El congresista Daniel Briceño aclaró en un video publicado en sus redes sociales que la exdirectora de la Unidad de Víctimas, Gloria Cuartas, no tuvo participación en las contrataciones ni ordenó los gastos que había cuestionado públicamente en 2025. Esta declaración surgió luego de que un juez confirmara una sanción de un día de arresto por desacato, tras su negativa a retractarse de los señalamientos contra Cuartas. Briceño explicó que sus críticas sobre el manejo presupuestal de la entidad no implicaban responsabilidad directa de la exfuncionaria, quien no produjo, contrató ni ordenó las actividades denunciadas. La controversia judicial se originó cuando el congresista no cumplió con una orden de retractarse, lo que llevó a la sanción. La decisión fue confirmada por el Juzgado 40 Penal de Bogotá, pese a los argumentos de la defensa del representante, quien alegó falta de notificaciones adecuadas tras dejar su cargo como concejal.

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la orden de arresto de cinco días y la multa equivalente a tres salarios mínimos impuesta al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, tras determinar que cumplió con la tutela presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda. La decisión, emitida el 8 de julio de 2026, concluyó que Sanguino respondió de fondo el derecho de petición de Miranda, quien había denunciado que las respuestas del Ministerio no atendían sus requerimientos sobre acoso y violencia en RTVC. La sanción fue impuesta por no cumplir con un plazo de 48 horas para contestar un cuestionario de 12 preguntas, pero el tribunal determinó que la tutela ya había sido cumplida. Sanguino reaccionó en redes sociales destacando que actuaron conforme a la ley y protegieron la información sensible. El caso refleja un conflicto entre el Ministerio de Trabajo y la congresista, que se enmarca en denuncias de acoso laboral en RTVC. La resolución judicial confirma que la administración cumplió con sus obligaciones legales, evitando sanciones innecesarias.