de la UE deberá revisarlo durante los próximos meses debido a las reclamaciones presentadas en el Parlamento Europeo por diversas formaciones de extrema derecha. Este tratado ha tardado 25 años en materializarse y consolida una zona de libre comercio de 700 millones de personas en la que desaparecen prácticamente la totalidad de los aranceles además de facilitar el comercio de servicios, la inversión y las compras públicas. El acuerdo alcanzado con la India, en negociación desde 2013, es menos exhaustivo en su cobertura y tiene mucha menos profundidad, pero posee un gran valor simbólico. La India no sólo es la economía emergente de mayor pujanza en la actualidad, sino también una de las más proteccionistas del mundo. El pacto brinda a los exportadores europeos acceso a un mercado enormemente dinámico de 1.450 millones de consumidores al tiempo que subraya el apoyo de ambos gigantes económicos por el comercio basado en reglas. También en Asia, la Unión ha cerrado en tiempo récord un acuerdo con Indonesia que elimina el 98,5% de los aranceles aplicados a los productos europeos (algunos de los cuales alcanzaban el 150%) y da acceso a un mercado de 280 millones de ciudadanos. Por último, se ha logrado un acuerdo con Australia (uno de los grandes exportadores agrícolas mundiales), país con el que las negociaciones habían colapsado en 2023 debido al proteccionismo europeo sobre los productos del sector primario. Este acuerdo pone de manifiesto que las políticas comerciales de Trump han alterado sustancialmente el análisis de coste-beneficio que los países realizan sobre la liberalización comercial. Estos acuerdos van más allá de la reducción de aranceles. Los firmados con el Mercosur, Indonesia, la India y Australia incluyen compromisos sobre clima y derechos laborales y todos ellos reflejan el interés por construir un nuevo andamiaje de reglas que pueda complementar el funcionamiento de la maltrecha OMC. Asimismo, en todos hay un componente estratégico que pretende aumentar el acceso de las empresas europeas a los minerales críticos, que son esenciales para las transiciones energética y digital y en los que la dependencia de China es particularmente peligrosa. Por ejemplo, el Mercosur suministra el 82% del niobio que importa la UE, además de contar abundantes reservas de litio, cobre, silicio y níquel, entre otros; Australia es uno de los grandes productores mundiales de litio, aluminio y manganeso e Indonesia tiene reservas clave para la cadena de valor de los vehículos eléctricos. Por último, y aunque no se trata estrictamente de un acuerdo comercial, el Parlamento Europeo aprobó en marzo el pacto alcanzado el pasado junio entre la Comisión Europea y la Administración Trump que, en principio, pone un techo del 15% a los aranceles estadounidenses a los productos europeos al tiempo que reduce a cero los aranceles europeos a productos de EEUU. Se trata de un acuerdo asimétrico y aceptado a regañadientes por la Comisión Europea para evitar males mayores, que no está claro si no se verá modificado unilateralmente por Washington cuando finalice sus investigaciones sobre prácticas comerciales consideradas como discriminatorias bajo la sección 301 de la ley de comercio de 1974. En todo caso, el Parlamento Europeo ha incluido en el texto aprobado varias cláusulas de salvaguardia. Una de ellas indica que la validez del acuerdo concluye el 31 de marzo de 2028, lo que refleja la esperanza europea en que una nueva Administración estadounidense revierta parte de las prácticas proteccionistas de Trump. Otra, establece que el acuerdo dejará de estar vigente si EEUU eleva los aranceles a los productos europeos por encima del 15%, algo posible dada la pulsión proteccionista del presidente Trump. ## El futuro del sistema comercial mundial: de la catedral a los sistemas solares Con un EEUU nacionalista estableciendo aranceles indiscriminadamente y actuando de forma depredadora, China instrumentalizando sus dependencias y aumentando su superávit comercial y la OMC malherida, el futuro del sistema multilateral de comercio es incierto. Por el momento, y tras prácticamente una década de guerra comercial entre China y EEUU –especialmente aguda durante el último año y medio– se ha evitado el fuerte proceso de desglobalización que predecían los más pesimistas. Pero los patrones de comercio e inversión se están transformando y la desconfianza entre grandes potencias comerciales no deja de aumentar. Lo que está emergiendo, como explica Richard Baldwin, es una nueva red desordenada de acuerdos comerciales que se articula en torno a la UE y al CPTPP. Si el sistema anterior se asemejaba a una catedral, con un centro bien definido en la OMC, sostenido por el liderazgo de EEUU y sólidamente anclado en reglas internacionales, el nuevo paradigma –aún en evolución– se estructuraría como dos sistemas solares. El primero, más anclado institucionalmente, gravitaría en torno a la UE, cuyo inmenso mercado interior atrae a todo tipo de países con los que se vincula mediante acuerdos preferenciales de intensidad variable. Baldwin distingue entre los que pertenecen al mercado interior, como Noruega; los que tienen acuerdos bilaterales profundos, como México, Corea, Japón y Vietnam; y los que tienen acuerdos más ligeros, como los países del Magreb. El segundo, de carácter más laxo y descentralizado, orbitaría alrededor del CPTPP, un mega acuerdo comercial impulsado en su día por el presidente Barack Obama, pero del que Trump se desvinculó en su primer mandato. El CPTPP incluye a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el Reino Unido, que se incorporó en 2023. China mantiene estrechos lazos comerciales con muchos de sus miembros, pero no pertenece al club. Solicitó la entrada en 2021 pero sus prácticas comerciales por el momento parecen incompatibles con los estándares que quieren mantener los otros países. El CPTPP tiene una profundidad institucional considerablemente menor a la europea (no es una unión aduanera por lo que ni siquiera tiene un arancel exterior común ni negocia como un bloque comercial), pero cada vez tiene más acuerdos con terceros países. Además, ambos bloques convergen a través de los tratados bilaterales preferenciales que la UE ha suscrito con gran parte de los miembros del CPTPP. El resultado es que una proporción cada vez mayor del comercio mundial y de las cadenas globales de suministro tiene lugar en estos dos centros (y en las interacciones entre ellos), operando bajo normativas que continúan aportando certidumbre, previsibilidad y transparencia (y que, muchas veces, siguen las directrices de la OMC). La India, por ejemplo, tiene acuerdos de libre comercio firmados tanto con la UE como con varios miembros del CPTPP. Por lo tanto, aunque EEUU haya dejado de respetar las reglas de la OMC e impuesto acuerdos asimétricos a muchos países bajo la amenaza de establecer aranceles o retirar su paraguas de seguridad, como sus importaciones representan el 13% del total mundial y el resto del mundo (salvo China) no ha respondido con medidas proteccionistas, el comercio mundial sigue fluyendo bajo reglas bastante predecibles. De hecho, Baldwin incluso plantea que cada vez más países querrán estrechar lazos económicos con estos dos nuevos mega bloques comerciales porque sus sectores exportadores no querrán tener un peor acceso a estos jugosos mercados que aquellos países que ya han firmado acuerdos con los mismos, algo que se conoce como la teoría del dominó de la integración comercial preferencial. En definitiva, la UE ha mostrado su clara voluntad de sostener el comercio abierto basado en normas y sólo se ha planteado utilizar sus nuevos instrumentos geoeconómicos de defensa comercial contra Rusia, China y EEUU. Y lo que es más importante desde un punto de vista estratégico, está consiguiendo que muchas de sus prioridades en materia comercial e inversora se vean reflejadas en los nuevos acuerdos preferenciales que ha firmado, aunque haya tenido que suavizar algunas de sus tradicionales exigencias en materia medioambiental o laboral. Esto sugiere que el llamado “Efecto Bruselas” sigue funcionando, aunque lo haría mejor si la UE tuviera una mayor capacidad de crecimiento e innovación, sobre todo en el ámbito de las tecnologías punteras. Dicho esto, existen riesgos importantes. El primero es que esta maraña de acuerdos preferenciales vaya fijando poco a poco estándares diferentes que fragmenten la economía mundial. Esta posible divergencia regulatoria afectaría sobre todo al comercio de servicios y a la inversión que, como se ha mencionado, son los elementos más dinámicos de la globalización y los que articulan las cadenas globales de suministro. Además, como China no está integrada en ninguno de los bloques (y si lo estuviera habría que modificar sustancialmente las normas sobre subsidios a empresas públicas) existe el riesgo de que el gigante asiático, que también tiene un enorme mercado, pretenda construir su propio bloque comercial, que sí tendría estándares claramente distintos. Del mismo modo, habrá que ver cuál es la reacción de Washington ante esta evolución del comercio mundial, que por el momento no parece preocuparle. El segundo riesgo tiene que ver con las dinámicas internas en la UE. Firmar nuevos acuerdos comerciales puede aumentar todavía más el rechazo a la globalización de los ciudadanos que, con o sin razón, consideran que el comercio internacional es culpable del deterioro de sus condiciones económicas en las últimas décadas. Esto podría incrementar todavía más el voto a los partidos de extrema derecha y dificultar la necesaria integración europea, relegando a la Unión a un papel secundario tanto en la geopolítica como en la economía globales.

Una Unión Europea que aspira a ser un actor global no puede ser un “protectorado”, esperando que otros decidan por ella

Global digital infrastructure behind literally every modern service requiring data backup or authentification for example, is far more fragile than you’d think…

Es el momento de acelerar la integración de los mercados financieros para evitar convertirnos en una colonia de Wall Street

En un panorama geopolítico cada vez más fragmentado, las Capitales Europeas de la Cultura, en plena transformación, tienen un papel que desempeñar.

**Mensajes clave** * La política digital de Europa tiene una debilidad estructural: un liderazgo político incoherente. * En lugar de estrategias globales decisivas, el mercado único digital de la UE se caracteriza ahora por un mosaico y demasiadas regulaciones legales sin una orientación clara. * Sin embargo, en vista de la situación geopolítica, se necesita una visión digital amplia y común que se extienda a todas las actividades políticas, a todos los actores interesados y a todos los Estados miembros de la UE. **Análisis** ## 1. Introducción Como es sabido, la Unión Europea (UE) es una organización internacional de integración, formada por sus Estados miembros con el objetivo de crear “una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa” (art. 1 TUE), y fundamentada en los valores de “respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos” (art. 2 TUE). Este hito se ha traducido, no obstante, en un aumento de la complejidad del Derecho. En efecto, la complejidad del Derecho de la UE se debe principalmente a su carácter supranacional y a su sistema de gobernanza multinivel, que exige la coordinación entre las instituciones europeas y los Estados miembros. Uno de los principales retos consiste en equilibrar las diversas tradiciones jurídicas y garantizar al mismo tiempo la coherencia entre los distintos ordenamientos jurídicos nacionales. Así, los procesos legislativos implican negociaciones entre Estados miembros con dispares prioridades económicas y políticas, lo que da lugar a disposiciones jurídicas complejas. Además, las divergencias en la organización de las Administraciones Públicas y los Tribunales de los Estados miembros asimismo dan lugar a una aplicación y un cumplimiento de la regulación desiguales, lo que aumenta la complejidad del panorama jurídico. ## 2. Complejidad del Derecho digital Esta complejidad también se ha trasladado al Derecho digital. En los últimos años, la legislación de la UE ha alcanzado elevados niveles de complejidad, especialmente en el sector digital. Esta creciente complejidad deriva de varios factores. En primer lugar, desde que la Comisión Europea[1] identificó el mercado único digital como un ámbito normativo diferenciado en 2015, la adopción continua y rápida de actos jurídicos europeos que regulan los sistemas de información y las tecnologías digitales ha dado lugar a un marco normativo cada vez más intrincado a escala de la UE. La gestión de estos esfuerzos reguladores constituye ya un reto importante, tanto en términos de desarrollo como de aplicación. Sin embargo, una dificultad adicional surge del hecho de que el ámbito de aplicación de estos actos jurídicos resulta cada vez más enrevesado. Para resolverlo, es preciso una interpretación a nivel de disposiciones individuales, con un análisis detallado y sensible al contexto de su redacción, propósito y relación con otras disposiciones para determinar su alcance y aplicabilidad precisos. En segundo lugar, y desde una perspectiva jurídica sistemática, el Derecho digital de la UE a menudo no se ajusta a la distinción tradicional entre Derecho privado y Derecho Público que existe en los ordenamientos jurídicos de muchos Estados miembros. En su lugar, el Derecho digital europeo adopta cada vez más un enfoque híbrido que se aplica tanto a los sujetos privados como a los públicos.[2]Esto puede plantear problemas cuando otros marcos jurídicos se basan en una clara separación entre Derecho Público y privado. Además, incluso cuando el Derecho digital se dirige principalmente a sujetos privados, contiene cada vez más disposiciones que sirven a intereses públicos más amplios en lugar de proteger únicamente intereses privados individuales. A menudo, estas disposiciones exigen a las entidades privadas que apliquen medidas que tradicionalmente han sido competencia del Estado, un enfoque normativo a menudo denominado corregulación, como sucede de forma significativa en las plataformas digitales o en la lucha contra la desinformación.[3] Este enfoque requiere una regulación amplia y compleja, que implica numerosas disposiciones detalladas y un marco de gobernanza bien estructurado. En tercer lugar, los fenómenos regulados por normas jurídicas que abordan tecnologías digitales específicas, como las plataformas en línea o los sistemas de IA, suelen tener amplios ámbitos de aplicación y diversos usos potenciales (pensemos por ejemplo en los modelos de IA de uso general como GPT de OpenAI, Gemini de Google, LLaMA de Meta AI o Claude de Anthropic). En consecuencia, estos actos jurídicos tienden a solaparse significativamente con otros ámbitos del Derecho y con las estructuras de gobernanza existentes, incluidas sus autoridades especializadas (por ejemplo, autoridades de seguridad, autoridades de protección de datos o autoridades de protección de los consumidores). Además, la legislación de la UE no sustituye ni deroga estrictamente las leyes nacionales pertinentes de los Estados miembros, sino que suele aplicarse junto con la legislación nacional vigente. Esto crea una superposición de normas en el mismo ámbito, lo que a veces dificulta determinar qué normas jurídicas deben aplicarse en un caso concreto. En suma, el creciente volumen de regulación, combinado con la complejidad intra e internormativa del ordenamiento de la UE, en particular en el ámbito digital, representa un reto importante no sólo para las entidades privadas sino, lo que es más importante, para los responsables políticos de la UE, los legisladores, las autoridades públicas nacionales y los operadores jurídicos. Estos actores son los principales responsables de crear, interpretar, aplicar y evaluar los marcos normativos que regulan las tecnologías digitales en toda la Unión. Para ellos, garantizar la coherencia y la consistencia dentro de este entorno jurídico cada vez más intrincado es esencial para mantener un ecosistema normativo eficaz y funcional. Sin embargo, la densa red de instrumentos jurídicos que se solapan, estructuras de gobernanza interdependientes y aplicaciones nacionales divergentes dificulta cada vez más la identificación y resolución de incoherencias, lagunas o conflictos en el panorama normativo. A medida que surgen nuevas normativas, los operadores jurídicos tenemos que navegar por la complejidad con precisión y para ello es preciso un profundo conocimiento de cómo se interrelacionan las distintas normativas, órganos de gobierno y mecanismos de aplicación. De lo contrario, se corre el riesgo de agravar la fragmentación normativa, incrementar la inseguridad jurídica y disminuir la eficacia de la legislación de la UE en el sector digital. Por eso, en Europa ha fallado el propósito de establecer una regulación cuidadosamente diseñada para equilibrar innovación y derechos fundamentales de los ciudadanos. A principios de 2025, existen más de 100 normas jurídicas dentro del Derecho digital europeo, lo cual afecta significativamente a las pymes europeas, que se enfrentan a unos costes de cumplimiento desproporcionados en comparación con los gigantes tecnológicos mundiales. La producción normativa, muchas veces apresurada e incoherente, marcada por las excepciones nacionales y las interpretaciones divergentes, ha amplificado la complejidad jurídica y a la postre ha quebrado el propio mercado único digital que el Derecho digital europeo aspiraba a reforzar. El denominado “Programa estratégico de la Década Digital para 2030”, de 14 de diciembre de 2022, aunque ambicioso en su objetivo de mejorar las competencias digitales, las infraestructuras digitales y los servicios públicos de la Unión, no estaba bien alineado con otras iniciativas de política digital de la UE y ha sufrido una deficiente aplicación nacional tal y como denuncié en su momento.[4] Por eso, la UE no se ha centrado en fomentar nuevos ecosistemas digitales y no ha aprovechado la contratación pública lo suficiente para reforzar su posición global. Afortunadamente, ha sido muy positivo que las instituciones europeas hayan extraído las lecciones adecuadas de las deficiencias detectadas y, tras las pasadas elecciones europeas de 2024, hayan cambiado el enfoque de sus políticas hacia la simplificación.[5] Aunque no cabe duda de que es necesario reducir algunos trámites burocráticos, sin embargo, el nuevo enfoque carece de dirección y visión. Simplificar o incluso eliminar normativas sin una visión clara y un conjunto de prioridades estratégicas bien definidas para el sector digital no ayudará por sí sola a la UE a superar su dependencia tecnológica de terceros países y, en último término, podría disminuir el “efecto Bruselas”.[6] En todo caso, los anunciados cambios impredecibles y poco meditados de la legislación europea aplicable corren el riesgo de crear un entorno incierto para la inversión y debilitarán sin duda los intereses estratégicos de la UE a largo plazo. Los titubeos sobre posponer la aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, una norma cuya versión final desechó las ambiciosas enmiendas del Parlamento Europeo basadas en extender los derechos de los ciudadanos para centrarse en el enfoque del producto, son exponentes de esta falta de visión coherente clara. **Conclusiones ** Estoy profundamente convencido de que la UE representa un enfoque de la transformación digital único en el mundo, basado en valores democráticos y centrado en el ser humano, con un mercado digital libre, justo y abierto. A pesar de lo singular y deseable de estos objetivos, la UE sigue sin tener una gran estrategia que aglutine a todas las partes interesadas y que pueda llevar con éxito a la práctica. Una estrategia que debe ser unánime, con una clara visión de futuro y acompañada de la imprescindible financiación pública para conseguir sus objetivos. Una vez que la UE resuelva este reto, resulta urgente realizar un control exhaustivo de la idoneidad de las más de 100 leyes digitales adoptadas. Esta revisión debe tener como objetivo prioritario reducir significativamente la carga regulatoria bajo un principio de proporcionalidad del nivel de riesgo, eliminar los solapamientos y las contradicciones jurídicas e incorporar cláusulas de reforma y revisión en las leyes para garantizar su adaptabilidad al progreso tecnológico. Para su solidez técnica, debería llevarse a cabo por un grupo interdisciplinar e independiente con predominio de juristas. Pero si no se traza por fin una previa visión coherente, basada en valores democráticos, unificada y compartida por todos, los esfuerzos de desregulación sólo favorecerán a unos pocos. Y ya tenemos ejemplos recientes en la crisis de 2008 de lo que supone que la regulación estatal se retire para dejar que únicamente las empresas privadas establezcan sus propias reglas[7]. * * * [1] Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones (2015), “Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa”, de 6/VI/2015, COM (2015) 192 final. [2] Así sucede con el reciente Reglamento (UE) 2024/1689 de 13 de junio de 2024 sobre inteligencia artificial, que se aplica tanto al sector privado como al sector público sin distinción. Sobre el mismo, puede verse Barrio Andrés, M. (2025), _Reglamento UE de inteligencia artificial (Incluye los actos de desarrollo y ejecución de la AI Act)_ , Ed. Francis Lefebvre, Madrid. [3] Barrio Andrés, M. (2024), “La regulación de la desinformación en el derecho digital europeo”, _ARI_ 149/2024, Real Instituto Elcano. [4] Así, desde la primera edición de Barrio Andrés, M. (2024) (3ª edic.), _Manual de Derecho digital_ , Ed. Tirant lo Blanch, Valencia. [5] Comisión Europea, Proyecto de simplificación normativa “Omnibus IV”, anunciado con fecha 21 de mayo de 2025. [6] El llamado “efecto Bruselas” describe el fenómeno por el cual las instituciones y normas jurídicas de la UE influyen significativamente en las políticas, normativas y estándares de los Estados no miembros, de manera que estos se alinean con los intereses o regulaciones de la UE. Dado el peso económico de la UE, las regulaciones del Derecho de la Unión a menudo se convierten en estándares globales. Las empresas internacionales ajustan sus productos o servicios a las normas de la UE para acceder a su mercado, lo que extiende la influencia de nuestras regulaciones más allá de Europa. Por ejemplo, muchas empresas tecnológicas han adoptado el Reglamento General de Protección de Datos como estándar global para evitar conflictos legales. [7] Por ejemplo, puede citarse la derogación en 1999 de la norteamericana _Glass-Steagall Act_ mediante la _Financial Services Modernization Act_ que permitió la fusión de bancos comerciales y de inversión. Medida impulsada por la creencia de que la separación de actividades bancarias era restrictiva y que la integración podría mejorar la estabilidad del sistema financiero.

