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La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el expediente que tiene contra el expresidente Álvaro Uribe por presuntos vínculos con las masacres de El Aro (1997) y La Granja (1996) en Antioquia. Estos hechos ocurrieron cuando Uribe era gobernador del departamento. La comisión argumenta que su competencia incluye investigar a altos funcionarios, incluso expresidentes, y sostiene que una conducta de concierto para delinquir se prolongó hasta 2003, durante su primer periodo como presidente. El caso, iniciado en 2020 tras la renuncia de Uribe al Senado, pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía y ahora depende de la Corte Constitucional para decidir si se mantiene en el despacho fiscal o pasa al Congreso. Los expedientes incluyen investigaciones por masacres paramilitares, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la conexión entre grupos armados y autoridades. La Corte declaró el asesinato como un crimen de lesa humanidad, y se espera que la comisión determine si Uribe debe ser juzgado por estas acciones.

La noticia revela un conflicto interno dentro del partido Cambio Radical sobre la asignación de cupos en la Comisión de Acusaciones, órgano encargado de investigar y tramitar denuncias contra funcionarios con fuero constitucional. Carlos Cuenca, representante veterano del partido y cercano al ministro Rodrigo Lara, había sido inicialmente postulado para el cargo, pero los tres integrantes del ala charista lograron revertir esa decisión en una reunión de bancada. El objetivo es incluir a Welfran Mendoza, aliado de la casa Char, quien ocupará el cupo durante los primeros dos años. Sin embargo, Cuenca no aceptó la renuncia, lo que complicaría la presentación de una nueva plancha. Este pulso refleja tensiones entre las líneas políticas dentro del partido y sustrae importancia al juego de poderes en el Congreso colombiano.