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El presidente reivindica "50 años de libertad en España" arropado por todo el Gobierno, los sindicatos y representantes de la sociedad civil en el primer acto de conmemoración del final del franquismo

La sociedad civil en América Latina enfrenta serios desafíos para participar activamente en espacios de gobernanza digital, según un análisis publicado por la Red de Democracia y Tecnología de La Silla Vacía. El artículo, escrito por Maricel Lonati, destaca que a pesar de los compromisos globales como el Digital Global Compact de las Naciones Unidas, que busca garantizar que la transformación digital beneficie a todos, las organizaciones de la sociedad civil en la región operan con recursos limitados y enfrentan recortes de fondos, restricciones al espacio cívico y baja profesionalización para la incidencia. Un mapeo realizado por DemocráTICa reveló que existen 1.898 organizaciones activas en el ecosistema de democracia digital en la región, pero la mayoría son equipos pequeños con pocos empleados remunerados, y el 22% no tiene un estado legal formalizado. Además, muchas organizaciones carecen de herramientas sistematizadas para influir en políticas públicas, lo que se debe a problemas de financiamiento, especialización y acceso a información sobre oportunidades políticas. El artículo señala que la soberanía digital, entendida como la capacidad colectiva de América Latina para autogobernar su entorno digital, requiere que la sociedad civil esté en el centro de la gobernanza digital, no en los márgenes. Para lograrlo, se necesitan tres elementos clave: financiamiento estable y flexible, infraestructura compartida de conocimiento y participación garantizada en espacios de formulación de política. Sin embargo, mientras los gobiernos y actores privados negocian temas como infraestructura digital, datos, inteligencia artificial y regulación de plataformas en foros internacionales, las organizaciones que deberían ser centrales en esta gobernanza siguen luchando por recursos básicos para existir. El artículo concluye que los compromisos del Digital Global Compact seguirán siendo promesas si no se garantiza el financiamiento y las capacidades necesarias para que la sociedad civil pueda incidir efectivamente en la gobernanza digital.

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