Conversaciones privadas de Sánchez sin relación con ningún proceso judicial que recogió la UCO y estaban bajo custodia judicial; su divulgación apesta. ¿Quién las facilitó? ¿A cambio de qué? ¿Las roba...

Un evento musical privado ocupará el parque público durante dos semanas, restringiendo el acceso al recinto a los residentes de barrios colindantes, como Carabanchel | Noticias | Información | Última ...

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La Corte Suprema de Justicia inició una indagación contra Gloria Arizabaleta, exrepresentante del Pacto Histórico, por presuntos delitos de concusión, prevaricato, tráfico de influencias y revelación de secreto. Arizabaleta, entonces presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, solicitó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro en su contra por presunta participación política. La medida, inédita, buscaba apartarlo del cargo hasta el cierre de la segunda vuelta presidencial. Petro calificó la situación como una 'extorsión', afirmando que Arizabaleta le exigía 'cosas que no he querido dar'. La investigación aborda el proceso legal para determinar si Petro debe ser apartado de su cargo, un procedimiento que requiere la aprobación del Senado y un largo camino judicial. Solo en 2016 se logró la salida de un alto funcionario de su cargo, en este caso Jorge Pretelt, ex presidente de la Corte Constitucional. La noticia destaca el escándalo político y las implicaciones para la continuidad del mandato de Petro.

Un juez de Toronto ha ordenado la liberación de un testigo clave en el juicio por asesinato de un hombre encontrado muerto en un apartamento. El testigo, quien fue arrestado temporalmente durante la investigación, fue liberado bajo condiciones específicas. La decisión se tomó tras evaluar la relevancia de su testimonio para el caso. El juicio, que involucra a múltiples acusados, ha sido seguido por la comunidad local debido a la naturaleza violenta del crimen. Las autoridades han destacado la importancia de mantener la integridad del proceso judicial, incluso en casos sensibles. El testigo, cuya identidad no fue revelada, se encuentra bajo supervisión policial mientras se desarrolla el caso. La liberación fue anunciada durante una audiencia pública, donde se discutieron los detalles del testimonio que podría impactar la sentencia. La comunidad ha expresado preocupación por la seguridad de los involucrados y la transparencia del proceso legal. Este caso refleja la complejidad de los juicios penales en contextos urbanos, donde la presión pública y la justicia deben equilibrarse cuidadosamente.

El juicio que se lleva a cabo en las Islas Malvinas, territorio disputado entre Argentina y el Reino Unido, ha generado un gran impacto internacional. La corte de Río Grande, ubicada en la isla de Río Grande, está analizando un caso que involucra a funcionarios de la administración británica y podría tener implicaciones significativas en la relación entre ambos países. El proceso judicial, que se inició tras una denuncia por supuestas irregularidades en la gestión de recursos naturales del Atlántico Sur, ha sido ampliamente seguido por analistas políticos y expertos en derecho internacional. La audiencia principal se celebró en el mes de julio, donde se presentaron evidencias que cuestionan la legalidad de la ocupación británica de las islas desde 1833. La defensa de los acusados argumenta que la disputa territorial es un asunto exclusivamente interno del Reino Unido, mientras que la acusación sostiene que la ocupación viola los derechos de la población argentina. La sentencia, que podría llegar en los próximos meses, podría marcar un punto de inflexión en la historia de las islas y redefinir la relación entre Argentina y el Reino Unido. Además, el caso ha generado debates sobre el derecho internacional, la soberanía y el derecho de los pueblos a decidir su destino. La comunidad internacional ha mostrado interés en el desarrollo del proceso, ya que su resultado podría influir en futuras negociaciones sobre el statu quo de las islas. La corte ha recibido apoyo de organizaciones de derechos humanos y activistas que defienden la soberanía argentina sobre las islas, mientras que el gobierno británico ha mantenido una postura defensiva. El juicio ha sido visto como un símbolo de la lucha por la justicia internacional y la resolución de conflictos territoriales a través del sistema judicial. Aunque el caso no resuelve la disputa completa, su resolución podría establecer un precedente legal que afecte futuros conflictos similares. La importancia del juicio radica en su potencial para redefinir el marco legal de la soberanía territorial y su impacto en la relación bilateral entre Argentina y el Reino Unido. La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo del caso, esperando que su resolución contribuya a la paz y la estabilidad en la región.