Los africanos buscan hoy el apoyo de Europa para lograr un pacto fiscal internacional que acabe con la sangría de sus recursos

Bruselas tiene pocas competencias en vivienda y ve prioritario financiar el gran rearme antes que un incremento del parque residencial social y asequible.

**Mensajes clave** * El análisis muestra una pérdida parcial de la función refugio del dólar estadounidense tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, con una inversión estadísticamente significativa en su sensibilidad al estrés financiero global. * Los bonos del Tesoro experimentaron episodios temporales de deterioro durante el primer trimestre de 2025, aunque posteriormente recuperaron en parte su comportamiento refugio, reflejando una mayor resiliencia que el dólar. * Los bonos alemanes intensificaron su función como activo refugio, mientras que los índices bursátiles S&P 500 y Eurostoxx 50 redujeron su sensibilidad al VIX, sugiriendo un desacoplamiento parcial de los mercados respecto a la volatilidad estadounidense. * Los hallazgos apuntan a una erosión incipiente del “privilegio exorbitante” de Estados Unidos como ancla del sistema financiero global, con implicaciones relevantes para la gestión de riesgos internacionales y la arquitectura monetaria futura. **Análisis** ## 1. Introducción Durante décadas, el dólar estadounidense y los bonos del Tesoro han constituido los refugios supremos del sistema financiero internacional. Cuando los mercados temblaban, los capitales huían hacia la seguridad de estos activos; cuando la incertidumbre se apoderaba de los mercados globales, el dólar se fortalecía y los rendimientos de los bonos estadounidenses caían. Pero con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y sus políticas comerciales erráticas, sus anuncios de políticas fiscales expansivas y los ataques a la independencia de la Reserva Federal, ha habido numerosas sesiones en mercados financieros en que los activos refugio estadounidenses se comportaban como activos de mercados emergentes: ante caídas en bolsa, el dólar estadounidense se depreciaba y las rentabilidades de la deuda pública estadounidense aumentaban. Hay ya literatura económica bien establecida que demuestra que el comportamiento refugio no constituye una propiedad intrínseca e inmutable de ciertos activos, sino una función endógena de las condiciones macroeconómicas e institucionales prevalecientes. En efecto, hay aportaciones teóricas que desarrollan un marco analítico comprensivo que vincula la percepción de refugio con indicadores específicos de calidad institucional, incluyendo el Estado de derecho, la efectividad gubernamental y, crucialmente, la independencia del banco central. Empíricamente, se ha identificado el “privilegio exorbitante” del dólar estadounidense y los bonos del Tesoro con la percepción de estabilidad institucional estadounidense, que puede erosionarse rápidamente ante señales de deterioro en la gobernanza macroeconómica. ¿Realmente estamos ante la progresiva “emergentización” de los activos refugio estadounidenses como consecuencia de las políticas bajo la Administración Trump II o se trata de una exageración de algunos analistas económicos? Para responder a esta pregunta, llevamos a cabo un análisis empírico, basado en 1.332 observaciones semanales desde enero de 2000 hasta julio de 2025, estudiando la evolución del dólar estadounidense a través del índice DXY[1] y las rentabilidades de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años. Concretamente, llevamos a cabo tres tipos de pruebas. En primer lugar, calculamos la correlación móvil con ventanas de 26 semanas del DXY y las rentabilidades a 10 años de la deuda pública estadounidense con respecto al índice de volatilidad VIX. El índice VIX, también conocido como “índice del miedo” y calculado a partir de la volatilidad implícita de opciones del S&P 500, refleja las expectativas de los inversores sobre la volatilidad futura del mercado en los próximos 30 días. Mientras que históricamente un aumento del VIX (mayor estrés global) se asociaba con fortalecimiento del dólar (correlación positiva) y una caída de las rentabilidades de los bonos estadounidenses (correlación negativa), un comportamiento “emergentizado” se manifestaría a través de una correlación negativa o neutra con el DXY y una correlación positiva o neutra con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años. De este modo, un aumento del estrés global provocaría un debilitamiento del dólar, reflejo de una pérdida de confianza en la estabilidad económica e institucional de Estados Unidos (EEUU). Los bonos del Tesoro comenzarían a comportarse como activos de riesgo, registrando aumentos en sus rendimientos durante episodios de tensión, ante las crecientes dudas sobre la sostenibilidad fiscal o la solidez institucional del país. El análisis se completa calculando las correlaciones móviles con respecto a variables de control, en particular la rentabilidad de los bonos alemanes a 10 años y los índices bursátiles S&P 500 y Eurostoxx 50. La función analítica del Bund alemán es múltiple y crítica para la validez del estudio. El Bund funciona como control para factores globales que podrían afectar simultáneamente a todos los activos refugio. Si tanto los bonos estadounidenses como los alemanes experimentaran cambios similares en sus correlaciones con el VIX, esto sugeriría un cambio estructural global en las preferencias de refugio no relacionado específicamente con las políticas Trump. Por el contrario, si únicamente los bonos estadounidenses perdieran su correlación negativa tradicional mientras los alemanes la mantuvieran, esto confirmaría que el deterioro es específico de la percepción de riesgo estadounidense. La inclusión de los índices S&P 500 y Eurostoxx 50 como variables de control cumple una función de validación doble, esencial para la robustez metodológica del estudio. Por un lado, estos índices sirven como _benchmark_ del comportamiento esperado de activos de riesgo durante períodos de estrés financiero, garantizando que el VIX efectivamente capture las dinámicas de estrés tanto del mercado estadounidense como internacional. Por otro lado, permiten validar que los cambios observados en las correlaciones de activos refugio reflejen alteraciones genuinas en la dinámica global de riesgo y refugio, no peculiaridades específicas de un mercado particular. En segundo lugar, llevamos a cabo un análisis de betas móviles, que complementa el estudio de las correlaciones mediante la estimación de sensibilidades específicas de cada activo con respecto a las variaciones del VIX. La interpretación de las betas móviles sigue una lógica similar a las correlaciones, pero proporciona información cuantitativa específica sobre la magnitud de las respuestas. Para activos que mantienen su comportamiento refugio tradicional, se espera que la beta del DXY sea positiva, indicando que el dólar se fortalece proporcionalmente cuando aumentan las variaciones del VIX. Esta respuesta positiva refleja la confianza persistente de los inversores en el dólar como moneda refugio durante períodos de incertidumbre. Por el contrario, la beta de los bonos del Tesoro estadounidense debería ser negativa, mostrando que los rendimientos disminuyen cuando se incrementan las variaciones del VIX, como resultado del aumento en la demanda por estos instrumentos seguros. Un patrón de comportamiento “emergentizado” se caracterizaría por una inversión en estas sensibilidades esperadas. La beta del DXY se tornaría negativa, indicando que el dólar se debilita proporcionalmente cuando aumentan las variaciones del VIX, sugiriendo una pérdida de confianza en la estabilidad económica estadounidense. Simultáneamente, la beta de los bonos del Tesoro se volvería positiva, mostrando que los rendimientos aumentan durante períodos de estrés debido a preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal o la credibilidad institucional estadounidense. En un comportamiento refugio, la beta del DXY frente al VIX es positiva y la de los bonos del Tesoro, negativa, reflejando confianza en EEUU como refugio seguro. Un patrón emergentizado invertiría estas sensibilidades: la beta del DXY se vuelve negativa y la de los bonos positiva, indicando pérdida de confianza en su estabilidad económica e institucional. En tercer lugar, para validar estadísticamente la presencia de cambios estructurales en las relaciones estudiadas, se aplica el test de Chow[2] con fecha de quiebre conocida (20 enero 2025). Este test evalúa si los parámetros de las regresiones son estadísticamente diferentes entre los períodos pre y post-Trump. Por último, para validar la solidez de los hallazgos principales, se implementan tres conjuntos de test de robustez que evalúan la sensibilidad de los resultados a especificaciones metodológicas alternativas y proporcionan validación cruzada de las conclusiones centrales del estudio.[3] Los test de robustez confirman las conclusiones derivadas de las pruebas principales. ## 2. Dólar estadounidense: patrones de “emergentización” parcial El análisis de correlaciones y betas móviles entre el VIX y el DXY durante el período Trump 2025 revela un deterioro gradual del comportamiento refugio del dólar estadounidense, aunque la magnitud del cambio se sitúa dentro de rangos observados históricamente durante otros períodos de tensión económica. ### 2.1. Comportamiento histórico y contexto (2000-2024) El DXY ha exhibido patrones variables de comportamiento refugio a lo largo de las últimas dos décadas. Durante períodos de funcionamiento normal del sistema financiero, las correlaciones VIX-DXY tendían hacia valores positivos, alcanzando el máximo histórico de 0,673 durante abril de 2017, 0,668 durante la crisis de deuda europea en marzo de 2012, y 0,584 durante el período COVID en noviembre de 2021. La media histórica de correlaciones se sitúa en 0,058. Sin embargo, el dólar también ha experimentado períodos prolongados de correlaciones negativas que cuestionaron temporalmente su función refugio. Durante 2001-2003, en plena crisis de las puntocom, las correlaciones alcanzaron valores mínimos de -0,625, superando significativamente los niveles observados durante el período Trump. De manera similar, durante 2007-2008, en plena gran crisis financiera, las correlaciones llegaron a -0,624, y durante 2014-2017 se mantuvieron consistentemente negativas, alcanzando mínimos de -0,673. Las betas históricas muestran un patrón similar, con la media de largo plazo en 0,00022, pero con períodos de valores negativos sustanciales durante 2002-2003 (-0,002 a -0,003) y episodios de la crisis financiera de 2008, como se ve en la Figura 2. ### 2.2. Período Trump 2025: deterioro moderado El período enero-julio 2025 se caracteriza por una pérdida gradual del comportamiento refugio, aunque menos pronunciada que en episodios históricos anteriores. Las correlaciones VIX-DXY muestran una transición desde valores ligeramente positivos en enero (0,013) hacia territorio negativo desde abril, estabilizándose en el rango -0,06 a -0,17. Esta magnitud, si bien indica pérdida de función refugio, es considerablemente menor que los episodios de 2001-2003 o 2008-2010. Las betas móviles experimentan una compresión hacia valores cercanos a cero o ligeramente negativos durante marzo-julio 2025, oscilando entre -0,00036 y 0,00021. Esta reducción representa una pérdida de sensibilidad refugio significativa respecto a la media histórica, aunque nuevamente dentro de rangos previamente observados durante períodos de tensión económica. El test de Chow proporciona evidencia estadísticamente significativa (F=3.049, p<0,05) de un cambio estructural fundamental en el comportamiento refugio del dólar estadounidense. La beta de sensibilidad al VIX experimentó una inversión completa, transitando desde un valor positivo de 0,000380 durante el período pre-Trump hacia un valor negativo de -0,000215 en el período post-Trump. Esta transformación representa un cambio porcentual de -156,6%, indicando no sólo una pérdida de la función refugio tradicional sino una inversión completa del comportamiento esperado. La magnitud y dirección de este cambio confirman directamente la hipótesis H₁ₐ planteada en el marco teórico, proporcionando evidencia robusta de “emergentización” del dólar estadounidense. Mientras que históricamente el dólar se fortalecía durante episodios de estrés financiero global (correlación positiva con el VIX), el período Trump 2025 marca una transición hacia un comportamiento característico de monedas de mercados emergentes, donde la divisa doméstica se debilita durante períodos de aversión al riesgo elevada. Este resultado valida estadísticamente los patrones observados en el análisis de correlaciones móviles y representa el hallazgo más consistente y robusto del estudio. La relevancia estadística del cambio, combinada con la coherencia direccional respecto a las expectativas teóricas, establece una base sólida para concluir que las políticas Trump 2025 han alterado la percepción internacional del dólar como activo refugio seguro. ## 3. Deuda pública estadounidense: episodios de alteración del comportamiento refugio, pero mayor resistencia que el dólar El análisis de la relación entre el VIX y la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años revela señales preocupantes de alteración en su función refugio tradicional durante el período Trump 2025, aunque con un patrón más complejo y menos definitivo que el observado en el DXY. ### 3.1. Comportamiento histórico y patrones establecidos (2000-2024) Los bonos del Tesoro estadounidense han exhibido históricamente una correlación negativa robusta con el VIX, con una media de largo plazo de -0,262. Este patrón refleja el mecanismo clásico de _flight-to-quality_ : cuando aumenta el estrés en los mercados (VIX alto), los inversores buscan refugio comprando bonos del Tesoro, lo que reduce sus rentabilidades y genera la correlación negativa esperada. Durante las crisis más significativas de las últimas dos décadas, los bonos del Tesoro demostraron consistentemente su función refugio, como se ve en la Figura 3. La crisis puntocom de 2001-2003 generó correlaciones mínimas históricas de -0,614 en junio de 2001, con betas de -0,037, reflejando una demanda refugio excepcional durante el colapso tecnológico. La crisis financiera global de 2007-2009 mantuvo correlaciones sostenidas entre -0,4 y -0,6, alcanzando el mínimo en -0,599 durante agosto de 2007. La crisis de deuda europea entre 2010-2012 produjo un período prolongado de correlaciones negativas intensas, llegando a -0,816 en noviembre de 2011, mientras que la pandemia del COVID-19 generó una correlación inmediata de -0,593 en marzo de 2020, demostrando la respuesta refugio automática incluso ante _shocks_ sanitarios globales. Las excepciones históricas a este patrón fueron episódicas y específicas a contextos de normalización económica. Durante la fase final de la crisis puntocom en 2003-2004, se observó una transición hacia correlaciones positivas moderadas entre +0,1 y +0,2 durante la recuperación económica. El período precrisis de 2006-2007 mostró correlaciones ligeramente positivas antes del estallido de la crisis _subprime_ , mientras que la recuperación post-2008 entre 2009-2010 incluyó breves episodios de correlaciones positivas durante la normalización. El _taper tantrum_ de 2013 produjo correlaciones positivas temporales cuando los mercados anticiparon la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal. La beta histórica promedio de -0,0104 indica que, típicamente, un aumento de 1% en el VIX se asociaba con una reducción de aproximadamente 1,04 puntos básicos en la rentabilidad de los bonos del Tesoro. ### 3.2. Período Trump 2025: ruptura fundamental del comportamiento refugio El período enero-julio 2025 muestra indicios de una transformación en el comportamiento de los bonos del Tesoro, caracterizada por episodios temporales de inversión de su función refugio tradicional, aunque con posterior reversión parcial. La evolución temporal durante el período Trump revela una dinámica bifásica que difiere de patrones históricos. En enero 2025, la correlación inicial de -0,081 se mantuvo en territorio refugio, aunque ya considerablemente por encima de la media histórica, sugiriendo señales tempranas de erosión de confianza. Durante febrero 2025, se produjo una inversión crítica temporal hacia territorio positivo, con correlaciones estableciéndose entre +0,267 y +0,308, marcando episodios de pérdida temporal del comportamiento refugio tradicional. Marzo de 2025 consolidó correlaciones positivas robustas entre +0,475 y +0,485, mientras que el período abril-julio 2025 mostró una reversión significativa hacia territorio refugio, aunque las correlaciones oscilaron entre -0,146 y -0,359, manteniéndose por encima de los patrones refugio