El abogado de Vito Quiles, Juango Ospina, denuncia que su cliente no se entrega porque "quieren que se vaya detenido", tras una orden de detención que, según él, no se habría cumplido. Ospina afirma que el juzgado le indicó que si Vito Quiles comparece voluntariamente, la ley prevé que se retire la orden de búsqueda. Sin embargo, el juzgado desmintió esta explicación, indicando que la jueza estaba de guardia de detenidos y no podía organizar una declaración a la carta. El abogado confirma el ofrecimiento de refugio en la embajada argentina de Milei, aunque no aporta detalles sobre el paradero actual de Quiles. La situación genera controversia por la posible irregularidad en el procedimiento judicial, con el abogado advirtiendo de posibles acciones penales por lo ocurrido.

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha solicitado presentarse con abogado y tener acceso completo a la causa relacionada con la DANA, lo que implicaría declarar voluntariamente como investigado. Esta petición llega tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de impedir su imputación, y no en las ocasiones previas en las que se le ofreció esta posibilidad por la magistrada Nuria Ruíz Tobarra. Según fuentes judiciales, el movimiento podría considerarse un 'fraude de ley', dado que Mazón renunció previamente a declarar como investigado. Los motivos de esta solicitud serían, en primer lugar, poder acogerse al derecho a no declarar, y en segundo lugar, la posibilidad de no estar obligado a decir la verdad, ya que los investigados no tienen la obligación de veracidad. El escrito presentado por su abogado argumenta que Mazón ha mantenido siempre una actitud de respeto hacia la instrucción judicial y que su decisión de no personarse antes no fue pasividad sino prudencia procesal. La magistrada probablemente denegará la personación, aunque la decisión final corresponde a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, conocida por su carácter garantista. El caso genera debate sobre los límites de los derechos procesales y el uso estratégico de los mismos por parte de los imputados.