Laura Cruz Vega, agente de la Guardia Civil asesinada en Llanes, solicitó una orden de alejamiento y protección en diciembre de 2025 tras años de sufrir acoso por parte de su expareja, Dámaso Fernández Serantes. Sin embargo, las autoridades denegaron la medida, ignorando los antecedentes de violencia doméstica. La relación entre ambos se deterioró hace catorce años, culminando en una agresión física en 2019 donde el expareja rompió un diente a Laura. A pesar de múltiples denuncias y sentencias judiciales que condenaron a Dámaso por maltrato y acoso psicológico, la situación no se resolvió. El agente, quien tenía pareja en Zamora, continuó hostigando a Laura hasta su muerte el 7 de agosto de 2026. La tragedia revela fallos en el sistema judicial y las instituciones para proteger a víctimas de violencia de género, generando un debate sobre la necesidad de medidas más efectivas de seguridad y justicia.

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