Rusia ha incluido al grupo punk feminista Pussy Riot en su lista oficial de organizaciones terroristas y extremistas, según informaron medios locales el 15 de mayo de 2026. La decisión fue tomada por Rosfinmonitoring, el organismo supervisor financiero del país, que ya había catalogado previamente al colectivo como organización extremista en diciembre de 2025 mediante una resolución judicial. Esta nueva designación endurece aún más la postura del Kremlin frente a este grupo conocido por su activismo político y su oposición al presidente Vladímir Putin. Fundado en Moscú en 2011, Pussy Riot ha alcanzado notoriedad internacional por sus acciones de protesta y performances en espacios públicos, muchas de ellas dirigidas contra el poder político y las políticas del gobierno ruso. Su acción más conocida tuvo lugar en 2012, cuando realizaron una “misa punk” en la catedral del Cristo Redentor de Moscú, lo que derivó en condenas de hasta dos años de prisión por vandalismo para algunas de sus integrantes. En los últimos años, la presión judicial sobre el colectivo se ha intensificado, especialmente a raíz de su postura crítica respecto a la guerra en Ucrania. En septiembre de 2025, un tribunal ruso condenó en ausencia a cinco de sus integrantes a penas de entre ocho y trece años de prisión por difundir supuesta “información falsa” sobre el Ejército ruso. Entre ellas se encuentra María Aliójina, cofundadora del grupo, quien recibió la mayor condena y ya figuraba en la lista de personas buscadas desde 2022. La inclusión en la lista de organizaciones terroristas implica mayores restricciones legales y financieras, consolidando la estrategia del gobierno ruso para limitar la actividad de grupos opositores y disidentes.

El primer ministro británico Keir Starmer ha amenazado con prohibir las manifestaciones de solidaridad con Palestina que se vienen celebrando de forma habitual en Londres desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en 2023. Starmer considera inaceptables consignas como “extender la intifada” y ha señalado que los participantes deberían ser procesados. El líder laborista justificó su posición alegando la preocupación expresada por miembros de la comunidad judía, especialmente tras un apuñalamiento ocurrido recientemente en Londres. El gobierno ha elevado el nivel de amenaza terrorista a “grave” en medio de una creciente alarma sobre posibles injerencias y violencia. La policía antiterrorista ha calificado la situación de impredecible. Paralelamente, seis activistas de Acción Palestina, conocidos como “Los Seis de Filton”, se enfrentan a un nuevo juicio por cargos de terrorismo tras ser absueltos previamente. Este colectivo ha protagonizado acciones contra la empresa israelí Elbit Systems, fabricante de armamento, denunciando el apoyo británico a Israel. La acusación podría conllevar penas de hasta ocho años de prisión si se les aplica la calificación de terrorismo. Además, su abogado, Rajiv Menon, también se enfrenta a cargos por desacato. La información destaca la represión contra el movimiento solidario, la colaboración entre gobierno, policía y medios, y las acusaciones de que se intercambian los roles de víctimas y victimarios. La fuente es un medio de corte comunista que critica duramente la política del gobierno laborista.

El primer ministro británico Keir Starmer ha amenazado con prohibir las manifestaciones de solidaridad con Palestina que se vienen celebrando de forma habitual en Londres desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en 2023. Starmer considera inaceptables consignas como “extender la intifada” y ha señalado que los participantes deberían ser procesados. El líder laborista justificó su posición alegando la preocupación expresada por miembros de la comunidad judía, especialmente tras un apuñalamiento ocurrido recientemente en Londres. El gobierno ha elevado el nivel de amenaza terrorista a “grave” en medio de una creciente alarma sobre posibles injerencias y violencia. La policía antiterrorista ha calificado la situación de impredecible. Paralelamente, seis activistas de Acción Palestina, conocidos como “Los Seis de Filton”, se enfrentan a un nuevo juicio por cargos de terrorismo tras ser absueltos previamente. Este colectivo ha protagonizado acciones contra la empresa israelí Elbit Systems, fabricante de armamento, denunciando el apoyo británico a Israel. La acusación podría conllevar penas de hasta ocho años de prisión si se les aplica la calificación de terrorismo. Además, su abogado, Rajiv Menon, también se enfrenta a cargos por desacato. La información destaca la represión contra el movimiento solidario, la colaboración entre gobierno, policía y medios, y las acusaciones de que se intercambian los roles de víctimas y victimarios. La fuente es un medio de corte comunista que critica duramente la política del gobierno laborista.

Según un informe conjunto de Human Rights Watch y el Middle East Democracy Center publicado el 11 de agosto de 2025, las autoridades saudíes han llevado a cabo un aumento sin precedentes de ejecuciones durante ese año, alcanzando al menos 241 hasta el 5 de agosto, con 22 solo en la semana anterior. La organización Reprieve indica que, de continuar al mismo ritmo, se superarán todos los récords anteriores. El caso destacado es la ejecución el 14 de junio de Turki al-Jasser, periodista y bloguero conocido por denunciar corrupción en la familia real a través de su cuenta anónima 'Kashkool' en X y colaboraciones con medios independientes. Detenido en 2018 tras una redada en su domicilio, fue acusado de delitos 'terroristas' vagos como desestabilizar la seguridad del Estado, sin pruebas públicas ni proceso justo aparente; su familia no fue informada con antelación y no ha recibido el cuerpo. HRW denuncia que muchas ejecuciones, incluidas 162 por delitos de drogas no violentos y más de la mitad de extranjeros, violan gravemente el debido proceso, con torturas, confesiones forzadas y juicios secretos. Se sospecha que la pena de muerte se usa para reprimir la disidencia pacífica, como en casos de otros críticos como Abdullah al-Shamri o las peticiones de pena capital contra Salman al-Odah. El informe critica el sistema judicial saudí por no cumplir estándares internacionales y recuerda ejecuciones masivas previas (como las de 81 personas en 2022). Las organizaciones exigen el fin de esta práctica y señalan que viola normas como la Carta Árabe de Derechos Humanos, limitando la pena capital a crímenes gravísimos.