| ACTUALIDAD Rebeldía, las juventudes de Podemos, denuncia la persecución judicial a cuatro jóvenes por protestar contra la ultraderecha El próximo 25 de junio, cuatro jóvenes militantes de Rebeldía —...

La exfiscal Lucy Laborde, quien lideró el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, reveló en una entrevista a Semana que fue sometida a presiones institucionales para modificar la calificación de los delitos imputados al procesado. Según relató, autoridades le sugirieron retirar el delito de lavado de activos y asignarle una pena prolongada en una guarnición militar. Al negarse a ceder ante estas presiones, fue apartada abruptamente de su cargo de manera irregular. La situación escaló al plano personal, con amenazas, vigilancia constante y incluso la participación del propio presidente Petro en declaraciones intimidantes. Laborde aseguró que su caso representa una vulneración de sus derechos fundamentales y ha convertido a la Fiscalía en un espacio de resistencia para funcionarios que denuncian atropellos similares. Su postura ética, pese al tormento vivido, se convierte en un ejemplo de integridad para sus hijos y un estandarte de valentía dentro de la institución.

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Del «lawfare», la concòrdia i la llibertat

El Gobierno de Nayib Bukele ha intensificado su ofensiva contra la prensa independiente en El Salvador al congelar una cuenta bancaria y un inmueble de dos socios de Trípode S.A., la sociedad gestora del periódico digital de investigación 'El Faro'. La medida se enmarca en una acusación fiscal por presunta deuda de impuestos que el medio rechaza y considera parte de una estrategia de persecución política. El director de 'El Faro', Carlos Dada, explicó que la intervención fue detectada por un socio al revisar su banca en línea, sin haber recibido notificación formal de ningún juez. Este episodio se inscribe en una larga campaña de hostigamiento que se remonta a 2020, cuando Bukele anunció una investigación 'grave' por presunto lavado de dinero contra el medio. Desde entonces, el Ministerio de Hacienda ha abierto varias auditorías sobre las donaciones recibidas mediante campañas de suscriptores, para después cambiar la acusación a evasión fiscal, sin que ninguna de esas auditorías haya llegado a sentencia definitiva. El periódico sostiene que todos sus impuestos están al día y que la congelación responde al afán de asfixiar financieramente a la redacción y silenciar su labor de investigación. El acoso ha obligado a 'El Faro' a trasladar su estructura administrativa a Costa Rica en 2023 y a llevar a la práctica el exilio de buena parte de su equipo. Además de las presiones fiscales, el medio ha denunciado espionaje informático con el software Pegasus contra sus periodistas y un contexto general en el que más de cincuenta informadores se han visto forzados a abandonar el país por temor a ser encarcelados. Organismos de derechos humanos, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señalan que el Estado de El Salvador está utilizando procesos judiciales para disciplinar y acallar voces críticas, en un escenario donde la libertad de prensa ha caído drásticamente bajo la administración de Bukele.

Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha reaparecido en una entrevista en Onda Cero con Julia Otero, tres semanas después de anunciar su candidatura a la alcaldía de Valencia por Compromís. Se muestra serena y sin los ataques de ansiedad previos, pese a que la Audiencia de Valencia ha ordenado abrir juicio oral por presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor entre 2016 y 2017, cuando ella era consellera de Inclusión Social. En el banquillo se sentarán Oltra y 12 colaboradores. Ante la pregunta sobre si es víctima de 'lawfare' o persecución judicial, Oltra responde: «No solo lo creo yo, lo cree toda España, incluso los que la practican contra mí». Argumenta que la Audiencia sabe que no hay pruebas, solo elementos de defensa, y califica el caso de sinsentido que se estudiará en facultades de Derecho. Vincula la causa a intereses económicos opuestos a su defensa de la gestión pública en sanidad y servicios sociales, mencionando una foto de figuras como el CEO de Ribera Salud, Cristina Seguí y Francisco Camps. Explica su dimisión de hace cuatro años como forzada para no romper el gobierno del Botànic, criticando a compañeros que no la apoyaron. El juicio podría coincidir con la campaña electoral. Oltra justifica su regreso porque no podía rendirse ante la derecha y extrema derecha, que rechazan sus políticas emancipatorias. Mantiene su despacho de abogada y estudia mediación; su vuelta es paulatina. El anuncio de su candidatura generó apoyo de la izquierda y PSOE, y críticas de PP y Vox. Recientemente participó en un acto con Sira Rego, Irene Montero y Janja Lula da Silva contra la violencia política hacia mujeres.