El gobierno lanzó una licitación de créditos hipotecarios por $200.000 millones destinada a 13 bancos, con el objetivo de impulsar el financiamiento para la compra de viviendas y dinamizar el mercado inmobiliario. Sin embargo, la economista Natalia Motyl alertó sobre los riesgos fiscales del programa, destacando que el Estado asume la financiación de los créditos. Motyl explicó que la medida busca resolver una dificultad estructural del sistema financiero, donde los bancos reciben depósitos a corto plazo pero otorgan créditos a largo plazo. Aunque los términos son más accesibles que antes, el programa priorizará a los estratos de ingresos medio y alto, generando preocupación sobre la sostenibilidad del esquema. La experta advirtió que este enfoque podría afectar el superávit fiscal, al tiempo que se analiza el impacto en el mercado inmobiliario y la economía en general.