Madrid cede suelo público durante décadas para siete residencias privadas y renuncia a casi 60 millones en tasas vinculadas a esas concesiones.

No todas las comunidades han trasladado los criterios de calidad establecidos por el Gobierno y algunas han aprobado normas contrarias

España cuenta con 7.893 centros residenciales, un 62 % privados, con diferencias claras en tamaño, habitaciones y atención a mayores y discapacidad.

CCOO denuncia que la Comunidad de Madrid deja sin regulación mínima la higiene en centros de mayores mientras aumentan los brotes parasitarios

Ratas, cucarachas y un brote de sarna ponen bajo el foco la residencia Reina Sofía de Las Rozas, donde trabajadores denuncian meses de problemas.

El centro incrementará su capacidad hasta 50 plazas tras el informe favorable y en plena demanda creciente de servicios sociales en Aragón.

Maite Rodríguez, hija de Petra Gadea, una de las 7.291 personas fallecidas en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid sin atención hospitalaria durante la pandemia de COVID-19, ha compartido su testimonio en los medios y ante la justicia. Petra, nacida en 1932, dedicó su vida al cuidado de su familia y otros, pero en sus últimos años sufrió limitaciones por artrosis y dependió de residencias. Primero en un centro privado pequeño donde se adaptó bien, luego en uno público en Pedrezuela con evidentes carencias de personal y, finalmente, en la residencia Los Ángeles de Getafe. Allí, el aislamiento por la pandemia aceleró su deterioro cognitivo y, tras contagiarse el 6 de abril de 2020 con síntomas como baja saturación y tos, no fue trasladada a un hospital debido a los protocolos de triaje que impedían las derivaciones. Falleció el 12 de abril de 2020 sin cuidados adecuados. Maite denunció estos hechos en el programa 'Lo de Évole' el 16 de febrero de 2025 junto a la asociación 7.291: Verdad y Justicia. Esa misma noche, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, intentó desacreditarla en redes sociales insinuando que no tenía familiar en residencia y cuestionando las visitas de las familias. Aunque rectificó pidiendo disculpas, mantuvo las publicaciones, lo que Maite califica como estrategia de deshumanización y fabricación de nuevas víctimas. El 12 de marzo de 2026, Maite acudió al Juzgado de Getafe, donde se investiga por denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a tres ex altos cargos: Carlos Mur (firmante de los protocolos), Francisco Javier Martínez Peromingo (quien declaró que las residencias no se medicalizaron y mostró desacuerdo) y Pablo Busca (ex director del SUMMA 112). Maite denuncia la impunidad de los responsables, el maltrato institucional y comentarios despectivos de Ayuso, reafirmando su compromiso pese a la discriminación percibida del PP.