La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el consorcio Férreo del Pacífico UGPRO enfrentan un desacuerdo legal sobre la firma del contrato para el corredor ferroviario Buenaventura-Palmira, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Gustavo Petro. Aunque el acto de adjudicación fue formalizado en diciembre de 2025, el contrato nunca llegó a firmarse debido a múltiples acciones judiciales, incluyendo una solicitud de revocatoria directa y una demanda por omisión administrativa. La ANI sostiene que las resoluciones judiciales ya se han cumplido, pero la ejecución del proyecto sigue paralizada. Este conflicto refleja los desafíos para impulsar el regreso del tren en Colombia, un anuncio clave de Petro durante su campaña electoral. El caso plantea cuestiones sobre la eficacia de las políticas públicas y la capacidad institucional para materializar promesas de desarrollo. Mientras el gobierno saliente sigue presentando el proyecto como parte de una transformación del transporte nacional, la estructuración técnica del corredor permanece sin iniciar debido a la falta de un acuerdo legal definitivo.