históricos robustos. Las betas móviles experimentaron una transformación simétrica pero temporalmente limitada. Enero 2025 mantuvo una beta de -0,0035, permaneciendo en territorio refugio, aunque considerablemente debilitado respecto al promedio histórico. La transición durante febrero-marzo 2025 llevó las betas hacia territorio positivo, alcanzando valores entre +0,010 y +0,023, indicando episodios donde aumentos en el VIX se asociaron temporalmente con aumentos en las rentabilidades de los bonos. El período abril-julio 2025 mostró una recuperación parcial hacia valores negativos moderados y territorio neutro, pero manteniéndose consistentemente por encima de la beta histórica de refugio robusta de -0,0104. Contrariamente a las expectativas derivadas del análisis de correlaciones móviles, el test de Chow no detecta evidencia estadísticamente significativa de cambio estructural en el comportamiento refugio de los bonos del Tesoro estadounidense (F=0,056, p>0,10). Los coeficientes beta permanecen prácticamente estables entre ambos períodos, transitando mínimamente desde -0,009186 en el período pre-Trump hacia -0,009254 post-Trump, representando una variación de apenas -0,7%. Esta discrepancia entre los hallazgos de correlaciones móviles y el test de Chow sugiere varias interpretaciones posibles. Primero, el deterioro del comportamiento refugio de los bonos del Tesoro podría ser un proceso más gradual que requiere períodos temporales más extensos para manifestarse estadísticamente mediante test de cambio estructural. Segundo, la ventana post-Trump de 24 observaciones, aunque metodológicamente apropiada, podría resultar insuficiente para capturar completamente la magnitud del cambio en instrumentos con alta inercia institucional como los bonos soberanos. Tercero, es posible que el test de Chow, siendo más conservador que el análisis de correlaciones móviles requiera magnitudes de cambio mayores para detectar significancia estadística, especialmente considerando la alta volatilidad intrínseca de los mercados de bonos. La preservación estadística del comportamiento refugio en estos instrumentos, no obstante, contrasta marcadamente con la “emergentización” confirmada del DXY, sugiriendo que la pérdida de confianza en los activos estadounidenses afecta más intensamente la percepción de fortaleza monetaria que la credibilidad crediticia soberana. ## 4. Bonos alemanes: mantenimiento robusto de la función refugio El análisis de los bonos alemanes a 10 años revela un comportamiento que contrasta marcadamente con el deterioro observado en activos estadounidenses, proporcionando evidencia sólida de la especificidad del fenómeno estudiado. Históricamente, los bonos alemanes han exhibido una correlación negativa robusta con el VIX, con una media de -0,22, confirmando su función establecida como refugio europeo principal, como se deduce de la Figura 5. Durante el período Trump 2025, los bonos alemanes no sólo mantienen, sino que intensifican, su comportamiento refugio tradicional. Las correlaciones VIX-Bund muestran una evolución hacia territorio más negativo, oscilando entre -0,09 en enero y alcanzando valores tan bajos como -0,48 durante marzo 2025. Esta tendencia hacia correlaciones más negativas indica que los bonos alemanes están capturando una mayor proporción de flujos refugio durante períodos de estrés elevado. Las betas móviles experimentan una transformación paralela, evolucionando desde valores cercanos a la media histórica de -0,007 hacia territorio significativamente más negativo, alcanzando picos de -0,022 durante marzo 2025, como se percibe en la Figura 6. Esta intensificación sugiere que los bonos alemanes no sólo mantienen su sensibilidad refugio tradicional, sino que la amplían considerablemente en respuesta al contexto de incertidumbre generado por las políticas estadounidenses. En cuanto a los resultados del test de Chow, los bonos alemanes, incluidos como control para verificar la especificidad geográfica del deterioro, no muestran cambios estructurales estadísticamente significativos (F=0,666, p>0,10), confirmando que el fenómeno de “emergentización” es específico de los activos estadounidenses y no refleja alteraciones globales en las preferencias de refugio. Este fortalecimiento del comportamiento refugio alemán durante el período de deterioro estadounidense confirma la hipótesis de especificidad geográfica del fenómeno. Mientras los bonos del Tesoro estadounidense pierden su función refugio tradicional, los bonos alemanes se benefician de una redirección de flujos de capital que buscan alternativas refugio fuera del ámbito de influencia directa de las políticas Trump, validando que el deterioro observado no refleja un cambio estructural global en las preferencias de refugio sino una pérdida específica de confianza en la estabilidad económica e institucional estadounidense. ## 5. Índices bursátiles: validación del VIX como medida de estrés global El análisis de los índices bursátiles S&P 500 y Eurostoxx 50 confirma la validez del VIX como indicador de estrés financiero global y valida la especificidad geográfica del fenómeno de “emergentización” observado en los activos refugio estadounidenses. ### 5.1. Comportamiento histórico consistente (2000-2024) Ambos índices han mantenido correlaciones positivas robustas con el VIX a lo largo del período histórico, confirmando el comportamiento esperado de activos de riesgo durante episodios de estrés. El S&P 500 presenta una correlación media histórica de -0,797, mientras que el Eurostoxx 50 muestra -0,667, ambas dentro de los rangos esperados para activos de riesgo que se debilitan durante períodos de alta volatilidad. Durante crisis históricas significativas, ambos índices han exhibido el comportamiento esperado de activos de riesgo. La crisis puntocom (2001-2003) generó correlaciones mínimas de -0,934 para el S&P 500 y -0,869 para el Eurostoxx 50. La crisis financiera global (2007-2009) produjo correlaciones sostenidas entre -0,8 y -0,9 para ambos índices, mientras que la pandemia del COVID-19 en marzo 2020 alcanzó -0,982 y -0,936 respectivamente. ### 5.2. Estabilidad durante el período Trump 2025 Lo más relevante para la validación metodológica es que ambos índices mantienen sus correlaciones características durante el período enero-julio 2025. El S&P 500 preserva correlaciones entre -0,834 y -0,888, perfectamente alineadas con su media histórica. De manera similar, el Eurostoxx 50 mantiene correlaciones entre -0,643 y -0,788, también consistentes con patrones históricos. Las betas móviles confirman esta estabilidad. El S&P 500 mantiene betas entre -0,004 y -0,005, muy próximas a su media histórica de -0,006. El Eurostoxx 50 preserva betas entre -0,003 y -0,004, igualmente consistentes con su comportamiento histórico de -0,006. Aunque los activos de riesgo, tanto estadounidenses como europeos, han mostrado un comportamiento relativamente estable durante parte del período analizado –lo que inicialmente sugería que el deterioro observado era específico de los refugios estadounidenses–, los resultados del test de Chow revelan cambios estructurales estadísticamente significativos en la sensibilidad de los índices bursátiles al VIX. En particular, el S&P 500 presenta una reducción del 25,5 % en su beta (F=3,246; p<0,05) y el Eurostoxx 50 del 43,8 % (F=5,974; p<0,01), indicando una menor reactividad ante episodios de estrés. Esta evidencia apunta a un fenómeno más amplio: un posible desacoplamiento parcial de los mercados internacionales respecto a las dinámicas de volatilidad estadounidenses, que refleja no sólo una pérdida de confianza en la estabilidad económica de EEUU, sino también una erosión de su centralidad en la transmisión global de _shocks_ financieros. ## 6. Síntesis de los hallazgos principales Este estudio ofrece evidencia empírica preliminar de que las políticas económicas de la Administración Trump desde enero de 2025 han iniciado un deterioro parcial en el comportamiento refugio de los activos estadounidenses tradicionalmente considerados seguros. Se observan alteraciones incipientes pero significativas que apuntan a una erosión gradual de patrones establecidos en los mercados financieros globales. El hallazgo más sólido es un cambio estructural en el comportamiento del dólar (DXY), cuya sensibilidad al VIX ha pasado de una beta positiva a negativa (cambio de -156,6 %, p<0,05, test de Chow), indicando una pérdida parcial de su función refugio. Si bien las ventanas largas confirman esta inversión, las más cortas muestran evidencia mixta, sugiriendo una “emergentización” incompleta. La robustez del resultado a múltiples fechas de corte valida su asociación con el giro de política económica, aunque se requiere más tiempo de observación. Los bonos del Tesoro muestran una dinámica distinta: el test de Chow no indica cambios estructurales, pero el análisis revela un patrón de “emergentización” temporal entre enero y marzo de 2025, con correlaciones positivas significativas en el 37,5% de las observaciones. A partir de abril, sin embargo, los bonos recuperan su comportamiento refugio, con correlaciones consistentemente negativas. Esta recuperación apunta a una percepción más estable del riesgo crediticio soberano frente a la volatilidad monetaria. La divergencia entre el DXY y los bonos sugiere que los mercados distinguen entre riesgos monetarios y fiscales: mientras el dólar refleja pérdida de confianza en la estabilidad económica, los bonos retienen su atractivo como activo seguro. Esta diferenciación se ve reforzada por el fortalecimiento de refugios alternativos, como los bonos alemanes, cuyas correlaciones y betas frente al VIX se intensificaron durante el período de mayor tensión. Finalmente, el estudio identifica efectos sistémicos no previstos: el S&P 500 y el Eurostoxx 50 presentan reducciones estadísticamente significativas en su sensibilidad al VIX (25,5 % y 43,8% respectivamente, test de Chow), lo que sugiere un incipiente desacoplamiento de los mercados internacionales respecto a la volatilidad estadounidense. Esto podría reflejar una pérdida progresiva de la centralidad de EEUU en la transmisión de shocks financieros globales, aunque se requiere validación longitudinal para confirmar un cambio estructural más profundo. ## 7. Implicaciones teóricas y prácticas ### 7.1. Recalibración de modelos financieros Los hallazgos del estudio requieren una recalibración fundamental de los modelos de valoración financiera que han incorporado históricamente el dólar y los bonos del Tesoro como activos libres de riesgo. El _Capital Asset Pricing Model_ (CAPM) y modelos derivados deberán ajustar sus parámetros de riesgo-país estadounidense y considerar refugios alternativos en sus especificaciones. Esta recalibración afecta desde la valoración de derivados hasta las decisiones de asignación estratégica de activos en carteras institucionales globales. Los bancos centrales se enfrentan a la necesidad urgente de revisar sus políticas de gestión de reservas internacionales. La pérdida de predictibilidad en el comportamiento refugio del dólar requiere una diversificación más agresiva hacia monedas alternativas, incluyendo el euro, el yen, e incluso consideraciones sobre monedas digitales de bancos centrales. Esta diversificación podría acelerar la multipolarización del sistema monetario internacional y reducir la demanda estructural de dólares estadounidenses. A la luz de estos hallazgos, se fortalece la hipótesis de una sustitución multipolar progresiva en los activos refugio globales. La literatura reciente sobre arquitectura financiera internacional sugiere que la creciente competencia entre divisas fuertes (euro, yuan, francos suizos) podría generar una matriz de refugios alternativos más distribuida, donde ningún activo retenga de forma exclusiva el estatus absoluto de _safe haven_. Esta transformación gradual obligará a reconfigurar no sólo modelos de valoración, sino también el propio concepto de refugio, entendiéndolo como una cualidad relacional y contingente más que como un atributo intrínseco y permanente. ### 7.2. Gestión de riesgos institucionales Las instituciones financieras globales deben reconsiderar sus marcos de gestión de riesgos que tradicionalmente han tratado los activos estadounidenses como anclajes de estabilidad en situaciones de crisis. Los fondos de pensiones, aseguradoras y gestores de activos institucionales necesitan desarrollar nuevas estrategias de cobertura que no dependan exclusivamente de activos refugio estadounidenses. Esta transición podría incluir mayor exposición a refugios alternativos como bonos alemanes, suizos o activos reales como el oro. La industria de derivados se enfrenta a desafíos particulares dado que muchos productos estructurados incorporan _assumptions_ sobre el comportamiento predecible de activos refugio estadounidenses. Los contratos de seguros de cartera, derivados de volatilidad y productos de capital protegido requerirán reestructuración para reflejar la nueva realidad de riesgo de los activos tradicionalmente considerados seguros. ### 7.3. Política monetaria y fiscal internacional Los hallazgos poseen implicaciones significativas para la efectividad de la política monetaria estadounidense en el contexto internacional. La pérdida de la función refugio del dólar podría reducir la capacidad de la Reserva Federal para influir en las condiciones financieras globales, tradicionalmente una herramienta poderosa durante crisis internacionales. Esta reducción de influencia podría requerir mayor coordinación internacional de políticas monetarias para mantener la estabilidad financiera global. Para otros bancos centrales, especialmente el Banco Central Europeo (BCE), los hallazgos sugieren una mayor responsabilidad en la provisión de liquidez refugio internacional. El fortalecimiento observado en los bonos alemanes podría presionar al BCE para desarrollar instrumentos y políticas que faciliten su función emergente como proveedor de refugio alternativo al sistema estadounidense. **Conclusiones** Este estudio documenta señales incipientes pero sólidas de un cambio de régimen financiero: la erosión parcial del estatus refugio del dólar y de los bonos del Tesoro bajo la Administración Trump 2025. Por primera vez en décadas, los activos tradicionalmente considerados más seguros del sistema internacional han mostrado comportamientos propios de economías emergentes ante episodios de estrés. El hallazgo más robusto es la inversión estadísticamente significativa en la sensibilidad del dólar al riesgo global, mientras que los bonos del Tesoro, aunque más resistentes, experimentaron episodios claros de deterioro temporal. A la vez, activos alternativos como los bonos alemanes intensificaron su función refugio, y los índices bursátiles internacionales mostraron una menor dependencia de la volatilidad estadounidense, apuntando a un posible desacoplamiento. La función refugio no es un atributo permanente, sino una construcción institucional y reputacional. Este trabajo muestra que incluso los pilares del sistema financiero internacional pueden ser erosionados por decisiones de política económica. En un mundo interconectado, la credibilidad es tan estratégica como la política fiscal. Más allá del corto plazo, estos hallazgos plantean una pregunta fundamental ¿puede seguir existiendo un ancla global sin estabilidad institucional sostenida? Si el privilegio exorbitante se quiebra, lo que vendrá no será necesariamente el caos, pero sí un sistema internacional más fragmentado, más contingente y, posiblemente, más vulnerable. * * * [1] El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) constituye la medida más ampliamente utilizada de la fortaleza relativa del dólar estadounidense en los mercados internacionales. Este índice ponderado mide el valor del dólar frente a una canasta de seis divisas principales: el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. [2] La evaluación de la relevancia estadística de los cambios estructurales detectados se basa en tres niveles de confianza establecidos. Un cambio estructural se considera altamente significativo cuando el p-valor es inferior al 1%, indicando una probabilidad extremadamente baja de que las diferencias observadas se deban al azar. Los cambios con p-valores entre 1% y 5% se clasifican como significativos, proporcionando evidencia robusta de alteraciones estructurales. Finalmente, aquellos cambios con p-valores entre 5% y 10% se consideran marginalmente significativos, sugiriendo la presencia de alteraciones que requieren análisis adicional para confirmar su robustez. [3] Sensibilidad a ventanas temporales alternativas, con una ventana corta de 13 semanas y una larga de 52 semanas; validación mediante fechas de corte alternativas (1 de enero y 1 de febrero de 2025); y análisis del primer mandato de Trump.

