La propuesta de elevar el salario mínimo a $1.070.000 no resolverá el déficit del sistema previsional argentino, según especialistas. El análisis destaca que la formalización del empleo y la ampliación de la base de aportantes son más efectivos que solo aumentar salarios. La informalidad laboral, la baja calidad del empleo registrado y la dependencia de recursos tributarios y del Tesoro son factores críticos. Los datos muestran que el empleo asalariado privado ha perdido trabajadores desde mediados de 2025, lo que reduce la recaudación. Para mejorar el sistema, se requiere no solo subas salariales, sino también políticas que formalicen el empleo y reduzcan la dependencia de prestaciones sin aportes. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) también influye en la financiación del sistema. En resumen, el desafío estructural es ampliar y sostener la cantidad de trabajadores que financian el sistema previsional.

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) fue escenario del Primer Foro Federal para Pensar la Argentina Previsional, una instancia de debate impulsada por trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto a la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social. El encuentro tuvo como objetivo abrir la discusión sobre posibles cambios en el sistema jubilatorio argentino, en un contexto de creciente expectativa por reformas estructurales promovidas desde el Poder Ejecutivo y en línea con requerimientos de organismos internacionales como el FMI. Durante el foro, los trabajadores remarcaron la necesidad de que la sociedad civil participe activamente en el diseño de una nueva normativa previsional, evitando que futuras modificaciones se definan sin consenso amplio. En ese sentido, expresaron preocupación por la posibilidad de que se repitan escenarios de reformas impulsadas de manera acelerada, como ocurrió en otros intentos de cambios laborales y previsionales en el pasado reciente. Los organizadores plantearon que el sistema jubilatorio requiere un análisis integral que contemple sostenibilidad financiera, cobertura social y derechos adquiridos de los jubilados y trabajadores activos. Además, se destacó la importancia de generar espacios federales de discusión que incluyan a universidades, sindicatos, especialistas y sectores productivos. El debate se da en un contexto político marcado por las intenciones del gobierno de Javier Milei de avanzar en reformas estructurales, algunas de ellas vinculadas a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. En ese marco, el foro en la UNLZ se presentó como una iniciativa para ampliar la discusión pública y aportar perspectivas desde el ámbito académico y laboral.

El artículo analiza cómo el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad ponen en evidencia las limitaciones de un sistema previsional diseñado para una Argentina del siglo XX, que no ha cambiado en sus bases en más de un siglo. En 1914 apenas cuatro de cada cien habitantes tenían más de 60 años; hoy esa proporción alcanza el 16% y se espera que llegue al 26% en 2050, lo que implica que cada cuatro personas habrá un mayor de 60 años, versus uno por cada veinticinco hace cien años. Las reglas actuales de acceso a la jubilación (60 años para las mujeres y 65 para los varones, con 30 años de aportes) son prácticamente las mismas de hace más de tres décadas y no se ajustan a que hoy quienes cumplen 60 años viven en promedio 25 años más que en los inicios del sistema. Esta combinación de mayor longevidad y menor tasa de natalidad comprime la base de trabajadores activos que financian el sistema y aumenta la presión de los jubilados, lo que hace insostenible el modelo sin reformas de fondo. El sistema previsional argentino es además un mosaico de regímenes especiales y provinciales, muchos de los cuales ofrecen condiciones de retiro, aportes y haberes más generosos que el régimen general, lo que agrava el desequilibrio. El autor sostiene que el problema no es solo la informalidad laboral, ya que ni siquiera una mayor formalización compensaría el cambio demográfico. Como alternativa, propone adoptar un esquema de cuentas nocionales, en el que el haber se calcule en función de los aportes acumulados y de la esperanza de vida al momento de jubilarse, alineando incentivos con la sostenibilidad. En el plano de la salud, plantea que el jubilado pueda mantener la cobertura que tenía como trabajador activo, distribuyendo la demanda médica y aliviando la presión sobre el PAMI, que aún se financia con un aporte del 5% sobre los salarios aunque la proporción de adultos mayores se ha duplicado. El envejecimiento, concluye, ya no es una amenaza futura sino una realidad presente y cada año sin reforma aumenta el costo de la adaptación y reduce el margen para hacer ajustes de manera gradual y transparente.

El artículo analiza cómo el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad ponen en evidencia las limitaciones de un sistema previsional diseñado para una Argentina del siglo XX, que no ha cambiado en sus bases en más de un siglo. En 1914 apenas cuatro de cada cien habitantes tenían más de 60 años; hoy esa proporción alcanza el 16% y se espera que llegue al 26% en 2050, lo que implica que cada cuatro personas habrá un mayor de 60 años, versus uno por cada veinticinco hace cien años. Las reglas actuales de acceso a la jubilación (60 años para las mujeres y 65 para los varones, con 30 años de aportes) son prácticamente las mismas de hace más de tres décadas y no se ajustan a que hoy quienes cumplen 60 años viven en promedio 25 años más que en los inicios del sistema. Esta combinación de mayor longevidad y menor tasa de natalidad comprime la base de trabajadores activos que financian el sistema y aumenta la presión de los jubilados, lo que hace insostenible el modelo sin reformas de fondo. El sistema previsional argentino es además un mosaico de regímenes especiales y provinciales, muchos de los cuales ofrecen condiciones de retiro, aportes y haberes más generosos que el régimen general, lo que agrava el desequilibrio. El autor sostiene que el problema no es solo la informalidad laboral, ya que ni siquiera una mayor formalización compensaría el cambio demográfico. Como alternativa, propone adoptar un esquema de cuentas nocionales, en el que el haber se calcule en función de los aportes acumulados y de la esperanza de vida al momento de jubilarse, alineando incentivos con la sostenibilidad. En el plano de la salud, plantea que el jubilado pueda mantener la cobertura que tenía como trabajador activo, distribuyendo la demanda médica y aliviando la presión sobre el PAMI, que aún se financia con un aporte del 5% sobre los salarios aunque la proporción de adultos mayores se ha duplicado. El envejecimiento, concluye, ya no es una amenaza futura sino una realidad presente y cada año sin reforma aumenta el costo de la adaptación y reduce el margen para hacer ajustes de manera gradual y transparente.