En Cartagena se ha creado el Comité Pro Islas, un espacio interinstitucional formado por el Distrito de Cartagena y el Gobierno Nacional, con el objetivo de regularizar las operaciones marítimas hacia las islas del Rosario, Barú y Tierrabomba. Este comité surge como respuesta a un diagnóstico preocupante: mientras en el Muelle de La Bodeguita se recauda de manera rigurosa la tasa ambiental por pasajero, decenas de lanchas, yates y naves zarpan diariamente desde marinas informales o muelles privados sin que los turistas paguen la tarifa destinada a la conservación. Esta evasión sistemática ha dejado a Parques Nacionales sin fuentes cuantiosas de financiación, a pesar de que la presión del turismo masivo exige mayores inversiones en señalización, boyado y protección de ecosistemas frágiles en las islas mencionadas. El Comité Pro Islas tiene como prioridad realizar un censo detallado y una caracterización técnica de todas las marinas de la ciudad, con el acompañamiento de la Dirección General Marítima (Dimar), para determinar cuáles instalaciones cumplen con los requisitos legales para ser autorizadas como puntos oficiales de zarpe. Además, exigirá el cumplimiento estricto de pólizas de seguro, permisos ambientales y licencias operativas para agencias de viajes, hoteles, prestadores de servicios náuticos y empresas de alquiler de naves recreativas. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó que el comité busca fortalecer el cobro del impuesto para que se realice no solo en La Bodeguita, sino en todas las marinas autorizadas, asegurando que cada visitante contribuya a la sostenibilidad del destino. La estrategia también contempla la delimitación mediante sistemas de boyado en los perímetros de arrecifes de coral, la protección activa de las lagunas costeras y la restauración de los bosques de mangle, barreras naturales clave para contrarrestar la erosión costera y los efectos del cambio climático. El mandatario enfatizó que las decisiones adoptadas marcan el inicio de una etapa de gestión ambiental vinculante para la zona insular, asegurando que los recursos recaudados se reinviertan de manera transparente en la preservación de los ecosistemas insulares y en el bienestar de las poblaciones nativas del área de influencia. Este enfoque se alinea con el compromiso de Cartagena de convertirse en una 'Biodiverciudad', donde el desarrollo económico no amenace la biodiversidad marina ni el tejido social de las comunidades insulares.

Micro e pequenas empresas devem solicitar adesão ao regime simplificado até 15 de outubro de 2026 e regularizar pendências até o dia 30 do mesmo mês

Prazo de 30 de setembro vale para os participantes do programa de autorregularização da Receita Federal; pagamento ou parcelamento dos tributos pode ser feito até 30 de novembro.

Proprietários que perderem o prazo poderão regularizar o veículo, mas terão de pagar valor maior pelo licenciamento

São Paulo chega a quatro meses de atraso de salário GRUPO DE WHATSAPP: O São Paulo não pagou os direitos de imagem que venceram na última segunda-feira, 28 de setembro, e chegou a quatro meses de atraso com a maior parte do elenco. O clube também não quitou a parcela de setembro do acordo firmado no início do ano para regularizar valores devidos aos jogadores referentes a 2025. A situação aumenta a tensão no elenco e ocorre às vésperas da votação do contrato com a Ticketmaster, acordo que pode antecipar R$ 110 milhões aos cofres do Tricolor.

Lançado pelo governo na sexta-feira, o Desenrola 3.0, terceira edição do programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas, deve ter efeito limitado sobre o endividamento das famílias, segundo especialistas. Embora possa ajudar consumidores a regularizar débitos antigos, o programa não altera as condições que levaram ao aumento do comprometimento da renda nos últimos anos e, por isso, não deve produzir uma melhora sustentada nos indicadores. Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro.

Lançado pelo governo na sexta-feira, o Desenrola 3.0, terceira edição do programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas, deve ter efeito limitado sobre o endividamento das famílias, segundo especialistas. Embora possa ajudar consumidores a regularizar débitos antigos, o programa não altera as condições que levaram ao aumento do comprometimento da renda nos últimos anos e, por isso, não deve produzir uma melhora sustentada nos indicadores. Matéria exclusiva para assinantes. Para ter acesso completo, acesse o link da matéria e faça o seu cadastro.