**Mensajes clave** * El 12 de junio de 1985, España y Portugal firmaron sus Tratados de Adhesión a las Comunidades Europeas, culminando un largo camino de democratización e inserción internacional. 40 años después, este documento analiza el efecto de esa integración a partir de tres ejes: la evolución de su presencia global; el grado de convergencia real de renta con Europa; y el impacto de las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea (UE) en la dinámica de convergencia. * Ambos países experimentaron un notable aumento de su presencia global en las últimas décadas, superior incluso al promedio europeo. Sin embargo, la convergencia real de renta ha sido más oscilante, con fases de progreso, retroceso y una recuperación reciente. Las sucesivas ampliaciones, el diseño institucional de la UE y las crisis globales han fragmentado el proceso de convergencia, que ha mutado a algo más parecido a convergencias entre “clubs” de países, generando una divergencia estructural difícil de revertir sin políticas activas. * El documento concluye que, aunque el contexto ha cambiado, la convergencia sigue siendo un objetivo político y económico irrenunciable para la estabilidad del proyecto europeo y que su profundización requiere inversiones sostenidas de “bienes públicos” europeos –como la transición verde, la defensa y la seguridad, pero también el capital humano, la tecnología, la innovación, la apertura al exterior, el Estado de derecho y la calidad de la regulación–, lo que debería llevar a un Pacto de Inversión Europeo parcialmente financiado con emisiones comunitarias en euros que refuercen el papel global de la moneda en un momento clave y novedoso de la geopolítica global. **Análisis** ## 1. Introducción El 12 de junio de 1985 representa una fecha trascendental en la Historia moderna de España y Portugal. Ese día, ambos países firmaron sus respectivos Tratados de Adhesión a las Comunidades Europeas (actual Unión Europea), culminando un largo proceso de negociaciones que en el caso español se había prolongado más de dos décadas.[1] La firma de esos tratados[2] –primero en Lisboa, en el Convento de los Jerónimos, y después en Madrid, en el Palacio Real– marcaron el final del aislamiento internacional que ambos países habían experimentado durante décadas y simbolizó su plena incorporación al proyecto europeo, un punto de inflexión que trascendía lo meramente económico para convertirse en un símbolo de regeneración democrática, apertura cultural y redefinición identitaria. Como expresó Felipe González durante la ceremonia de firma del Tratado: “España es Europa”. Esta frase condensaba un deseo latente durante generaciones de españoles que habían visto en Europa la solución a los problemas históricos de España. Para Portugal, el significado fue igualmente profundo: tras la Revolución de los Claveles (1974) y el fin definitivo de su imperio colonial, el país buscaba un nuevo horizonte que le permitiera superar su aislamiento geográfico y político. Para ambos, Europa representaba ese futuro prometedor. 40 años después ambos países han cumplido aquel sueño europeo. El objetivo de este documento es apuntar desde tres perspectivas distintas lo que ha ocurrido en España, Portugal y la UE desde entonces. En primer lugar, utilizando el Índice Elcano de Presencia Global visualizaremos la evolución de la presencia global de España y Portugal en los tres ámbitos que permite analizar el índice: la dimensión económica, la dimensión militar externa y el poder blando, contextualizando este avance en el proceso de la segunda globalización que tuvo lugar entre 1990 y 2023. En la siguiente sección, nos concentraremos en el análisis de la convergencia económica de ambas economías. En concreto, trataremos de ilustrar si ambos países han sido capaces de acortar las diferencias de renta que los separaban de los países del bloque europeo creciendo más rápido que los países que partían con un mayor nivel de renta per cápita, un proceso que la literatura económica identifica como “convergencia beta”. La última sección aborda el efecto de las sucesivas ampliaciones de la UE sobre la intensidad y peculiaridades de ese proceso de convergencia. Cada una de las ampliaciones –la actual UE ha sufrido siete[3] procesos de ampliación desde 1959– ha supuesto un aumento significativo de la dispersión de los niveles de renta del bloque y nuestra hipótesis es que este incremento de la “divergencia sigma” ha afectado la efectividad de los instrumentos diseñados para conseguir la convergencia en los niveles de crecimiento y en la volatilidad económica de los países miembros. En concreto, tratamos de demostrar que las ampliaciones han convertido la convergencia en un proceso dinámico y heterogéneo dependiente del cambio en la naturaleza de la UE, del consiguiente ajuste de sus políticas de convergencia y de los _shocks_ de la economía global que se han producido a lo largo de estos años. La consecuencia de los distintos ritmos de convergencia de cada ampliación y de las diferencias entre países que se registran dentro de cada uno de esos “clubs”, y de la evidente persistencia de significativas divergencias de renta y de volatilidad en respuesta a los cambios geopolíticos y geoeconómicos globales, sugieren la necesidad de repensar las políticas de crecimiento y de convergencia del espacio económico y político europeo. ## 2. De la primera globalización a la europeización de España y Portugal En mayo de 2022, el Real Instituto Elcano junto al _Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa_ , el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado publicó un volumen titulado _España y Portugal en la globalización. 500 años de la primera circunnavegación_[4] para conmemorar el V Centenario del viaje de Magallanes-Juan Sebastián de Elcano. En lo que sería una de sus últimas contribuciones a la academia, Sir John Elliot[5] escribió en el capítulo introductorio un elegante análisis del papel protagónico de ambos países en la primera globalización –la que surge tras la primera vuelta al mundo concluida por Elcano el 8 de septiembre de 1522– en el que explicaba cómo España y Portugal articularon redes políticas, jurídicas y económicas que integraban territorios dispares en un marco común que anticipaba, obviamente de forma imperfecta, los retos actuales de gobernanza multinivel en Europa. Aunque la historiografía ha subrayado con particular intensidad el papel que la plata novohispana y el comercio ultramarino tuvieron como precursores de la lógica monetaria y comercial que siglos después impulsarían al euro y al mercado único, la globalización ibérica también mostró el dilema entre unidad y diversidad que sigue estando presente en el proceso de convergencia europea. Portugal y España, tras la pérdida de sus imperios –que a la postre resultaron más persistentes que los de sus rivales– tardaron más de un siglo y medio en volver a integrarse significativamente en la economía mundial. Su segunda intentona comenzó precisamente con la firma de los Tratados de Adhesión a las Comunidades Europeas de 1985, en vísperas del segundo proceso de globalización de la economía mundial, que habitualmente se asocia con la desaparición de la Unión Soviética (25 de diciembre de 1991) y la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio (OMC) (11 de diciembre de 2001). Haberse anticipado por un estrecho margen temporal a esos dos acontecimientos geopolíticos no es un tema baladí, ya que ambos marcan la reordenación, primero gradual y luego súbita, del orden económico internacional que había surgido al finalizar la Segunda Guerra Mundial y del que tanto Portugal como España habían sido jugadores periféricos. La consecuencia de aquella tercera ola democratizadora del último cuarto del siglo XX es que para poder medir el grado de éxito que los países ibéricos tuvieron en su segundo intento de inserción en la economía global, resulta imprescindible adoptar una perspectiva dual: de un lado, analizar cómo aumentaron en términos absolutos su presencia en el mundo y, de otro, comparar ese aumento de presencia con el que registró Europa, el bloque político y económico en el que acababan de integrarse. El Índice Elcano de Presencia Global[6] es una herramienta muy útil para describir ambos procesos de internacionalización de la península ibérica. En el documento del Real Instituto Elcano ya mencionado, Iliana Olivé, Manuel Gracia e Inés M. Ribeiro lo analizaron con detalle,[7] mientras que Federico Steinberg y José Juan Ruiz abordaron el análisis de las transformaciones económicas y sociales experimentadas por ambas economías. Este trabajo retoma parte de aquel análisis y lo actualiza hasta el año 2024.[8] La Figura 1 describe lo que posiblemente sea una de las características más sobresalientes de los procesos de integración de España y Portugal puestos en marcha en aquel junio de 1985: en una época histórica unánimemente considerada como la edad de oro de la globalización –para algunos, incluso de “hiperglobalización”– ambas economías registraron un aumento de presencia global superior al observado en Europa. En el caso de España, también por encima del promedio mundial. **Figura 1. Evolución de la presencia global, 1990-2024** Como puede observarse en la figura, el proceso de aumento de la presencia global presenta tres fases diferenciadas. En el caso de España, hasta la crisis financiera de 2008-2014, el incremento fue notablemente rápido, dando paso a una segunda fase en la que se revirtió parcialmente parte de ello, iniciándose –a partir de 2015, una vez finalizado el ajuste de la crisis europea–, primero una estabilización y luego un ligero crecimiento de la presencia exterior, aunque esta vez ya a ritmos similares a los de la globalización mundial. En el caso de Portugal, la desaceleración se produjo antes –en torno al año 2000–, su presencia externa se mantuvo relativamente estable durante los siguientes 15 años y, a partir de 2015, ha regresado a una tendencia creciente. Estas fases del proceso de cambio de las dos economías las volveremos a ver reaparecer cuando analicemos su comportamiento macroeconómico y, sobre todo, el avance de su convergencia de renta real con la UE. Una de las características del proceso global de globalización que muestra el Índice Elcano es la elevada concentración de la presencia global en un número muy reducido de países: en torno al 50% del valor absoluto global del Índice está concentrado en tan sólo seis economías: Estados Unidos (EEUU), China, Alemania, Japón, Reino Unido y Rusia. Como consecuencia de ello, el valor absoluto del Índice de España y Portugal es moderado –en promedio un 2% y un 0,4%, respectivamente– y también por ello han sido moderadas las respectivas variaciones tanto absolutas como relativas. No obstante, han sido suficientes para que, tanto España como Portugal, hayan sido capaces de mantener sus posiciones relativas en el _ranking_ de presencia global: España ocupa el puesto 13º y Portugal, el 37º. Una interesante característica de cómo Portugal y España han avanzado posiciones se puede obtener atendiendo a las contribuciones que hacen al Índice cada una de las tres categorías que lo componen. Cuando ese análisis se hace para el Índice global, lo primero que se advierte es que la “globalización” avanzó fuertemente en el periodo pese a que el componente militar global sufrió una fuerte contracción: mientras que, en 1990 el componente militar suponía el 44% del indicador, pese a los aumentos últimamente registrados, el indicador de presencia militar apenas aporta 20 puntos al indicador global. No hay dato quizá más concluyente sobre la naturaleza del proceso de globalización que ha vivido la economía mundial en estas tres décadas y media: el “dividendo de la paz” se tradujo en un aumento muy notable del peso de la presencia económica externa –que pasó del 40% al 55%– y de nueve puntos porcentuales en el poder blando: del 16% al 25%. Este modelo de globalización económica es el que también siguieron Portugal y España. En nuestro caso, el peso del componente militar cayó entre 1990 y 2024 en torno a 28 puntos porcentuales, que se repartieron casi por igual entre el índice económico (18 puntos) y el de poder blando (11 puntos porcentuales). En el caso de Portugal, los 32 puntos porcentuales que cayó su índice militar fueron a economía (17) y los 15 restantes a poder blando. Cuando se analiza con más detalles qué subyace bajo estos cambios, aparece la Historia.[9] **Figura 2.1. Valor de la presencia de España desagregado por regiones, 2019** Fuente: Índice Elcano de Presencia Global, Real Instituto Elcano. **Figura 2.2. Valor de la presencia de Portugal desagregado por regiones, 2019** Fuente: Índice Elcano de Presencia Global, Real Instituto Elcano. Como muestran los mapas en los que se representa la desagregación geográfica de los índices totales de ambos países, dos tercios de la presencia exterior de Portugal se concentra en la UE y en Brasil, y un 10% adicional en África. Por el contrario, la presencia global de España está menos concentrada en Europa (53%), un 16% se debe a América Latina y otro 10% a EEUU. Los datos anteriores muestran que Portugal y España, gracias a su adhesión a la UE, no perdieron el tren de la globalización que estaba a punto de partir. De hecho, ambos, aunque con énfasis y ciclos distintos, lo hicieron mejor que la UE como consecuencia del proceso de _catch-up_ que les abrió sus muchos años de aislamiento y el dividendo de la paz que posibilitaron los acontecimientos geopolíticos de los primeros años 90. La otra inferencia es que ambos países se apalancaron en su Historia para intensificar sus intercambios económicos –especialmente la inversión directa– con América Latina en el caso de España y, en el caso de Portugal, con Brasil y África. ## 3. La convergencia real de España y Portugal La historia económica de los últimos 100 años de España está marcada por cuatro decisiones económicas que cambiaron el rumbo del país: el Plan de Estabilización de 1959, el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, la entrada en el euro de 1989 y la estrategia europea adoptada para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Entre la España del Plan de Estabilización y la España de los fondos _NextGenerationEU_ media un proceso exitoso de radical transformación desde una economía atrasada, pobre, autárquica y corporativa a una economía de renta alta, diversificada, abierta e integrada en Europa. Pese a los problemas y vulnerabilidades –mayor volatilidad, menor productividad, menor tasa de empleo y mayor tasa de desempleo, mayor desigualdad, menor gasto en I+D que los registrados en Europa– la gran mayoría de indicadores económicos y sociales han mejorado de forma muy significativa y es empíricamente difícil esgrimir que alguna vez hubo tiempos mejores. España, más allá de en el nivel de renta per cápita ha convergido con Europa. España es Europa. El proceso de convergencia que media entre las dos fechas, sin embargo, no ha sido lineal. Ha habido etapas de aceleración, otras de estabilización y, sobre todo, ha habido fases de retroceso. Cada una de estas fases ha dejado no sólo su huella en el proceso de convergencia, sino que debería habernos recordado que “correlación” no siempre implica causalidad: el hecho de ser miembro de la UE no necesariamente conlleva el bonus de la convergencia de rentas per cápita. Para poder inferir las características del proceso español hemos construido la Figura 3, en la que se representan la ratio entre la renta per cápita española y la renta correspondiente al percentil 85 de la renta de los países que eran miembros de la UE en ese año específico. Se ha elegido este indicador en lugar de la mediana o la media ponderada porque nos ayuda a “windsorizar” la renta de la UE mediante la exclusión de Luxemburgo e Irlanda, dos países que conjuntamente representan el 3,5% del PIB comunitario, pero que exhiben niveles de renta per cápita muy alejados del promedio y unas tasas de aumento del ingreso per cápita que no se han debido a los motores de crecimiento del resto de economías. **Figura 3. Convergencia de la renta per cápita de España y Portugal a 85% de percentil de la renta de la UE** Como puede verse, Portugal y España presentan un ciclo de convergencia muy similar en el que se pueden distinguir tres grandes fases: La inicial, entre 1985 y la adopción del euro en 1999, una etapa de fuerte convergencia, con una beta en el caso español del 2,7% anual que implicaba una convergencia anual del 3,1%. Hay razones de peso que explican este muy buen resultado. Las transferencias netas de recursos comunitarios –en torno al 1% del PIB anual– quizá sea el factor más destacado en la mayoría de los análisis. Con certeza, aquellos recursos ayudaron a que consiguiéramos una espectacular mejora de nuestras infraestructuras y, por tanto, una mayor integración y eficiencia de nuestros mercados internos y de nuestras políticas macro. Pero junto a ellos, hubo otros tres factores que probablemente fueron igual o más determinantes del avance: el proceso acelerado de modernización institucional, el salto en la integración comercial y financiera de ambos países en Europa y la economía global –basta con observar que la apertura comercial de España en 1985 era del 26% del PIB y en 1999 ya alcanzaba el 65% del PIB– y, en particular, el hecho frecuentemente olvidado de que España a lo largo de casi 20 años estuvo enfrascada en un permanente proceso de reformas micro y macroeconómicas. Las reformas se iniciaron antes de la entrada –de hecho, se presentaron como las reformas que había que hacer para poder ser aceptados en la UE–, continuaron durante el periodo transitorio de adopción del “ _acquis communautaire_ ” y se aceleraron como consecuencia de dos proyectos comunitarios a los que España decidió sumarse desde el primer momento: el Mercado Único Europeo y la Unión Monetaria Europea. Cuando se pone en perspectiva ese periodo, lo que realmente aparece es que la regulación y las políticas macro y micro españolas estuvieron en un permanente proceso de cambio. Y en esos años, España y Portugal crecieron más que Europa. A partir de 1999 sufrimos una prologada fase de divergencia que duró casi 15 años, en los que se produjeron la crisis financiera de 2008 y la crisis europea de 2012. En esa fase del ciclo global y comunitario, España registró una beta negativa del 2,9% y un retroceso en la reducción de la brecha de renta per cápita del 40%. La magnitud y persistencia del retroceso hace poco plausible que pueda en su totalidad atribuirse a las ampliaciones posteriores de la UE o al descenso marginal que en aquellos años se produjo en el flujo de fondos comunitarios a los países ibéricos. Más bien, lo que ocurrió es que ambas economías mostraron una vulnerabilidad estructural a las crisis mucho mayor que la que exhibieron las economías más desarrolladas de la UE. España acumuló en los cuatro años que en este periodo estuvo en crisis una caída de su PIB per cápita del 8,7% frente a la reducción de un 5,5% que experimentaron Alemania o Francia. En nuestro caso, las crisis fueron más profundas y más duraderas. La última fase va desde 2015 a 2025 y, pese a incluir la pandemia, es nuevamente una fase de convergencia significativa. De hecho, España exhibe una sincronización casi perfecta con los países de mayor renta. La beta de este periodo ha sido del 2,2% y, en la última década, la brecha de renta per cápita se ha reducido en más de un 10%. Lo que los datos parecen sugerirnos es que el problema no ha sido que no hayamos crecido más que los países europeos más desarrollados, sino en la mayor vulnerabilidad que ambas economías han presentado ante los _shocks_ globales. Lo que nos lleva al tema de fondo: ¿por qué han persistido esas vulnerabilidades estructurales? ¿Por qué pertenecer a la UE no garantiza la convergencia de políticas macro y de resultados? Para contestar a esas cuestiones hay que analizar cómo las sucesivas ampliaciones de la UE han cambiado la naturaleza y objetivos de sus políticas de convergencia. Es lo que vamos a tratar de esbozar en la siguiente sección. ## 4. La cambiante naturaleza de la convergencia en la UE Las sucesivas ampliaciones de la UE inevitablemente han resultado en un aumento de los niveles de divergencia intracomunitaria de las rentas per cápita de los Estados miembros. Es decir, de la divergencia sigma. Sin infravalorar un ápice la deseabilidad y crítica importancia geoestratégica que estuvo detrás de las ampliaciones del siglo XXI, la consecuencia de cada una de ellas es que el objetivo de convergencia fue dando paso a otro más verosímil de clusterización –al menos en términos de renta per cápita– del proyecto europeo. Aunque el relato oficial siempre ha rechazado la Europa a varias velocidades, la realidad es que el mapa europeo del crecimiento lo que describe es más parecido a proceso de convergencia de varios “clubs” de países que a un proceso único. Para visualizarlo, la Figura 4 representa las tasas de crecimiento acumuladas por cada país desde el momento de su ingreso en la UE hasta 2025 y la renta per cápita[10] que tenía en el momento de su adhesión. Para el total de países, las medias correspondientes son 2,2% y 32.000 dólares PPP. **Figura 4. Crecimiento acumulado desde la adhesión y renta per cápita en el momento de entrada** Fuente: elaboración propia. Los cuatro cuadrantes resultantes son elocuentes: en el “óptimo” –altos niveles de renta de partida y elevadas tasas de crecimiento– sólo parece estar Luxemburgo; en el cuadrante II, altos niveles de renta de partida y tasas de crecimiento moderadas están la inmensa mayoría de los países fundadores más Eslovenia, República Checa, Chipre, Finlandia, Italia y Austria, estos dos últimos con tasas de crecimiento significativamente por debajo de su “club”. En el cuadrante III, países que a la entrada tenían niveles medio de renta y han logrado crecer a tasas también moderadas, están Portugal, Hungría, Estonia, España y, descolgada en términos de tasas de crecimiento, Grecia. Finalmente, en el cuadrante IV, los países que entraron con niveles de renta bajos son los que más han crecido, con una importante y significativa excepción: Irlanda, un país de la ampliación de 1973 pero con motores de crecimiento que poco tienen que ver con el de los otros países comunitarios. Cuando todas esas experiencias se consolidan, la beta incondicional de la UE es baja (apenas un 0,3%) lo que difícilmente permite caracterizar el área como una institución diseñada y focalizada en la convergencia, aunque tenga un amplio despliegue de políticas que nocionalmente persiguen ese fin. Si se profundiza en el análisis y se controla por la existencia de crisis globales –crisis financiera, crisis del euro y del COVID-19– y por variables como los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, los resultados se mantienen: el aumento de divergencia sigma consecuencia de las ampliaciones y las respuestas nacionales y comunitaria a las crisis de 2008-2014 han restado eficiencia y foco a las políticas de convergencia comunitaria. **Conclusiones** ## ¿Merece la pena seguir persiguiendo la convergencia? Han pasado ya cuatro décadas desde que España y Portugal firmaron sus Tratados de Adhesión a la Comunidades Europeas. Desde entonces, ambos países han experimentado una transformación profunda que difícilmente puede explicarse sin su pertenencia a la Unión. Sin embargo, los objetivos fundacionales de integración económica y convergencia real han enfrentado nuevos desafíos tras la adopción del euro, las sucesivas ampliaciones y las crisis globales. Hoy, en un contexto geopolítico y económico radicalmente distinto, es legítimo preguntarse: ¿tiene sentido seguir apostando por la convergencia real? Nuestra respuesta es afirmativa, pero requiere redefinir los medios, las prioridades y el marco institucional. La convergencia es hoy un proyecto inacabado y fracturado. Los datos macro son tozudos: el proceso de convergencia real no ha sido lineal. La primera etapa (1985-1999) fue de convergencia intensa, impulsada por transferencias comunitarias, reformas estructurales y una integración progresiva en el mercado único. La segunda (1999-2014), en cambio, mostró una divergencia significativa, fruto de vulnerabilidades internas, crisis globales y una arquitectura institucional incompleta. La etapa reciente (2015-2025) apunta a una convergencia renovada, aunque todavía frágil y heterogénea. Las ampliaciones del este (2004, 2007) y el ingreso en la zona euro de las economías periféricas –en especial de Grecia– generaron una paradoja: al tiempo que se amplió el mercado y se reforzó el proyecto político, aumentó la divergencia sigma de renta. Esta evidencia sugiere que la convergencia no es automática ni está garantizada por el mero acceso al mercado o a los fondos comunitarios: para converger hay que invertir y crecer. La resiliencia ante los _shocks_ es también un objetivo crítico. Las experiencias de las crisis de 2008-2014 y de la pandemia de 2020 han puesto de manifiesto que la UE no protege por igual a todos los países. Las brechas estructurales en capital humano, I+D, gobernanza, calidad institucional o eficiencia regulatoria explican buena parte de la mayor vulnerabilidad de las economías del sur y de ciertos miembros del este. Por ello, la convergencia real debe ir acompañada de un refuerzo de la resiliencia estructural, entendida no sólo como capacidad de respuesta a _shocks_ externos, sino como estabilidad macroeconómica sostenible y convergencia institucional. Esta resiliencia no puede dejarse únicamente en manos de políticas nacionales: exige instrumentos comunes más ambiciosos. Una ruta para testar sería, además del reforzamiento del Mercado Único y el aumento de la competitividad con igualdad propuestas por Letta y Draghi, un Pacto Europeo de Inversión que amplíe el foco más allá de la Defensa, la Transición Verde o la reindustrialización, e incluya explícitamente la inversión en capital humano y educación de calidad, el desarrollo de capacidades tecnológicas, científicas e innovadoras y el refuerzo del Estado de derecho y de la calidad de la regulación. Todos esos elementos deben ser considerados bienes públicos europeos, esenciales para consolidar un espacio común cohesionado, competitivo y resiliente. Este Pacto debería financiarse con una combinación de instrumentos, como una nueva generación de fondos europeos de cohesión más orientada a resultados estructurales, pero sobre todo por una transición progresiva hacia activos seguros europeos en euros (_safe assets_) que refuercen el papel global del euro como divisa estable y creíble. Para ello, desde luego sería necesario contar con una mayor trasferencia de recursos desde los Estados a la UE para que esta asegurara la condición _safe assets_ de sus emisiones, y un marco de reglas fiscales que condicione el uso de recursos a la consecución de objetivos verificables de inversión estructural como ya se ha hecho con los _NextGeneration._ Una mayor convergencia y una reforzada resiliencia son los dos caminos para volver a dar legitimidad al proyecto económico europeo, probablemente un prerrequisito para que pueda seguir siendo viable social y políticamente en tiempos geopolíticos tan revueltos como los actuales. La UE debe recuperar el ideal de convergencia como uno de los pilares de su legitimidad política. En un contexto de creciente contestación democrática, tensiones territoriales y amenazas geopolíticas, una Europa que no garantice oportunidades equivalentes de progreso a todos sus ciudadanos se arriesga a fracturarse desde dentro. La convergencia real no es una nostalgia de los años 80, sino una necesidad estratégica en la década de los 2020. Requiere inversión, reformas, coordinación y ambición. Y, sobre todo, requiere voluntad política. Porque, como en 1985, Europa no es sólo un espacio económico, sino un proyecto de futuro compartido. * * * [1] La primera petición para adherirse a la Comunidad Económica Europea se hizo el 9 de febrero de 1962, por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella. [2] La entrada efectiva se produciría el 1 de enero de 1986, apenas seis meses después de aquellas firmas. [3] Estos procesos son: la ampliación de 1973, que incorporó al Reino Unido, Irlanda y Dinamarca; 1981, que incluyó a Grecia; la ampliación de 1986, que integró a Portugal y España; la de 1995, que incluyó a Austria, Finlandia y Suecia, que formaban parte de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA); la gran ampliación al centro de Europa y al Mediterráneo de 2004 con Chipre, Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Hungría y Polonia; la ampliación de 2007, que incluyo en la UE a Bulgaria y a Rumanía, y, finalmente, la de 2013 que integró a Croacia. [4] Olivié, I., Rodrigues, L.N., Gracia, M. y Pedro Seabra (coords.) (2022), _España y Portugal en la globalización. 500 años de la primera circunnavegación_ _. Espanha e Portugal na globalização. 500 años desde a primeira circum-navegação_ , Madrid. [5] Íbid., cap. 1, “Un mundo ibérico”, Sir John Elliott. [6] El Índice Elcano de Presencia Global calcula la proyección de los países fuera de sus fronteras, en los ámbitos económico (energía, bienes primarios, manufacturas, servicios, inversiones), militar (tropas, equipamiento militar) y blando (migraciones, turismo, deportes, cultura, información, tecnología, ciencia, educación, cooperación al desarrollo y cambio climático). Creado por el Real Instituto Elcano, incluye 125 países y tiene datos desde 1990. El Índice facilita el análisis de las relaciones internacionales, la política exterior y los asuntos globales, mostrando el volumen y naturaleza (económica, militar y blanda) de la proyección exterior de los países, así como su evolución, ya sea individualmente o en comparación con las de otros países o regiones. Por otra parte, dada la alta representatividad de los países incluidos en términos de PIB y población mundial, el Índice Elcano de Presencia Global permite el estudio del proceso de (des)globalización y de su naturaleza cambiante (Olivié y Gracia, 2020a y 2021). [7] Íbid, capítulo IV. España y Portugal en el mundo: análisis basado en e l Índice Elcano de Presencia Global. Iliana Olivié, Manuel Gracia e Inés M Ribeiro. Pag 61-86. [8] Para un análisis en profundidad del Índice Elcano de Presencia Global correspondiente a 2024, véase Gracia, M. y Blanca González (2025), “Globalización en transición: de la interdependencia a la rivalidad geopolítica. Análisis de los resultados de la edición 2025 del Índice Elcano de Presencia Global”. [9] Ver Iliana Olivié y Manuel Gracia op. cit. [10] Para los países fundadores, la primera ampliación (Reino Unido, Irlanda y Dinamarca) y la segunda (Grecia), hemos tomado como punto de partida 1986, dado que para usar el periodo previo habría que acudir a otras fuentes y homogeneizar los resultados. Este enfoque además permite visualizar directamente el balance de las ampliaciones de España y Portugal controlando por el momento del ciclo global. Para todos los países, los datos están expresados en dólares PPP y el crecimiento se calcula para el periodo comprendido desde el año de su entrada en la UE hasta 2025.

