El economista Juan Pablo Nicolini, en una entrevista con Ámbito, analizó la situación del riesgo país argentino y su relación con las políticas monetarias internacionales. Nicolini sostuvo que las fluctuaciones del riesgo país argentino son más influenciadas por factores internos que por las decisiones de la Reserva Federal estadounidense. Señaló que, a pesar de las subas de tasas en Estados Unidos, el impacto en la economía argentina es mínimo comparado con las fluctuaciones internas, como la popularidad del gobierno, la inestabilidad política y la sustentabilidad fiscal. Nicolini destacó que el superávit fiscal no tiene color político y que la clave para reducir el riesgo país radica en mantener la disciplina fiscal a largo plazo, independientemente de quién esté en el gobierno. Además, advirtió que el mercado está preocupado por la posibilidad de que un gobierno futuro decida no pagar la deuda, lo que generaría una mayor incertidumbre. Nicolini también comentó que, aunque el riesgo país ha superado los 500 puntos, el precio de las exportaciones argentinas está en máximos, lo que brinda un viento de cola favorable. En cuanto a las elecciones en Estados Unidos, Nicolini expresó preocupación por el posible cambio en el apoyo financiero a Argentina, pero consideró que el foco debe estar en las políticas internas. Finalmente, destacó que los inversores se centran en la sustentabilidad fiscal a largo plazo, no en la ideología política, y que países como Chile mantienen la disciplina fiscal independientemente de los cambios de gobierno.

El gobierno argentino implementó un ajuste del 8% al gasto público en agosto, afectando especialmente las transferencias a provincias y municipios. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto devengado cayó 9,95%, con una reducción del 66,39% en los envíos a provincias y municipios. Este recorte forma parte de un esfuerzo para mantener el superávit fiscal elevado, aunque se ha traducido en fuertes restricciones para las autoridades provinciales. Las partidas más afectadas incluyen servicios no personales (-28,92%), ayudas sociales (-16,65%) y jubilaciones/pensiones (-8,45%). En contraste, aumentaron las transferencias al sector privado (+14,51%) y a universidades nacionales (+9,48%). El ajuste impacta la negociación política con los gobernadores, ya que el gobierno necesita su apoyo para aprobar leyes. La caída de recursos se produce en un contexto de crisis económica, donde el déficit fiscal sigue siendo una prioridad para cumplir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El artículo analiza el deterioro del superávit fiscal de las provincias argentinas durante el primer trimestre del año, destacando que este periodo fue uno de los peores en los últimos 13 años. Se explica que la reducción de transferencias federales y la caída en la recaudación tributaria son factores clave en esta situación. Además, se menciona el impacto social de estas condiciones, con provincias como Chaco y San Juan mostrando indicadores sociales críticos, como altas tasas de pobreza, indigencia y condiciones habitacionales precarias. El texto también compara la situación de las provincias con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lidera varios indicadores sociales. La información se basa en datos de Empiria y se enfoca en la necesidad de políticas públicas para abordar las desigualdades regionales y mejorar la calidad de vida en las provincias más vulnerables.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso bajo la lupa la forma en que se está calculando el resultado fiscal, advirtiendo que la lectura de un supuesto superávit podría no reflejar la situación real de las cuentas públicas. Según el organismo, si se incorporan los intereses de ciertos bonos en pesos que actualmente quedan fuera del cálculo oficial, el resultado fiscal cambiaría de manera significativa. En concreto, el FMI estima que lo que hoy se presenta como un superávit fiscal podría transformarse en un déficit equivalente a aproximadamente el 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta diferencia surge de la metodología utilizada para contabilizar los intereses de la deuda, que en algunos casos han sido excluidos del balance principal, lo que genera una visión parcial de la situación financiera del Estado. El informe abre un debate sobre la transparencia y la consistencia de las métricas fiscales, especialmente en un contexto económico complejo como el argentino, donde la sostenibilidad de las cuentas públicas es un tema central. La discusión no solo se centra en los números, sino también en cómo se comunican y presentan al público y a los mercados. El señalamiento del FMI podría tener implicancias políticas y económicas, ya que pone en cuestión la narrativa de orden fiscal basada en el superávit. Además, reaviva el debate sobre el tratamiento de la deuda en pesos y su impacto real en el presupuesto estatal, en un escenario de alta sensibilidad financiera.