La región del sur de Bolívar enfrenta un grave problema de minería ilegal, donde el 70% de la producción de oro está controlada por grupos armados como ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Esta actividad genera conflictos violentos, violencia contra líderes sociales y evita que los ingresos se destinen al desarrollo regional. El gobernador Yamil Arana destacó que solo el 5% de la minería es legal, lo cual no beneficia a la comunidad. Además, se reportaron ataques con drones contra una estación de policía, evidenciando la superioridad tecnológica de los grupos criminales frente a las fuerzas de seguridad. La fiscal ambiental mencionó que la zona es estratégica por su conexión con departamentos vecinos y el crecimiento del negocio del oro ilegal. El Estado colombiano no recaudar el 80% de impuestos correspondientes, lo que perpetúa la situación.