La misión SMILE, fruto de la colaboración entre la Agencia Espacial Europea y la Academia China de Ciencias, explorará por primera vez la conexión global entre el Sol y la Tierra.

Comenzamos con este una serie de artículos en los que desentrañamos la dimensión económica y tecnológica de uno de los pilares con el que Europa viene sosteniendo el genocidio palestino: el programa de investigación Horizon Europe.

Artículo firmado por: Francesc Homs Ferret, presidente de la LECE; Senén Florensa, presidente de IEMED; Jordi Xuclà, presidente de CCME; Joaquim Llimona, director de CEI International Affairs; Taha Zitán, presidente de Joves Europeistes de Catalunya.

La libertad de movimiento de las mascotas tiene un importante impacto sobre la biodiversidad . Un análisis sobre los objetivos divergentes de los defensores del bienestar animal, tradicionalmente centrados en las especies domésticas, y los de la conservación de la vida silvestre.

Un eurodiputado alemán ha iniciado una campaña para impulsar una futura adhesión de Canadá a la UE que, tras las amenazas de Trump a su viejo aliado, cobra fuerza a nivel social pese a los obstáculos políticos

La completa eliminación de las armas nucleares sería, sin duda, una buena noticia para toda la humanidad. Pero, desgraciadamente, estamos muy lejos de ese momento, no sólo porque las nueve potencias nucleares existentes están actualmente empeñadas en los más ambiciosos programas de modernización de sus arsenales, sino también porque hay otros actores que activamente buscan hacerse con ellas. Una dinámica proliferadora que, vista desde la Unión Europea (UE), hace insostenible el mantenimiento de su tradicional postura geoestratégica. > ¿Puede ser funcional un sistema de disuasión nuclear europeo con el actual proceso de toma de decisiones comunitario? Una postura que, por un lado, muestra una aparente voluntad de contribuir a la desaparición de dichas armas, como fieles firmantes del Tratado de No Proliferación (TNP); pero que contrasta de inmediato con el hecho de que ninguno de los Veintisiete haya dado el paso de firmar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN, en vigor desde el 22 de enero de 2021). Y, por otro, se basa desde hace décadas en la creencia de que Washington garantiza la seguridad de todos ellos con su paraguas nuclear extendido. Una creencia que, afortunadamente, nunca ha sido puesta a prueba, para saber si, llegado el caso, el presidente estadounidense está dispuesto a jugarse Nueva York o Chicago por defender un París o Berlín atacado por misiles nucleares soviéticos o rusos. Tanto la propia ambición política de la UE como el entorno geopolítico derivado de la creciente asertividad de Rusia –la potencia nuclear con más cabezas nucleares disponibles– y del debilitamiento del vínculo trasatlántico –con Donald Trump llegando a declarar que “la UE fue creada para joder (sic) a Estados Unidos”– han acelerado el proceso para alcanzar la autonomía estratégica. Un concepto y un objetivo oficializado en la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, aprobada en octubre de 2016. Asumir plenamente su contenido significaría que la Unión va a dotarse de todos los medios necesarios para defender sus legítimos intereses frente a cualquier posible amenaza, sin tener que depender de otros. Y eso incluye, sin remedio, hacerse con un arsenal nuclear propio como instrumento de último recurso. Para emprender ese camino sería necesario, en primer lugar, que todos los países miembros estuvieran de acuerdo en desacoplarse de Washington; es decir, renunciar a la cobertura que (al menos teóricamente) les proporciona Estados Unidos (EEUU) con su triada nuclear. Es bien evidente que ni siquiera los que se declaran más europeístas se atreven hoy a ir más allá de plantear que todo lo que hagan en el terreno de la defensa militar sólo pretende “reforzar el pilar europeo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”. Son sobradamente conscientes de que, aun contando con la voluntad política para sacudirse la dependencia de Washington, se necesitan bastantes años para llegar a ese punto. Pero es que, además, dado que todos los Estados miembros de la UE son firmantes del TNP, están obligados (salvo Francia) a renunciar a las armas nucleares, lo que bloquea radicalmente cualquier proyecto para dotarse de ellas individual o colectivamente. A la espera de que algún día el mundo se vea libre de esas armas, la única vía realista que les queda a los Veintisiete es volver la vista hacia Francia, único miembro con un arsenal operativo. Ya en su día el presidente Charles de Gaulle estableció, con la ambigüedad propia de la estrategia nuclear, que el arsenal francés estaba destinado a proteger los intereses nacionales, sin definir nunca a cuáles se refería. Y de ese hilo trata de tirar hoy Emmanuel Macron cuando da a entender que la defensa de la UE constituye un interés vital para París. Así parece querer entenderlo también el canciller alemán, Friedrich Merz, al anunciar el arranque de un dialogo estratégico con el gobierno francés en materia nuclear. De este modo, lo que ayer resultaba tabú, tanto para no molestar a Washington como para no crear problemas internos con las respectivas opiniones públicas en mitad de situaciones de crisis, hoy cobra fuerza, con los países nórdicos, Polonia y Bélgica atreviéndose igualmente a plantear la necesidad de actuar rápidamente en este terreno (obviamente, con Rusia en mente). Aun así, Francia tan sólo cuenta con unas 290 cabezas nucleares que pueden ser lanzadas desde sus cuatro submarinos nucleares y sus aviones Rafale, y aumentarlas (con idea de disuadir a Rusia) contravendría el TNP, dado que Francia también está obligada a reducir su capacidad hasta su eliminación. ¿Cómo va a reaccionar EEUU si esa idea prospera? ¿Puede ser funcional un sistema de disuasión nuclear europeo con el actual proceso de toma de decisiones comunitario? ¿Van a pagar los demás miembros de la UE el esfuerzo presupuestario de un programa cuya llave está exclusivamente en manos francesas? ¿Cabría contar también con las 225 cabezas que posee Londres, sabiendo que la operatividad del arsenal británico sigue dependiendo en buena medida de EEUU? ¿Se la va a jugar París por Tallin o Varsovia? ¿Quién da el primer paso para tratar de convencer a sus propios conciudadanos de que es necesario este esfuerzo a costa de otras políticas públicas? ¿Servirá algo así para disuadir a Moscú, sin el respaldo de Washington? ¿Queremos autonomía estratégica o continuamos subordinados a Trump y los que vengan? De momento, son muchas más las dudas y preguntas que las certezas. Pero el tiempo apremia.

