La Corte Constitucional de Colombia ha decidido limitar las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para investigar y sancionar a organismos autónomos del Estado en el marco de las normas de libre competencia. Según la sentencia C-293 de 2026, presentada por el magistrado Miguel Polo Rosero, la decisión afecta a entidades como la Registraduría, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, Banco de la República y otras entidades autónomas. La Corte estableció que la SIC no puede interferir en las decisiones de estos organismos mediante inspecciones, investigaciones o sanciones, ya que su diseño constitucional los mantiene autónomas. El fallo responde a una polémica surgida tras la visita de la SIC a la Registraduría en marzo de 2024, donde funcionarios accedieron a información reservada y teléfonos móviles de altos empleados, lo que generó críticas de la Procuraduría y el registrador Hernán Penagos. La Corte ordenó a la SIC finalizar todas las investigaciones abiertas contra estos organismos y remitirlas a las autoridades competentes en materia disciplinaria, fiscal o penal. La SIC conserva su capacidad para investigar a empresas y particulares en casos de prácticas anticompetitivas, pero no puede intervenir directamente en asuntos internos de entidades autónomas. El magistrado Vladimir Fernández Andrade expresó una disidencia, argumentando que la SIC debería mantener su capacidad investigativa en estos casos. Este fallo marca un hito en la relación entre el Ejecutivo y las instituciones autónomas, reafirmando la autonomía constitucional de estas entidades.