El Centro de Derechos Humanos José Revueltas denunció que durante la detención del abogado Alejandro Martínez Martínez, asesor jurídico de normalistas de Teteles, Puebla, se cometieron violaciones al debido proceso. El 26 de agosto, el personal de la Fiscalía General del Estado y el Cereso San Miguel en Puebla dejó incomunicado más de 12 horas al abogado, ocultando información a sus familiares lo que constituyó una 'desaparición forzada temporal'. Además, se le asignó una sala de testigos protegidos sin justificación legal, mientras estaba recluido en el Cereso. La audiencia inicial calificó como legal su detención y aplicó prisión preventiva, a pesar de las irregularidades. Hoy se conocerá si será vinculado a proceso. El caso refleja tensiones entre instituciones y defensores de derechos humanos en la región.

El ex presidente venezolano Nicolás Maduro publicó imágenes de su detención en Estados Unidos, mostrando su estado en la celda. La noticia refleja el impacto de su situación judicial y la reacción del oficialismo chavista. Las fotos, difundidas desde su cuenta oficial, incluyen un mensaje hacia sus seguidores y familiares, destacando su firmeza ante el proceso legal. El caso de Maduro se enmarca en una investigación federal que podría prolongarse hasta junio de 2027, con debates sobre la inmunidad soberana. La difusión generó reacciones internacionales y dentro del chavismo, con figuras como su hijo Nicolás Maduro Guerra replicando las imágenes. El texto incluye referencias bíblicas y alianzas políticas, mostrando el contexto de un proceso judicial complejo en Nueva York.

El ex presidente Álvaro Uribe anunció su disposición para asistir al Congreso y responder por investigaciones sobre las masacres de El Aro y La Granja cometidas por paramilitares durante su mandato como gobernador de Antioquia. Esta situación generó divisiones dentro del Pacto Histórico, la bancada más grande del Congreso, donde algunos congresistas abogan por que la Comisión de Acusaciones, en lugar de la Fiscalía, lleve el debate. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, rechazó la posibilidad de extender la investigación hasta 2003, cuando Uribe era presidente, y remitió el caso a la Corte Constitucional para definir su jurisdicción. Aunque la Fiscalía continúa con el proceso, ningún caso contra un ex presidente ha prosperado más allá del examen inicial en la Cámara. La discusión refleja tensiones políticas y legales en torno a la responsabilidad de Uribe por actos pasados, con críticas sobre garantías procesales y el papel del Congreso en estos asuntos.

La exprocuradora federal Jeanine Pirro, ahora abogada privada, se encuentra en un dilema legal tras la desestimación parcial de su caso contra David Hearn, un exolímpico acusado de dañar el estanque reflejante del Lincoln Memorial. La fiscalía presentó pruebas que demostraron que los daños al revestimiento del estanque se debieron a una 'sobrantespray' durante la construcción, no a actos vandálicos. A pesar de admitir que su caso carece de fundamento, Pirro insiste en solicitar un cierre definitivo del proceso para evitar futuras acusaciones. El juez Todd Edelman rechazó temporalmente la solicitud de desestimación total, dejando abierta la posibilidad de reabrir el caso. La situación refleja una disputa entre la fiscalía y los abogados de Hearn, quienes denuncian que la narrativa del gobierno sigue siendo disparatada a pesar de las pruebas presentadas. Este caso subraya problemas en la aplicación de la justicia y la presión política sobre procesos legales.