**Mensajes clave** * El dinero digital no está creando un nuevo orden monetario, sino acelerando la fragmentación del existente. La innovación tecnológica actúa como catalizador de tensiones geopolíticas latentes entre Estados Unidos (EEUU), China y la Unión Europea (UE), sin sustituir los fundamentos tradicionales del poder monetario. * Las grandes potencias avanzan desde posiciones estratégicamente contradictorias. EEUU, por el momento, preserva la hegemonía del dólar sin liderar institucionalmente su digitalización; China innova rápidamente en infraestructuras monetarias sin aceptar la apertura financiera que exige una moneda de reserva internacional; y la UE lidera la regulación sin contar con la base financiera, tecnológica y política necesaria para proyectar poder monetario a escala global. * La competencia monetaria se está desplazando hacia la infraestructura digital, no hacia la sustitución de monedas. _Stablecoins_ , monedas digitales de bancos centrales (CBDC) y mercados “tokenizados” redefinen quién controla los pagos, la liquidación y los estándares, ampliando el papel de actores privados y aumentando la relevancia estratégica de la gobernanza financiera. * El futuro del orden monetario dependerá de cómo se gestionen estas contradicciones, no de la tecnología en sí. A partir de ellas, este análisis plantea cinco escenarios plausibles, destacando que sólo un refuerzo de la autonomía estratégica europea permitiría a la UE influir activamente en la arquitectura monetaria global. **Análisis** ## Introducción El sistema monetario internacional atraviesa una profunda transformación impulsada por la digitalización de los medios de pago, el auge de las _stablecoins_ y el desarrollo de las CBDC. Sin embargo, el efecto de estos nuevos instrumentos no reside tanto en la sustitución del sistema existente como en la exposición de tensiones en el orden financiero global. Lejos de inaugurar un nuevo consenso monetario, el dinero digital está acelerando un proceso de fragmentación en el que tecnología y geopolítica se entrelazan cada vez más. La paradoja es que las principales potencias impulsan la innovación monetaria desde posiciones estratégicas contradictorias. EEUU mantiene por el momento su hegemonía monetaria e intenta reforzarla mediante el dólar digital. El problema es que no parece tener una estrategia pública coherente y, además, la confianza en el dólar está disminuyendo. China, por su parte, impulsa una arquitectura monetaria alternativa pero limitada por controles de capital e insuficiente confianza internacional. Por último, Europa encabeza la regulación sin disponer de la base financiera, tecnológica y política necesaria para proyectar ese poder normativo más allá de sus fronteras. En todos los casos, el dinero digital no resuelve las tensiones existentes, sino que las hace más visibles, al tiempo que aumenta los riesgos para la estabilidad financiera internacional. Este artículo sostiene que el futuro del orden monetario digital no vendrá determinado por la tecnología en sí, sino por la forma en que estas contradicciones se gestionen –o se profundicen– en un contexto de rivalidad geopolítica creciente. A partir del análisis de las estrategias de EEUU, China y la UE, el texto propone cinco escenarios plausibles para la evolución del sistema monetario internacional, subrayando sus implicaciones para la autonomía estratégica europea y para la capacidad de Europa de influir en la arquitectura financiera del siglo XXI. ## Un cambio estructural en el orden monetario mundial Desde la Segunda Guerra Mundial, el sistema monetario internacional ha estado dominado por EEUU. En un principio, por la centralidad del dólar en el sistema de Bretton Woods y desde los años 70 –y en particular con el auge de la globalización financiera– por el control estadounidense de la infraestructura financiera global, lo que ha dado a la Casa Blanca un enorme poder monetario. Este dominio se ha apoyado en la profundidad y liquidez de los mercados financieros estadounidenses, la hegemonía de bono de EEUU a 10 años como activo seguro por excelencia, el poder de la banca de Wall Street y el dominio de infraestructuras de pagos controladas por actores occidentales, como SWIFT en mensajería financiera, CHIPS en compensación de pagos de gran valor en dólares y las redes globales de tarjetas estadounidenses (Visa, Mastercard y American Express). Además, tanto el dinamismo de la economía estadounidense (con rentabilidades a la inversión superiores al resto del mundo en las últimas décadas) como su incontestable poder militar han terminado de apuntalar la supremacía del billete verde. Así, durante décadas, este orden jerárquico no tuvo rivales. Sin embargo, la creciente multipolaridad de la economía mundial, la digitalización del dinero y las dudas sobre la estabilidad del dólar derivadas de los elevados niveles de deuda pública y de las políticas de la Administración Trump, está erosionando ese equilibrio, dando lugar a una arquitectura financiera global más fragmentada, en la que la tecnología desempeña un papel cada vez más importante y que está más disputada desde el punto de vista geopolítico. Un elemento clave de esta transformación es el uso del dólar (y, en menor medida, del euro y del yuan) como herramienta política, lo que se conoce en el mundo anglosajón como _dollar weapoization_. Las sanciones financieras, la desconexión de bancos de SWIFT y la congelación de reservas internacionales han mostrado a muchos países su vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales de las grandes potencias, en particular EEUU. En este contexto, la proliferación de nuevas formas de dinero digital no es sólo un avance tecnológico, sino que se ha convertido en una estrategia de resiliencia financiera. Estados que temen quedar expuestos a sanciones buscan arquitecturas de pago alternativas, mientras actores privados aprovechan esta oportunidad para ofrecer instrumentos digitales globales fuera del control directo de los soberanos. Asimismo, el oro (poco sospechoso de ser un activo digital o moderno), vuelve a ocupar un papel relevante en las reservas de los bancos centrales. Pero más allá de que la competición entre grandes potencias haya abierto la puerta al uso de las monedas como herramienta geoeconómica, la gran novedad que está redibujando la geografía del dinero pasa por la tecnología, cuyos desarrollos más importantes son las CBDC y las _stablecoins_ ancladas al dólar. Las _stablecoins_ son un tipo de criptoactivo cuyo valor está diseñado para mantenerse estable en relación con un activo o conjunto de activos específicos.[1] Eso las diferencias de otras criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum, cuyo valor tiende a fluctuar con intensidad. Las _stablecoins_ son electrónicas y no las emite ninguna entidad gubernamental o política, sino que las crean empresas privadas. Los ejemplos más notables incluyen Tether (USDT) y Circle (USDC), que están respaldadas por reservas equivalentes a su valor en dólares estadounidenses. Estas dos entidades controlan prácticamente toda la oferta de dólares digitales. Las _stablecoins_ se utilizan como medio de pago para compras en línea, transacciones entre pares, micropagos, remesas y diversas aplicaciones futuras. Con más de 140.000 millones de dólares en circulación, se han convertido en proveedores de liquidez internacional y vehículos de pago transfronterizo para individuos y empresas, incluso en países con inflación elevada, controles de capital o sistemas financieros frágiles, como Argentina, Turquía, Nigeria y Vietnam. Más del 70% de las transacciones realizadas sobre el ecosistema _blockchain_ se realizan ya en _stablecoins_ denominadas en dólares, lo que refleja su creciente papel como infraestructura monetaria paralela. Al combinarse estos elementos – _weaponization_ del dinero, búsqueda de resiliencia financiera, informalidad global y expansión acelerada de la economía digital– se genera una presión estructural para la creación de nuevas infraestructuras monetarias. Otra innovación monetaria son las CBDC, una forma digital de moneda fiduciaria emitida directamente por un banco central. A diferencia de las criptomonedas privadas, descentralizadas y que operan en redes _blockchain_ sin intermediarios, las CBDC son gestionadas por el banco central. Concebidas para dar respuesta al auge de las criptomonedas privadas y mantener soberanía monetaria, actualmente, 137 países y uniones monetarias, que representan el 98% de la economía mundial, están explorando su uso e implementación. EEUU no va a emitir una CBDC, pero China sí. El Banco Central Europeo (BCE) espera lanzar el euro digital en los próximos años. Sin embargo, esta transición hacia el uso del dinero digital no implica el declive inmediato del billete verde, que sigue dominando las transacciones internacionales. ## Estados Unidos: hegemonía digital privada sin estrategia pública La hegemonía del dólar sigue descansando en fuentes de poder tradicionales: mercados financieros profundos, _Treasury bill_ como activo seguro global, la credibilidad de la Reserva Federal y externalidades de red. Las _stablecoins_ no sustituyen estos pilares, pero permiten a EEUU extender el uso del dólar en el ámbito digital, reforzando su posición en un contexto de mayores tensiones fiscales y geopolíticas. Este liderazgo digital, además, descansa hoy más en empresas privadas que en una estrategia pública deliberada y cuenta con un amplio apoyo de la Casa Blanca. La moneda estadounidense sigue representando el 58% de las reservas globales, el 90% de los derivados financieros y más del 80% de los pagos internacionales en mercados emergentes. El dólar sigue sin tener rival sistémico, pero opera en un entorno más competitivo, más fragmentado y más vulnerable por su propia instrumentalización política. **Figura 1. Papel internacional sobre comercio y pagos internacionales del euro, el dólar y el yuan, 2024** Conjunto de gráficos derivados del documento “The International Role of the U.S. Dollar – 2025 Edition”, Reserva Federal de EEUU. El gráfico de barras (izq.) se corresponde con “Figure 1. International role of currency vs. size of economy (2024)”, mientras que el gráfico de barras apiladas (dcha.) se corresponde con “Figure 2. Foreign exchange reserves”. Fuente: C. Bertaut, B. von Beschwitz & S. Curcuru, Reserva Federal de EEUU. Las _stablecoins_ estadounidenses –especialmente USDT y USDC– actúan como un dólar digital paralelo, integrado en _exchanges_ , protocolos DeFi, y plataformas de pagos y envíos de remesas sin que exista supervisión pública centralizada. El volumen de transacciones de _stablecoins_ ha alcanzado volúmenes anuales comparables a los de las grandes redes de tarjetas de pago y, como sostiene el Banco de Pagos Internacionales (BIS), su crecimiento puede amplificar ciclos financieros en mercados emergentes y constituir un canal de dolarización digital no controlada. **Figura 2. Evolución del volumen global de _stablecoins_ , 2019-2024** Nota: aumento estimado de los flujos transfronterizos bilaterales de tether para los países emisores y receptores que experimentan una elevada inflación (es decir, el cuartil superior de una amplia muestra de países entre 2017 y 2024), crecimiento del PIB, conocimiento de las stablecoins o volatilidad del tipo de cambio bilateral (FX). Conjunto de gráficos derivados de la publicación “BIS Annual Economic Report III”, del 24 de junio de 2025. El gráfico de área (izq.), se corresponde al primero de los gráficos del “Graph 1”, titulado: “Stablecoins continue to grow, but volatility remains”, Josse et al. (2023), Bloombertg, CoinDesk Data y BIS. El segundo conjunto de gráficos (dcha.), se corresponde al publicado originalmente como “Graph 2”, bajo el título “Cross-border use of stablecoins has been rising, reflecting a mix of drivers”, de Auer, Lewrick, Paulick (2025) y Chainalysis. Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BIS). No obstante, esta expansión se sostiene sobre una contradicción fundamental: EEUU no ha decidido con claridad qué papel quiere desempeñar en el dinero digital. Por un lado, el Congreso aprobó en verano de 2025 la _Genius Act_ , que pretende regular las _stablecoins_ de manera favorable a la innovación y a consolidar la supremacía del dólar digital privado. Por otro lado, existe resistencia ideológica a la creación de una CBDC, especialmente desde sectores conservadores que la consideran una amenaza para las libertades civiles. Por lo tanto, por el momento, EEUU parece querer revivir el modelo de banca del siglo XIX, donde dominaban las monedas privadas y todavía no existía la Reserva Federal (creada en 1913 tras la crisis financiera de 1907). Esto, se explica tanto por la influencia del mundo de los criptoactivos en la Administración Trump (siendo una de las principales industrias que financiaron su campaña) como por la posibilidad de que las _stablecoins_ ofrezcan una nueva vía de penetración del dólar fuera de EEUU. Simultáneamente, economistas como Krugman han advertido que el Tesoro podría estar interesándose excesivamente por los ingresos fiscales asociados a la actividad cripto, sin desarrollar una visión estratégica a largo plazo. A esto se suma una situación fiscal deteriorada. La deuda federal estadounidense supera los 34 billones de dólares, alrededor del 120% del PIB, y el déficit público estructural ronda el 6% del PIB. Estos factores minan la credibilidad del dólar a largo plazo y han impulsado a la Administración Trump a incentivar el uso de las _stablecoins_ como modo de incrementar la demanda de títulos de deuda pública estadounidense, lo que rebajaría el coste de financiación del Tesoro. En este contexto, Roggoff sostiene que el dominio del dólar como moneda de reserva global no puede darse por sentado, aunque reconoce que las _stablecoins_ podrían facilitar los pagos globales, las transferencias transfronterizas y aumentar la utilidad digital del dólar. Dicho esto, la competencia entre diferentes monedas digitales podría llevar al alejamiento de un estándar de moneda única hacia un régimen de reserva/liquidación de múltiples monedas más fragmentado. Por ello, EEUU disfruta de los beneficios geopolíticos del dólar y el liderazgo de sus empresas tecnológicas y financieras, pero mantiene un marco regulatorio fragmentado y su credibilidad fiscal y monetaria se deteriora debido a las inciertas políticas económicas de la Administración Trump, sus ataques a la independencia de la Reserva Federal y la erosión del Estado de derecho. EEUU quiere dominar la infraestructura monetaria digital global sin haber definido cómo quiere gobernarla. Esta ambigüedad crea terreno fértil para otras alternativas, pero la ausencia de un sustituto creíble mantiene al dólar en una posición dominante. ## China: ambición tecnológica frente a los límites de su modelo económico China siempre ha sido cauta en la internacionalización de su moneda. Sin embargo, es el país que más ha avanzado en la creación de una infraestructura monetaria digital alternativa. El proyecto de CDBC más importante del mundo, el e-CNY, está en fase piloto en más de 25 ciudades, supera los 260 millones de _wallets_ activas y se utiliza en pagos minoristas, transporte y subsidios. CIPS, el sistema chino alternativo a SWIFT, cuenta con más de 1.300 instituciones participantes en 110 países y el proyecto mBridge, que permite la liquidación directa en CBDC entre China, Hong Kong, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos, ya ha demostrado su viabilidad (aunque con tamaño reducido). Estos avances han generado preocupación en capitales occidentales al considerar que China está construyendo una arquitectura monetaria paralela, sin embargo, el potencial geoeconómico del sistema monetario digital de China está limitado por contradicciones internas. El primer obstáculo es la no convertibilidad plena del renminbi. El Banco Popular de China (PBoC), obsesionado con la estabilidad, mantiene estrictos controles de capital para evitar salidas de capital que puedan generar una volatilidad excesiva y que no agudicen los problemas del sistema bancario estatal (elevada deuda local, grandes impagos del sector inmobiliario y un importante sistema bancario en la sombra). Una moneda internacional exige libre movilidad de capitales, mercados líquidos y profundos y credibilidad institucional, tres elementos que China no está dispuesta a poner sobre la mesa por el momento porque implicarían una pérdida de control político sobre el sistema financiero en particular y sobre la economía en general. El segundo límite estructural es la preferencia global por el dólar en comercio y finanzas. Aunque el peso del renminbi en pagos internacionales ha aumentado en la última década, sigue siendo modesto: ≈3% en pagos SWIFT, ≈2,7% de las reservas globales y menos del 5% del comercio internacional se liquida en renminbi. Incluso en Asia emergente, donde China es el principal socio comercial, la mayor parte del comercio transfronterizo sigue facturándose y denominándose en dólares, aunque el uso del renminbi ha aumentado en la liquidación bilateral a través de líneas _swap_ de su banco central. El tercer freno es la desconfianza sobre el acceso del gobierno chino a datos financieros. Varios bancos y reguladores occidentales han señalado que el e-CNY, al ser una CBDC programable y con trazabilidad total, podría otorgar a Pekín capacidad para monitorear transacciones transfronterizas. Esto limita su adopción fuera de China y dificulta que países avanzados integren sus sistemas con los chinos más allá de acuerdos técnicos puntuales. No obstante, China sí cuenta con herramientas geoeconómicas potentes que amplifican su influencia financiera más allá del e-CNY. La más importante es su red de líneas _swap_ del PBoC, que supera los 500.000 millones de dólares y se extiende a más de 30 bancos centrales en Asia, América Latina, Oriente Medio y África. Estas líneas permiten a países socios obtener renminbi en momentos de estrés financiero, reduciendo la necesidad inmediata de dólares para estabilizar liquidez. También permiten al yuan ampliar su presencia como moneda para el pago del comercio internacional, ya que China es el principal socio comercial de la mayoría de los países del mundo. Además, China ha ampliado la liquidación bilateral en renminbi con Rusia, Pakistán, Arabia Saudí y Brasil, aumentando su círculo geoeconómico afín donde el e-CNY podría integrarse a medio plazo. Sin embargo, el dilema central permanece: China está interesada en ampliar el uso internacional del renminbi sin renunciar al control del sistema financiero ni abrir plenamente su economía de capitales. Esta contradicción limita la escala global del e-CNY, impide que el renminbi compita como moneda de reserva y frena la consolidación de una alternativa sistémica al dólar. Lo que sí podría estar logrando China es acelerar la fragmentación del sistema monetario internacional y ofrecer a países emergentes opciones tecnológicas que reduzcan su dependencia del dólar, especialmente en contextos de sanciones o tensiones geopolíticas. ## Europa: fortaleza regulatoria sin poder tecnológico ni financiero para proyectarla El euro continúa siendo la segunda divisa más importante para reservas internaciones (~20%) y facturación comercial (40% de exportaciones), pero su papel global se ha reducido ligeramente en la última década. En el ámbito del dinero digital, la UE ha encabezado la regulación con el Reglamento MiCA (_Markets in Crypto-Assets_), aprobado en 2023 –que es el marco jurídico más completo del mundo para criptoactivos– o el régimen piloto Tecnología de Registro Distribuido (DLT), que permite experimentar con mercados financieros tokenizados; aquellos en los que activos financieros como bonos, acciones, fondos o préstamos se representan como tokens digitales en una infraestructura de registro distribuido (DLT o _blockchain_), aumentando su liquidez. Adicionalmente, el BCE avanza en la fase preparatoria del euro digital, con un énfasis en privacidad y estabilidad financiera. Sería una moneda digital emitida por un banco central, un equivalente electrónico al efectivo. Complementaría los billetes y monedas, ofreciendo a los ciudadanos una opción adicional para pagar. El BCE considera el euro digital como una herramienta clave para garantizar que los pagos europeos sigan anclados en su entorno monetario, en lugar de depender de monedas digitales privadas o extranjeras. Con el euro digital, no haría falta el uso de la infraestructura de pagos extranjeros (mastercard, visa) ni, potencialmente, las interfaces (Apple o Google pay). Cuando se paga con una tarjeta europea en Madrid, el mensaje no se queda en Europa, pasa por el _switch_ de Visa o Mastercard (la “autopista digital”). Con el euro digital, esta autopista sería definida por el Eurosistema bajo el derecho europeo. Dicho esto, la soberanía monetaria plena exige también dominar la interfaz, la tecnología subyacente y el atractivo económico del propio medio de pago, algo que la UE podría acelerar ante las continuas amenazas económicas, comerciales y territoriales (Groenlandia) por parte de la Administración Trump. Con independencia de las iniciativas digitales planteadas, la capacidad de la UE para transformar este liderazgo normativo en poder monetario es limitada debido a cuatro factores estructurales que condicionan su proyección internacional. El primer factor es la fragmentación del mercado de capitales europeo. Europa opera con 27 marcos regulatorios en materia fiscal, concursal y societaria, lo que dificulta escalar empresas _fintech_ , limita la integración financiera y hace difícil la creación de un activo seguro paneuropeo comparable al bono del Tesoro estadounidense. Sin un mercado de capitales integrado, el euro digital carecerá de la infraestructura financiera necesaria para convertirse en una verdadera moneda digital de referencia que ofrezca al mundo la liquidez, estabilidad necesaria. **Figura 3. Discrepancias en nivel de desarrollo de mercados de capitales en la UE** Nota: el panel (a) muestra la profundidad media de los mercados de capitales en cada Estado miembro de la UE y en el conjunto de la UE, basándose en un índice compuesto elaborado por New Financial a partir de datos de 27 sectores diferentes de la actividad del mercado de capitales durante un período de tres años (2020-2023), con una base de referencia de la media de la UE de 100. El panel (b) muestra la proporción de inversión directa e intermediada por los hogares, es decir, la suma de los valores de los bonos y acciones cotizadas, fondos de inversión, créditos frente a seguros y fondos de pensiones en poder de los hogares, en relación con la suma de los valores de estas partidas y las tenencias de efectivo y depósitos, en cada Estado miembro de la UE y en el conjunto de la UE en 2021, según los datos de las cuentas sectoriales anuales de Eurostat. Los Estados miembros de la UE están codificados por colores en función de su subregión, tal y como se define en el tesauro EuroVoc, excepto EE, LT y LV, que se han reasignado de Europa del norte a Europa central y oriental, ya que también se consideran países de Europa central y oriental. Fuente: New Financial y Comisión Europea, con base en las cuentas sectoriales anuales de Eurostat. El segundo factor estructural es la dependencia tecnológica europea, especialmente en servicios _cloud_ e infraestructuras críticas de pago. Más del 70% de los servicios de _cloud_ europeos dependen de proveedores estadounidenses (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) y las redes de pagos siguen dominadas por Visa y Mastercard. Esta dependencia reduce la autonomía estratégica del euro digital y limita la capacidad de la UE de ofrecer al mundo un modelo tecnológico soberano. En línea con esto, un tercer factor es la ausencia de campeones tecnológicos europeos. Mientras EEUU cuenta con plataformas globales (Apple, Google, Meta, PayPal, Stripe) y China ha construido su propio ecosistema (Alipay, WeChat Pay, UnionPay), Europa carece de _bigtech_ con escala suficiente para desplegar _wallets_ , redes de pagos o sistemas de identidad digital a nivel global. La internacionalización de una moneda digital requiere un conjunto de intermediarios financieros y tecnológicos –bancos, pasarelas de pago, proveedores de _wallets_ – capaces de expandirla más allá de la jurisdicción doméstica y Europa hoy, sin esta capilaridad productiva, carece de los vectores de difusión necesarios. El cuarto factor, subyacente a los demás, es la falta de una unión política plena. La política monetaria está centralizada en el BCE, pero la capacidad fiscal y financiera está dispersa entre los Estados miembros. Esta fragmentación impide avanzar hacia un verdadero activo seguro europeo, hacia una estrategia digital compartida y hacia una identidad financiera única. Estos cuatro factores dan lugar a la paradoja europea: la UE regula lo que no controla. Define estándares globales –como ya hizo con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) para los datos– pero carece de la base industrial, tecnológica y financiera necesaria para exportarlos más allá de su mercado interno. La capacidad de generar normas no coincide con la capacidad de imponerlas. Sin avances decisivos en la Unión de Mercados de Capitales, unión fiscal, emisiones de deuda conjunta, autonomía tecnológica y despliegue del euro digital, su papel en el nuevo orden monetario será secundario. ## Escenarios futuros del orden monetario digital (2025-2035) Para entender cómo puede evolucionar el orden monetario digital, mapeamos estas tensiones estratégicas en una matriz 2×2 que combina el grado de cooperación internacional y el nivel de fragmentación tecnológica, antes de describir con detalle los cinco escenarios prospectivos. **Figura 4. Escenarios futuros del orden monetario digital, 2025-2035** Fuente: elaboración propia. ### Escenario 1 – Multipolaridad digital coordinada En este escenario, las principales potencias monetarias reconocen que la creciente fragmentación financiera podría elevar los riesgos sistémicos, obstaculizar el comercio internacional y reducir la eficiencia del sistema monetario global. Los bancos centrales alcanzan acuerdos mínimos de interoperabilidad, transparencia y estándares para pagos transfronterizos en monedas digitales. China limita el alcance extraterritorial del e-CNY, EEUU establece un marco regulatorio prudencial para las _stablecoins_ –evitando la dolarización digital descontrolada y reduciendo los riesgos de inestabilidad financiera– y la UE impulsa normas de privacidad y seguridad adoptadas de forma más amplia. Ningún actor impone su modelo, pero todos aceptan un grado de convergencia técnica para reducir fricciones. * Resultado:se consolida una arquitectura multipolar, estable y cooperativa, donde dólar, euro y renminbi conviven en un sistema con competencia controlada y estándares comunes, reduciendo tensiones geopolíticas. ### Escenario 2 – Confrontación por bloques Las monedas digitales se convierten en instrumentos explícitos de la rivalidad sistémica entre EEUU y China, arrastrando a terceros países a una nueva competencia por la infraestructura financiera del futuro. China expande mBridge en Asia Central, Oriente Medio y África, creando un “cinturón” de pagos resiliente a sanciones occidentales. EEUU contrarresta impulsando un ecosistema dolarizado basado en _stablecoins_ reguladas, infraestructuras supervisadas por el Tesoro y alianzas con bancos globales. La UE, dividida internamente y sin una estrategia común, termina tomando partido por los sistemas de pago digitales estadounidenses. Los países emergentes se ven obligados a alinearse con uno de los bloques para asegurar acceso a mercados financieros, comercio energético o asistencia financiera. * Resultado:un orden financiero con alta politización, riesgos de sanciones cruzadas y erosión de la convivencia de sistemas se pagos en el sistema monetario internacional. ### Escenario 3 – Europa lidera un orden digital abierto La UE logra superar varias de sus contradicciones estructurales y se convierte en el actor que define las reglas, estándares e infraestructuras del dinero digital global. Ni EEUU ni China logran imponer completamente sus modelos, Europa se convierte en el árbitro regulatorio y en el proveedor líder de infraestructura financiera basadas en reglas claras. El euro digital no desplaza al dólar, pero se vuelve indispensable para pagos transfronterizos de alta seguridad, comercio regulado y emisión de activos tokenizados en mercados globales. El punto de inflexión ocurre cuando la UE consigue tres avances simultáneos: (i) completar la unión de mercado de capitales; (ii) construir infraestructura tecnológica soberana; y (iii) liderar la regulación global del dinero digital. * Resultado: la UE define estándares globales y emerge como proveedor de infraestructura de pagos digitales en lugar de EEUU o China. ### Escenario 4 – Fragmentación caótica Ninguna potencia consigue imponer reglas, estándares o formas de coordinación y las CBDC y _stablecoins_ proliferan sin interoperabilidad ni supervisión coherente. Los pagos transfronterizos se vuelven más lentos, caros y vulnerables a ciberataques debido a la multiplicación de redes incompatibles. Las economías emergentes adoptan soluciones _ad hoc_ ; grandes plataformas privadas operan como cuasi-bancos globales; y las sanciones financieras se aplican de forma ampliada, generando efectos colaterales impredecibles. El sistema multilateral –BIS, Fondo Monetario Internacional (FMI), Consejo de Estabilidad Financiera (FSB)– pierde capacidad de coordinar respuestas, mientras crisis bancarias localizadas pueden amplificarse por corredores digitales de contagio financiero. La UE, sin autonomía tecnológica, depende de infraestructuras estadounidenses y, en menor medida, chinas, lo que debilita su resiliencia ante interrupciones o tensiones geopolíticas. * Resultado:un sistema financiero internacional inestable, fragmentado y de escasa gobernanza, donde aumenta la volatilidad y disminuye la confianza en instituciones multilaterales. ### Escenario 5 – Dolarización digital global La adopción acelerada de _stablecoins_ en dólares convierte al dólar digital privado en el estándar dominante del comercio y las finanzas digitales. Tether, Circle y nuevos actores financieros estadounidenses amplían su alcance en África, América Latina y el Sudeste Asiático, integrándose en bancos locales, _fintechs_ y plataformas de comercio electrónico. EEUU consolida su hegemonía monetaria sin desplegar una CBDC oficial y el Congreso aprueba una regulación que reconoce explícitamente el valor estratégico de las _stablecoins_ como instrumentos de poder económico. Los costes de la deuda estadounidense se reducen porque aumenta la demanda de _Treasuries_ necesarios para la emisión de _stablecoins_ en dólares. China no logra escalar el e-CNY por falta de confianza internacional y Europa queda relegada, adoptando en la práctica ecosistemas dominados por el dólar digital. * Resultado:renovada supremacía del dólar, ampliada por tecnología privada, con un sistema financiero global más dependiente del ciclo político y fiscal estadounidense. **Conclusiones** El dinero digital no está produciendo un nuevo sistema de Bretton Woods, sino un periodo de transición marcado por la coexistencia de sistemas, la competencia entre infraestructuras y las tensiones internas de las principales potencias. EEUU mantiene la hegemonía, pero con un liderazgo digital crecientemente privatizado y problemas fiscales y políticos que minan la credibilidad del dólar a largo plazo. China innova a gran velocidad, pero se topa con límites estructurales a la internacionalización de su moneda derivados de su modelo de control financiero. Europa regula, pero sin capacidad de traducir ese poder normativo en influencia material. Los cinco escenarios planteados muestran que la posición de Europa en el nuevo orden monetario digital no estará determinada por la tecnología en sí, sino por su capacidad –o incapacidad– para resolver sus contradicciones estructurales y proyectar poder en un entorno crecientemente competitivo, lo que requiere pasos claros en favor de una mayor integración. En un mundo donde EEUU amplifica su hegemonía a través del dólar digital privado, China construye una esfera financiera paralela y la fragmentación amenaza con erosionar la gobernanza global, Europa únicamente evitará la irrelevancia si actúa como potencia estratégica, no sólo normativa. La UE se enfrenta a una elección geopolítica: adaptarse a un sistema definido por otros o convertirse en arquitecta de un orden financiero digital abierto que refleje sus valores y proteja sus intereses. La cuestión no es si puede detener esta transformación, sino si está dispuesta a competir en ella. * * * [1] Moin, A., Griffin, T., & Kulkarni, S. (2021), “Stablecoins: Classification and Regulatory Issues”, Journal of Financial Regulation and Compliance.