Abogado de inmigración, ¡Defendemos tus Derechos! Deportación, Visa de negocios, Petición familiar, Naturalización, Asilo, Residencia, angelleal

El Ayuntamiento de Gómez Palacio y el Gobierno de Durango avanzan en la regularización ambiental de las marmoleras de la Región Laguna. De las 48 empr...

Tramita una petición, que cuenta con un informe inicial favorable, para incorporar ocho puntos de extracción no declarados. Según la Fiscalía, con estas infraestructuras extrajo del acuífero 305 millo...

Los migrantes intentar regularizar su situación tras los anuncios de deportaciones, pero las vías para hacerlo son limitadas

La Ciudad Autónoma incorpora un puesto de veterinario entre las plazas destinadas a reducir la temporalidad estructural de su plantilla y regularizar puestos ocupados de forma interina ...

Beneficiários podem regularizar a situação pelo Meu INSS, banco ou reconhecimento facial; votação também será considerada Cerca de 13 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda precisam ter a prova de vida confirmada em 2026. O grupo representa aproximadamente 32,5% dos cerca de 40 milhões de beneficiários ativos […]

El Sindicato de Vivienda de Tetuán, Carabanchel, Moratalaz, la PAH de Vallecas y el Sindicato de Barrio de San Blás-Canillejas exigen una mesa de negociación para paralizar todos los desalojos, condonar las deudas generadas por la AVS y regularizar las situaciones irregulares.

Fernanda Diovanna Alves, de 30 anos, precisou passar três anos no país europeu para se regularizar. De volta a Palmas, ela prepara a documentação para levar os filhos.

Zaira, madre de tres menores de edad, y su familia se enfrentan a un quinto intento de desahucio en el distrito madrileño de Vicálvaro por parte de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. El desalojo está programado para el lunes 28 de septiembre a las 9:00 horas en la calle Arroyo del Juncal número 20. La familia, que lleva más de 10 años viviendo en el piso perteneciente a la AVS, se encuentra en una situación crítica tras el rechazo de la Agencia a regularizar su situación mediante un alquiler social. El marido de Zaira padece una discapacidad del 65% y la familia carece de ingresos suficientes para alquilar una vivienda en el mercado actual, donde los precios han aumentado significativamente en los últimos años. La Plataforma Stop Desahucios de Vicálvaro denuncia que no se ha ofrecido una alternativa habitacional adecuada a la familia, a pesar de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió a España que evitara el desahucio. El organismo internacional consideró que no se había evaluado el impacto sobre los menores ni se había proporcionado una solución habitacional. La Comunidad de Madrid, sin embargo, retomó el proceso por vía penal, a pesar de las recomendaciones internacionales. La plataforma ha convocado una concentración para este lunes a las 9:00 horas frente a la vivienda de Zaira, junto con sindicatos y colectivos por el derecho a la vivienda, con el objetivo de frenar el desalojo. La familia intentó regularizar su situación en 2015 mediante un alquiler social, pero la AVS se negó a llegar a un acuerdo. La Ley 11/2022 eliminó la posibilidad de regularizar situaciones de ocupación de viviendas públicas, lo que ha dejado a Zaira sin opciones viables en el mercado inmobiliario actual. El caso de Zaira se suma al de Maricarmen, una vecina de 87 años que fue desahuciada de la casa en la que vivió durante 71 años, lo que generó una oleada de indignación. A pesar de las movilizaciones y la petición de la ONU, la comisión judicial ejecutó el desalojo de Maricarmen. La AVS defiende que debe gestionar el parque público de vivienda y que los dictámenes internacionales no tienen carácter obligatorio para la jurisdicción española. La Plataforma Stop Desahucios exige que se cumplan las recomendaciones de la ONU y que se reevalúe la situación de la familia con criterios de proporcionalidad, dignidad e interés superior de los menores. La familia, que solo quiere pagar un alquiler adecuado a sus ingresos, se enfrenta a la posibilidad de quedar en la calle con tres menores de edad debido a la falta de alternativas habitacionales.