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, se declaró inocente en una carta dirigida a la opinión pública, familiares y amistades desde el penal federal del Altiplano. El exfuncionario de 73 años negó ser líder fundador del grupo criminal 'La Barredora' y acusó a las autoridades de perseguirlo políticamente. En el documento, cuestionó la forma en que se han construido las acusaciones, destacando que su proceso judicial debe seguir los principios del debido proceso y la presunción de inocencia. Además, señaló que algunos medios de comunicación han afectado su reputación desde que su caso fue difundido en septiembre de 2025. Bermúdez Requena enfrenta múltiples procesos judiciales, incluyendo una solicitud de condena de 154 años de prisión por delitos como asociación delictuosa y secuestro agravado. También fue vinculado a proceso por el presunto delito de peculado. El exfuncionario confía en la autonomía del Poder Judicial y pide que su caso no sea sustituido por una persecución política o mediática. Su trayectoria en el servicio público tabasqueño incluye décadas de trabajo en seguridad estatal, donde defiende su desempeño como no improvisado. La carta refleja su rechazo a las acusaciones y su demanda por un juicio justo.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, negó las acusaciones de ser líder de la organización criminal 'La Barredora' y denunció una persecución política y mediática desde el penal federal del Altiplano. En una carta publicada el 3 de agosto de 2026, el hombre de 73 años sostuvo que su proceso judicial debe seguir bajo el debido proceso y la igualdad procesal, cuestionando las pruebas presentadas contra él. Bermúdez fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025 y trasladado a México, donde lo acusan de liderar un grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de haber cometido delitos durante su gestión en Tabasco. En el documento, reivindicó más de cuatro décadas de experiencia en el sector público y privado, además de su paso por seis gobiernos tabasqueños. También criticó la cobertura mediática de su caso, afirmando que su imagen y reputación han sido atacadas desde septiembre de 2025, violando su presunción de inocencia. El exfuncionario aseguró confiar en la imparcialidad del Poder Judicial y pidió que su proceso no sea sustituido por una persecución política o mediática. La Fiscalía solicitó una condena de 154 años de prisión por cargos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al ex gobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero por presuntamente ocultar evidencia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, reveló que testigos protegidos confirmaron grabaciones que muestran cómo el ex mandatario ordenó destruir pruebas relacionadas con el autobús donde viajaban los estudiantes. Este caso, considerado uno de los episodios más emblemáticos de violación a derechos humanos en México, ha sido estancado por negligencia institucional y falta de evidencia documental. La detención de Aguirre abre una nueva esperanza para esclarecer el paradero de los jóvenes desaparecidos, aunque aún persisten dudas sobre quiénes ordenaron la operación dolosa que cubrió los actos delictivos. La investigación enfrenta obstáculos como testimonios contradictorios y la muerte de varios implicados, lo que complica la reconstrucción de los hechos.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció irregularidades en el proceso penal contra Jesús Plácido Galindo, líder del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), acusado de homicidio en 2021. Abel Barrera Hernández, director del organismo, señaló que la Fiscalía General del Estado omitió mencionar la carpeta de investigación por el crimen en un oficio de 2025, lo que contradice el señalamiento. Además, cuestionó la incorporación de la confesión del testigo Marcos Campos Ahuejote, quien falleció en 2022, y su ausencia en el archivo digital de la FGE. Familiares de dos funcionarios retenidos en San Luis Acatlán presentaron denuncia por privación de libertad, mientras los habitantes exigen su liberación. La denuncia refleja la percepción de una estrategia de criminalización contra activistas indígenas por denunciar violencia en la región.

Liliana 'N' fue vinculada a proceso y enviada al Centro de Reinserción Social Femenil de Saltillo por la muerte de Rocky, un perro de 14 años que habría sido arrastrado con una cadena atada a su camioneta. El animal falleció el 22 de julio debido a un trauma medular agudo. La Fiscalía General del Estado de Coahuila indicó que la mujer permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el proceso por maltrato animal. La investigación contó con videos difundidos en redes sociales, peritajes, una inspección judicial autorizada y evidencia biológica. El caso generó indignación entre vecinos y colectivos animalistas. Además, su esposo, Jorge 'N', fue detenido por presuntamente obstaculizar un cateo y amenazar a agentes de investigación. La Fiscalía rechazó cualquier interferencia política y aseguró que el caso se aborda conforme a derecho. El incidente destaca la importancia del bienestar animal y la responsabilidad legal en casos de maltrato.

Después de casi tres años de maniobras legales y con el proceso penal prácticamente congelado, Emilio Lozoya Austin vuelve a quedar frente a la justicia. Un tribunal federal le negó el amparo y ordenó reactivar el caso Agronitrogenados, uno de los escándalos que exhibieron los negocios y abusos del viejo régimen. Por unanimidad, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó que el acuerdo reparatorio firmado por Alonso Ancira no puede convertirse en un salvoconducto para Lozoya. El exdirector de Pemex deberá enfrentar nuevamente el proceso por las acusaciones relacionadas con la compra a sobreprecio de una planta de fertilizantes que habría provocado un daño patrimonial a la empresa del Estado. La Fiscalía General de la República también ha señalado que, antes de la operación de compraventa, Ancira transfirió 3.4 millones de dólares a Lozoya, recursos que presuntamente fueron utilizados para adquirir una residencia en Lomas de Bezares. Ahora, el tribunal cerró la puerta al amparo que mantenía detenido el procedimiento. El caso vuelve a los tribunales y Lozoya tendrá que responder por las acusaciones que lo vinculan con una de las operaciones más cuestionadas de la corrupción que marcó al régimen neoliberal. El blindaje legal se terminó. Después de casi tres años de proceso congelado, la justicia vuelve a poner a Emilio Lozoya frente a sus cuentas pendientes.