Para el continente africano, 2025 ha estado marcado por la continuidad de varias tendencias**[1]**. La que probablemente tenga más recorrido es la creciente influencia y asertividad de África en un orden internacional cada vez más multipolar. El liderazgo de Sudáfrica lo ejemplifica: tras denunciar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, en 2025 se convirtió en el primer país africano en presidir el G20. Asimismo, en coherencia con el lema de la Unión Africana (UA) para 2025, “Justicia para los africanos y las personas de ascendencia africana a través de reparaciones”, el continente reclama relaciones exteriores más horizontales y mutuamente beneficiosas, así como un papel en las relaciones internacionales acorde con su peso demográfico y político. Esta aspiración se refleja en su espíritu reformista, tanto de la arquitectura financiera global, para facilitar su acceso a la financiación, como del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para incorporar un miembro permanente africano. Conscientes de que constituyen un escenario de competición geopolítica, los países africanos continuarán diversificando sus alianzas en 2026, con miras a aumentar su poder de negociación en sus relaciones exteriores. > En un contexto de creciente competición geopolítica en el que Europa necesita reevaluar y diversificar sus alianzas, el fortalecimiento de los vínculos con África es parte de la solución para avanzar hacia una mayor autonomía estratégica. Esta creciente asertividad en el plano internacional es coherente con la segunda tendencia: la consolidación del neosoberanismo,[2] especialmente en países africanos francófonos. En 2025, Francia fue invitada a cerrar sus bases militares en Senegal, Costa de Marfil y Chad. El movimiento, más simbólico que de ruptura real, refleja el deseo de cambiar los modelos tradicionales de partenariado con Europa por otros más horizontales. En esa misma lógica, la salida formal de Malí, Níger y Burkina Faso de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en enero de 2025 apuntaló la deriva neosoberanista de la región y acentuó el aislamiento político de la Alianza de Estados del Sahel. Así, con la intención genuina de equilibrar dinámicas de poder, o instrumentalizando la lucha antiimperialista, líderes africanos francófonos han iniciado una senda de reforma que continuará en 2026. Otra tendencia que continuó en 2025 fue el retroceso democrático –pese a que muchos países africanos, como Cabo Verde, Ghana y Sudáfrica, constituyan ejemplos de todo lo contrario–. Este deterioro adopta dos principales fórmulas. Primero, la instrumentalización de protestas populares por parte de las Fuerzas Armadas para tomar el poder, siguiendo un patrón visto anteriormente en Sudán, Malí y Guinea Conakry. En octubre, se dio un nuevo caso: el ejército de Madagascar aprovechó oleadas de manifestaciones contra el presidente democráticamente elegido para dar un golpe de Estado. La segunda vía es la manipulación del marco institucional por parte de un gobierno –mediante reformas constitucionales, cambios en las leyes electorales y la exclusión de candidatos opositores– para perpetuarse en el poder. Las elecciones celebradas en Guinea Bissau –antes de que un golpe de Estado militar terminase de cercenar las garantías democráticas–y Costa de Marfil son ejemplos de ello en 2025. Ante la proliferación de casos de desdemocratización, la UA y sus comunidades económicas regionales se enfrentarán en 2026 al reto de diseñar mecanismos más eficaces para garantizar el respeto a la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza. Por último, el año 2025 también se caracterizó por un recrudecimiento de tensiones y conflictos. El Sahel siguió siendo el principal vector de inestabilidad, generando especial preocupación en España por razones de proximidad geográfica e interconexión. La región continúa consolidándose como el mayor foco de violencia yihadista en el mundo, con dos patrones principales: la intensificación de la amenaza en Malí, Níger y Burkina Faso, donde los grupos insurgentes buscan afianzar modelos de protogobernanza; y, por otra parte, la expansión geográfica del terrorismo, perpetrando ataques en Benín, Togo, Costa de Marfil y Nigeria, así como ejerciendo presión, aunque sin incidentes violentos, hacia Ghana, Senegal y Argelia. El principal actor responsable de ambas dinámicas es la filial de al-Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en inglés), una coalición de organizaciones yihadistas heterogénea que se ha impuesto a su competidor en la región, la Provincia de Estado Islámico en el Sahel. Además, en 2025 JNIM ha dado un salto cualitativo en su estrategia de guerra económica ya que, desde septiembre, compromete gravemente el abastecimiento de carburante a Malí mediante ataques sistemáticos a camiones cisterna encargados de asegurar su suministro desde el exterior. Este hito ha situado al gobierno en una posición de vulnerabilidad sin precedentes y ha puesto en duda la efectividad del grupo paramilitar ruso África Corps. No hay indicios de que los mencionados patrones vayan a revertirse en 2026, especialmente ante la ausencia de mecanismos efectivos de cooperación regional y la bilateralización del apoyo europeo en materia de lucha contra el terrorismo. Otro escenario crítico del año fue la guerra civil en Sudán, marcada por la toma de la ciudad estratégica de Al Fasher por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido y por graves violaciones de derechos humanos, especialmente contra la etnia zaghawa en Darfur. En la República Democrática del Congo, la ofensiva del M23 en el este del país, respaldada por Ruanda, marcó un punto de inflexión en el conflicto y provocó la condena de la Unión Europea (UE) a Kigali, incluida la suspensión parcial de la ayuda alemana. Aunque la mediación de Estados Unidos (EEUU) y Qatar llevó a la firma de los acuerdos de paz de Washington, su aplicación en 2026 se prevé compleja, ya que se excluyó al propio M23 de la mesa de negociaciones y se ignoran dinámicas locales aún activas, desde el desplazamiento de comunidades hasta la persistencia de grupos armados y la pugna por yacimientos minerales. En paralelo, Etiopía inauguró en septiembre de 2025 la presa del Renacimiento, manteniendo abierta la disputa con Egipto y otros Estados ribereños del Nilo, que seguirá condicionando la estabilidad regional en 2026. ## Relaciones con España y la UE En un contexto de creciente competición geopolítica en el que Europa necesita reevaluar y diversificar sus alianzas, el fortalecimiento de los vínculos con África es parte de la solución para avanzar hacia una mayor autonomía estratégica. En este sentido, 2025 ha estado marcado por la 7ª Cumbre UA-UE, centrada en la promoción de la prosperidad y la seguridad compartidas, así como de un multilateralismo eficaz, con la voluntad de una mayor concertación entre ambas organizaciones en foros internacionales. El balance de la Cumbre fue, no obstante, ambivalente: aunque se aprobó una declaración conjunta equilibrada, no se alcanzó el consenso necesario para adoptar el informe de seguimiento de la Cumbre anterior, ni para establecer un mecanismo de seguimiento de ésta y futuras cumbres. Esta situación es síntoma de una limitación persistente del partenariado: la falta de canales de interlocución técnicos y regulares, más allá de las Cumbres, para lograr una colaboración más fluida. Para España, África –especialmente sus regiones occidental y septentrional– es un espacio clave por razones económicas y de seguridad. Su importancia seguirá creciendo: el comercio con el continente, por ejemplo, ya supera al que España mantiene con América Latina. En este contexto, España ha buscado llevar sus relaciones a una nueva fase, basada en el respeto, la horizontalidad y el beneficio mutuo, con el lanzamiento de la Estrategia España-África 2025-2028. En el primer año de aplicación, se ejecutaron más de una cuarta parte de sus medidas, destacando el incremento de viajes y visitas oficiales, así como la creación de nuevos instrumentos, como la comisión interministerial para África, el Consejo Asesor para la Estrategia, la Fundación España-África y la Asociación Iberoafricana de Cámaras de Comercio. España es percibida como un socio amable y accesible, con mayor capacidad de escucha a la hora de cooperar. Sin el lastre del pasado colonial en el continente africano, se aleja de la imagen de soberbia y condescendencia que pueden proyectar, en ocasiones, otros Estados miembros de la UE. La postura española hacia el conflicto palestino-israelí, en paralelo al apoyo sin fisuras a Ucrania frente a la agresión rusa, proyecta una imagen de coherencia que también despierta simpatías en África. Además, la diplomacia de la lengua y del deporte son activos importantes. Así, ante la necesidad de Francia de mantener un perfil bajo, España está bien situada para actuar como puente entre Bruselas y sus socios africanos. Sin embargo, para que esta coyuntura favorable no se convierta en una oportunidad perdida, España debe asegurar recursos suficientes y sostenidos para aplicar la Estrategia, y fortalecer la confianza mutua con sus socios africanos, facilitando la identificación de intereses compartidos y avanzando hacia relaciones más estrechas, igualitarias y mutuamente beneficiosas. De ello depende que España logre dar el salto cualitativo deseado en sus relaciones con África. * * * [1] Este texto forma parte del _Policy Paper_ “España en el mundo en 2026: perspectivas y desafíos”, publicado por el Real Instituto Elcano en enero de este año. [2] Este término alude a la reivindicación activa de la soberanía nacional frente a injerencias externas, acompañada de una demanda de mayor autonomía política, económica y discursiva, desde una perspectiva postcolonial