La justicia mexicana vinculó a proceso al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en un caso relacionado con el delito conocido como huachicol fiscal, una práctica que implica operaciones irregulares vinculadas con el comercio ilegal de combustibles y la evasión de impuestos. La jueza encargada del caso también ratificó la medida de prisión preventiva para Ruffo y otros siete presuntos implicados mientras continúa el desarrollo de la investigación judicial. Ernesto Ruffo, integrante del Partido Acción Nacional (PAN), fue el primer gobernador de oposición en México tras décadas de dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a lo largo de su trayectoria política ha ocupado distintos cargos públicos. La acusación actual está relacionada con hechos que deberán ser comprobados durante el proceso penal correspondiente. La vinculación a proceso no representa una sentencia definitiva, sino una determinación judicial que establece que existen elementos suficientes para que continúe la investigación formal contra los señalados. Durante las siguientes etapas del procedimiento, la Fiscalía deberá presentar pruebas y los acusados tendrán oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. El caso forma parte de los operativos de las autoridades mexicanas contra redes presuntamente involucradas en delitos fiscales y tráfico irregular de combustibles, un fenómeno que ha generado pérdidas económicas para el Estado y que ha sido investigado durante los últimos años.

El ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció nuevamente ante un tribunal federal de Nueva York en una audiencia relacionada con acusaciones de narcoterrorismo. Este es su tercer encuentro judicial tras su detención en enero pasado. La Fiscalía y la defensa presentaron un calendario propuesto para el juicio previsto para 2027, aunque el juez aún no ha confirmado su adopción. Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos por conspiración en narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que ella también está acusada de delitos relacionados con drogas y posesión de armas. La audiencia fue acompañada por grupos de apoyo y oposición, lo que generó medidas de seguridad en la zona. La defensa planea presentar mociones para solicitar inmunidad para Maduro, mientras que la Fiscalía anticipa la entrega de pruebas en septiembre y noviembre. Un análisis reciente sugiere que las cortes estadounidenses podrían no tener autoridad para juzgar el caso debido a leyes nacionales. Este proceso legal sigue siendo un tema de gran relevancia en la política internacional.

Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, denunció públicamente las condiciones de la detención de su padre, ocurrida el pasado jueves en Ensenada. Afirmó que su padre fue trasladado a más de dos mil kilómetros de su hogar sin que un juez haya valorado ninguna prueba en su contra. En un video difundido en redes sociales, destacó que su padre dedicó más de 40 años al país y fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México. Ruffo señaló que su padre nunca se escondió, ya que fue detenido en su domicilio y mostró disposición para aclarar cualquier acusación ante las autoridades. Exigió un proceso justo y transparente, reiterando que no buscan privilegios, sino únicamente justicia. La hija del exmandatario recordó que su padre vive con sencillez en Ensenada, algo que la gente reconoce y respeta. Su denuncia busca garantizar que se respeten los derechos de su padre y que se investiguen las irregularidades en su detención. La situación ha generado atención nacional y respaldo de organizaciones que apoyan la transparencia en los procesos judiciales.

El cantante colombiano Charlie Zaa se pronunció tras el anuncio del proceso de extinción de dominio iniciado por la Fiscalía General de la Nación sobre sus bienes. En un comunicado, negó que exista una sentencia judicial contra él o su familia, afirmando que el procedimiento apenas está en una fase inicial y que aún no hay decisión definitiva sobre los activos. Zaa destacó que la defensa legal comienza a presentar pruebas para demostrar el origen lícito de sus bienes, rechazando cualquier acusación sin evidencia sólida. Además, aseguró su colaboración con las autoridades y confió en el debido proceso judicial. El artista también agradeció el apoyo de sus seguidores y mencionó que seguirá trabajando en su gira 'Nacer de Nuevo' mientras se resuelve el caso. La Fiscalía investiga presuntos vínculos con el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, aunque Zaa mantiene que no hay pruebas suficientes para declarar sus bienes ilegales. Este caso refleja la complejidad de los procesos legales en Colombia relacionados con patrimonio y actividades económicas de figuras públicas.