**Mensajes clave** * Ucrania se sitúa entre dos riesgos: el de una guerra prolongada que desgaste aún más al país y a los apoyos de sus aliados y el de una paz “digna” que no coincide con sus objetivos políticos y estratégicos anteriores. * La guerra sigue siendo un conflicto de objetivos políticos incompatibles, no sólo territoriales. Ucrania lucha por su supervivencia soberana y su anclaje occidental, mientras Rusia busca impedirlo y revisar el orden europeo post 1991. * Un elemento central de la estrategia rusa es el uso del tiempo como arma estratégica. Moscú apuesta a que antes colapsarán las Fuerzas Armadas de Ucrania, que la economía rusa castigada por las severas sanciones. * La paz como objetivo de negación y supervivencia, no de victoria total. Ante la imposibilidad de una derrota completa de Rusia o una recuperación íntegra del territorio, la guerra ha redefinido sus fines: para Ucrania y sus aliados, la prioridad es impedir que Moscú controle el país o utilice una tregua para rearmarse, mientras Rusia busca un “éxito estratégico” que consolide sus conquistas, bloquee la entrada de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y limite su soberanía. Así, las negociaciones giran en torno a territorio, neutralización y garantías, y el lenguaje ha evolucionado de “paz justa” a “paz digna y duradera”. * Fatiga social y apertura creciente para negociar en Ucrania. La población ucraniana muestra un agotamiento profundo y una redefinición pragmática de la victoria: detener la guerra con garantías de seguridad creíbles, incluso aceptando concesiones territoriales limitadas, aunque sigue existiendo un rechazo mayoritario a retirarse de zonas aún controladas. * Endurecimiento gradual de la opinión pública rusa. Aunque el apoyo a las negociaciones sigue siendo mayoritario, aumenta la proporción de rusos que prefieren continuar la guerra, lo que sugiere una normalización del conflicto prolongado y un menor apetito social por compromisos si la diplomacia fracasa. * Europa puede influir en los acuerdos de paz: condicionando garantías de seguridad, acelerando la integración de Ucrania en la Unión Europea (UE) y liderando su reconstrucción y modernización militar. **Análisis** ## Introducción Desde que comenzó la invasión rusa a gran escala de Ucrania hemos analizado este conflicto a través de sus tres niveles: político, estratégico y táctico. También lo hemos examinado como un espejo que refleja aspectos diversos: la ruptura de la arquitectura de seguridad y defensa europea, la política revisionista y revanchista de Rusia, el heroísmo del pueblo ucraniano, la dependencia de Ucrania de la ayuda occidental y, en particular, de Estados Unidos (EEUU), la unidad de los Veintisiete en su apoyo al país vecino, así como la guerra en Ucrania ha acelerado la transformación del orden liberal internacional. Sin embargo, desde que la Administración de Donald Trump ha impulsado las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz, la guerra en Ucrania se ha convertido en el símbolo más visible de la transformación de la relación transatlántica y de la prioridad de Washington por recuperar la estabilidad estratégica con Rusia. A parte del empeño personal del presidente estadounidense de acabar con la contienda, cabe destacar que tanto este intento, como los anteriores durante la Administración Biden, se han basado en la idea de que después del fracaso de la ofensiva ucraniana en 2023, y a pesar de las enormes pérdidas humanas y materiales de Rusia, Ucrania está perdiendo lentamente la guerra, y que postponer un acuerdo de paz, podría suponer un pacto peor que el propuesto en el momento. En noviembre de 2022, el jefe del Estado Mayor de EEUU, el general Mark Milley, secundado por Lloyd Austin, entonces secretario de Estado de Defensa, aconsejó a Ucrania negociar una paz con Rusia porque Kyiv se encontraba en una posición de fuerza, debido a que Rusia había cosechado varios fracasos en su ofensiva, pero sobre todo porque las probabilidades de que Ucrania logre la victoria militar directa de expulsar a Rusia del país “no eran altas, militarmente”. ## La guerra: tres niveles del conflicto ### Nivel político Los objetivos políticos de los actores implicados son profundamente incompatibles y no han cambiado desde el comienzo de la guerra, aunque han ido adaptándoselos a las realidades del campo de batalla. Para Ucrania, la guerra sigue siendo una cuestión de supervivencia estatal. No se trata sólo de preservar el control territorial, sino, y sobre todo, de asegurar la soberanía y la independencia nacional frente a Rusia que niega su autonomía histórica. Kyiv vincula directamente la cuestión de su soberanía a la aspiración del país de integrarse en las instituciones euroatlánticas. La guerra ha acelerado el anclaje de Ucrania en el espacio político occidental, convirtiendo su resistencia en una defensa de seguridad europea y en una afirmación de pertenencia a Europa. Rusia concibe a Ucrania como un espacio estratégico imprescindible para su interés y seguridad nacional y como un elemento clave de la identidad nacional rusa. La invasión expresa una voluntad del Kremlin de revisar el orden liberal internacional surgido tras 1991, sobre todo la ampliación de la Alianza Atlántica, cuestionando la legitimidad de las fronteras post soviéticas y el derecho de las antiguas repúblicas soviéticas a elegir alianzas. El objetivo ruso no es únicamente territorial, sino político: impedir que Ucrania consolide un sistema político soberano y occidentalizado. Para la UE (y para la Administración Biden) la guerra es una defensa del principio de integridad territorial y del rechazo a los cambios de fronteras por la fuerza. Sin embargo, desde 2022, este compromiso normativo convive con unos límites prácticos: evitar una escalada directa con Rusia, gestionar el coste económico y político del apoyo prolongado, y mantener la cohesión interna entre aliados. Así, la defensa de Ucrania se ha convertido en un ejercicio de equilibrio entre principios y contención auto impuesta. La guerra afronta tres ambiciones políticas diferentes: la supervivencia (Ucrania), la revisión y revanchismo (Rusia) y la contención y disuasión (la UE y la OTAN). Ninguna de ellas encaja fácilmente en un compromiso negociado, sobre todo teniendo en cuenta la postura del Kremlin que considera que Rusia está ganando la guerra y que por ello puede sostener sus exigencias maximalistas, entre los cuales especialmente destacan el reconocimiento _de facto_ y _de jure_ de los territorios conquistados y la retirada de las tropas ucranianas del Donetsk en la región de Donbás, que todavía no ha conquistado. Así, Ucrania se sitúa entre dos riesgos: el de una guerra prolongada que desgaste aún más al país y a los apoyos de sus aliados y el de una paz injusta que no coincide con sus objetivos políticos y estratégicos anteriores. ### Nivel estratégico En el plano estratégico, la guerra en Ucrania ha evolucionado desde una ofensiva rápida concebida como operación decisiva hacia un conflicto prolongado de desgaste, en el que el tiempo, los recursos y la resiliencia industrial pesan tanto como las maniobras militares. La dimensión estratégica ya no se define por avances territoriales espectaculares, sino por la capacidad de sostener el esfuerzo bélico, degradar al adversario y resistir la presión acumulativa. En este marco, la guerra se aproxima cada vez más a un equilibrio inestable en el que ninguna de las partes logra imponer una victoria clara, pero todas buscan evitar una derrota política. El fracaso inicial de Rusia en 2022 marcó el primer gran giro estratégico del conflicto. La tentativa de tomar Kyiv rápidamente y forzar un colapso político del Estado ucraniano no sólo resultó fallida, sino que reveló errores de planificación, subestimación de la resistencia ucraniana y limitaciones operativas significativas. Desde los fracasos durante 2022, la estrategia rusa ha mostrado una capacidad de adaptación significativa tras los reveses iniciales. Moscú ha reconfigurado su enfoque, combinando defensas en profundidad, movilización parcial, incremento de la producción militar y aprendizaje operativo en el campo de batalla. Un elemento central de la estrategia rusa es el uso del tiempo como arma estratégica. Moscú apuesta a que antes colapsarán las Fuerzas Armadas de Ucrania, que la economía rusa castigada por las severas sanciones. Desde finales de 2022, la estrategia del Kremlin ha sido no pretender una victoria rápida, sino la creación de una presión prolongada que desgaste la cohesión ucraniana y erosione el apoyo occidental. Además, Rusia ha recurrido sistemáticamente a ataques contra infraestructuras críticas, especialmente energéticas, con el objetivo de debilitar la economía ucraniana, afectar la moral de la retaguardia y dificultar la capacidad del Estado para sostener el esfuerzo bélico. Ucrania ha logrado importantes éxitos estratégicos y operativos, especialmente en 2022, con contraofensivas como Járkov y la recuperación de Jersón. Estos avances demostraron la eficacia de la combinación entre moral nacional, inteligencia occidental y empleo flexible de fuerzas. Sin embargo, la contraofensiva de 2023 evidenció los límites estructurales del esfuerzo ucraniano. Las defensas rusas, densamente minadas y apoyadas por artillería masiva, redujeron la capacidad de lograr rupturas decisivas. La guerra se consolidó como un conflicto donde la recuperación territorial resulta extremadamente costosa y lenta. Ucrania combate con determinación, pero su autonomía estratégica está condicionada por la continuidad y escala del respaldo aliado. Para Occidente, la ausencia de una definición clara de victoria contribuye a una estrategia de contención y reacción más que de resolución. Su estrategia refleja un dilema estructural: proporcionar apoyo suficiente para impedir una victoria rusa, pero sin cruzar umbrales que conduzcan a una escalada directa entre la OTAN y Rusia. ### Nivel táctico En el nivel táctico, la guerra en Ucrania ha adquirido rasgos propios de un conflicto de alta intensidad, caracterizado por la combinación de elementos que recuerdan conflictos del siglo XX (líneas de trincheras, posiciones fortificadas, campos minados extensivos y artillería masiva como principal instrumento de destrucción) y de la tecnología del siglo XXI. Los drones han transformado profundamente el campo de batalla. Los sistemas FPV, baratos y letales, de unidades relativamente pequeñas, pueden destruir vehículos blindados y posiciones defensivas con medios de bajo coste. El resultado es una guerra tecnológicamente avanzada pero tácticamente lenta, en la que la adaptación constante se convierte en condición de supervivencia. Tácticamente, la guerra se ha convertido en una maquinaria de desgaste que hace improbable una resolución de victoria militar de alguno de los dos bandos. ## La paz Desde 2022, los objetivos de Ucrania y sus aliados –una victoria de Kyiv que supondría la recuperación del todo territorio ocupado por Rusia incluida Crimea, el colapso de la economía rusa, esperanza en un cambio de régimen en Moscú y una eventual desintegración de la Federación Rusa– al no cumplirse han evolucionado. El objetivo actual es más sencillo: seguir negando Ucrania a Rusia; eso es, que Moscú no consiga un acuerdo de paz que le permita controlar Kyiv, ni rearmarse para seguir amenazando a los países vecinos y a la seguridad europea. También los objetivos no cumplidos de Rusia –una rápida conquista de Ucrania y el cambio de su gobierno por uno más favorable y controlable por Moscú– han evolucionado. En lugar de una victoria total, Rusia busca un “éxito estratégico”, que refleje sus líneas rojas, eso es, quedarse con Crimea y con el territorio conquistado y el no conquistado de la región de Donbás que reclama como “parte histórica de Rusia”, limitar el número de soldados de las Fuerzas Armadas ucranianas, vetar la entrada de Ucrania en la OTAN. De las intensas negociaciones de paz se saben pocos detalles, pero se centran en cuatro puntos: cesión ucraniana de territorio a Rusia; limitaciones a la expansión de la OTAN, una zona desmilitarizada en Donetsk y un mecanismo de verificación para evitar un nuevo acuerdo Minsk. La narrativa sobre el conflicto está cambiando en Ucrania: su gobierno ya no habla de una “paz justa”, sino de “una paz digna y duradera”, mientras Moscú sigue insistiendo en “una paz que solucione raíces históricas del conflicto”. ### El mayor escollo: Donetsk Durante meses, funcionarios rusos han sugerido que Moscú no dejará de combatir hasta que Ucrania entregue alrededor de 5.000 km2 de la región de Donetsk que Kyiv aún controla. Donetsk es central para toda la narrativa bélica del Kremlin: desde 2014, la propaganda rusa ha presentado el Donbás (Donetsk y Lugansk) como “territorios históricos rusos” y ha descrito la invasión como una misión para “salvar” a la población rusa y rusófona. Conquistar el resto de Donetsk también ayudaría a Putin a construir un relato de victoria a partir de un costoso estancamiento. Si Rusia obtiene en la mesa de negociación lo que no ha logrado por la fuerza, lo presentará como una victoria en la guerra, por haber dictado los términos de su final. Dado el altísimo precio pagado por las tropas y las familias ucranianas en la defensa del Donbás, cualquier concesión allí sería de un enorme valor político que probablemente el gobierno de Zelenski no puede asumir si ambiciona ser reelegido. Además, la parte de Donetsk controlada por Ucrania es una de las zonas más fortificadas de frente, con líneas defensivas que se remontan a 2014. Si Rusia la obtuviera, Ucrania perdería un colchón clave y quedaría más expuesta ante cualquier hipotética ofensiva rusa. ### Opinión pública sobre las conversaciones de paz Todas las partes involucradas en la guerra notan una fatiga. Vitaliy Kim, gobernador de la provincia meridional ucraniana de Mikolaiv y un aliado clave de Volodímir Zelenski, declaró que “todo el mundo está muy cansado”, subrayando que la mayoría de los ucranianos define ahora la victoria como detener la guerra con garantías de seguridad creíbles para que sus hijos puedan recuperar una vida normal. “Sólo somos 40 millones de personas y todo el mundo está exhausto. Nuestros soldados no pueden luchar durante cuatro a diez años”. Al otro lado de la frontera, en la región rusa de Bélgorod, las comunidades de primera línea también están agotadas: pueblos vaciados, infraestructuras eléctricas atacadas repetidamente y residentes que ignoran las sirenas mientras se dirigen al trabajo. En julio de 2025, un 69% de los ucranianos estaban a favor de una paz negociada para poner fin a la guerra. Hasta ahora, los ucranianos siempre han rechazado la idea de conseguir un acuerdo de “paz por territorios”. Sin embargo, como señaló Vitaliy Kim, “el territorio es importante, pero aún más importante son las vidas humanas y la situación es que no sabemos qué va a ocurrir mañana”. En enero de 2026 una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kyiv reveló que el 40% de los ciudadanos aceptaría ceder la región del Donbás a cambio de garantías de seguridad firmes que eviten futuras invasiones de Rusia. Sin embargo, el 52% de la población rechaza la exigencia de Moscú de la retirada de Ucrania de las zonas que aún controla al este del país. Según los datos de la encuesta pública realizada por el Centro Levada en enero de 2026, hay un notable endurecimiento de la actitud del público ruso hacia la guerra en Ucrania. El apoyo a las conversaciones de paz cae: la proporción de rusos que creen que su país debería continuar con las operaciones militares en lugar de continuar las negociaciones de paz con Ucrania aumentó hasta en un 25% (seis puntos porcentuales), aumentando del 25% en diciembre de 2025 al 31% en enero de 2026. Durante el mismo período, la proporción de encuestados que están a favor de iniciar negociaciones de paz en lugar de continuar con las operaciones militares disminuyó en un 9% (5,4 puntos porcentuales), del 66,4% en diciembre al 61% en enero. Si bien la encuesta indica que el apoyo a las conversaciones de paz inmediatas siguió siendo mayor que el apoyo a que la guerra continúe, si las conversaciones de paz fracasan, el equilibrio podría cambiar hacia una mayor aceptación de la escalada. Estas tendencias apuntan a una posible mayor normalización de una larga guerra y a la reducción del apetito público por el compromiso en Rusia. ## Conclusiones y recomendaciones Existe la sensación de que se perdió la oportunidad de negociar un acuerdo de paz con una Rusia debilitada en 2022 o aprovechar para armar a Ucrania suficientemente para ganar la guerra. Desde entonces, cualquier acuerdo de paz será peor. El empuje estadounidense para acabar la guerra refleja el giro estratégico y obliga a Europa a asumir mayores responsabilidades estratégicas y militares, no sólo respecto a Ucrania. El margen europeo aumenta en responsabilidad, sobre todo en la defensa primaria, pero se está estrechando en la autonomía política efectiva. Una paz digna, aunque injusta para Ucrania, sería recibir sólidas garantías de seguridad que protegen su soberanía y la integridad territorial, así como de protegerla de un eventual futuro ataque ruso, aceptables para Ucrania y aceptables para Rusia. La ausencia de Europa en la mesa de negociaciones pone de relieve que no puede frenar un acuerdo impuesto por la Administración Trump, porque no tiene la capacidad de llenar el eventual vacío si Washington corta la venta del armamento estadounidense y deja de compartir la inteligencia con Kyiv. Sin embargo, Europa puede influir: condicionar las garantías, la integración occidental de Ucrania y la sostenibilidad estratégica del resultado final. Ante todo, debe acelerar la adhesión de Ucrania (y Moldavia) a la UE. Probablemente la integración de Ucrania en la UE no se producirá en 2027, pero debería producirse antes 2030. Además, Europa debe liderar la reconstrucción económica y estabilización política de Ucrania, y financiar la modernización de las Fuerzas Armadas con capacidades interoperables de la OTAN. En el quinto año de la guerra, es probable que Rusia y Ucrania sigan luchando y sigan negociando, desgastando sus propias fuerzas y las del adversario, aunque también seguirán insistiendo en lo “constructivas” que son las negociaciones cuando hablen con el presidente Trump o sus enviados.