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Óscar Sánchez Gil sostiene que la UDYCO ocultaba a jueces el origen real de algunas pesquisas antidroga. Asuntos Internos solo avala parte del relato.

Un informe de Asuntos Internos apunta a una posible trama corrupta en Algeciras tras analizar mensajes cifrados vinculados al tráfico de cocaína.

La Fiscalía General de La Matanza creó una unidad especializada en 'entraderas' tras un incremento del 68% de este delito en el municipio. El delito, caracterizado por su metodología planificada y participación de múltiples personas, requiere un enfoque especializado para su prevención. La nueva fiscalía, liderada por la Dra. Andrea Palín, se encarga de casos con complicidad policial y gravedad institucional, tras un proyecto piloto que permitió identificar bandas criminales y recuperar bienes robados. La iniciativa busca coordinar acciones entre jurisdicciones y establecer protocolos estandarizados para combatir este tipo de delitos, que operan en horarios y zonas específicas. La unidad funciona 24 horas y está ubicada en Perón al 3164, San Justo, comenzando su funcionamiento el 13 de julio.

María Gómez, madre de Axel González, quien desapareció hace más de 50 días, se reunió con el gobernador Leandro Zdero durante el acto por el Día de la Independencia en Fontana. Durante el encuentro, la mujer exigió ayuda para encontrar a su hijo y acusó a sectores de la Policía del Chaco de corrupción. Gómez destacó que su hijo cumpliría 22 años el 9 de julio y expresó su frustración por la falta de avances en la investigación. La madre señaló que policías de Tirol también podrían estar involucrados en la desaparición, aunque nadie le ha brindado apoyo institucional. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento parcial de Ariel Lázaro, amigo de Axel, quien fue testigo de una persecución policial la noche de su desaparición. La causa sigue abierta, con la investigación buscando esclarecer qué ocurrió tras la intervención policial en el barrio Anunciación de Fontana. Gómez insistió en continuar su lucha para encontrar a su hijo, convocando a todas las instancias posibles.

"La primera vez que se detuvo el perro fue junto a la cama del dormitorio. Uno de los policías levantó el canapé y el animal marcó una fu...

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106 agentes detenidos o investigados por narcotráfico dejan una grieta incómoda en la confianza pública y los controles internos policiales.

En octubre de 2023, Alexander Meza León, informante de la DEA, fue secuestrado y asesinado en Culiacán, Sinaloa, en un operativo en el que presuntamente participaron mandos de la Policía Municipal en coordinación con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. La acusación federal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York señala a 10 funcionarios y exfuncionarios por su colaboración con el cártel. Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, comandante de la Policía Municipal, habría recibido sobornos mensuales de Los Chapitos a cambio de facilitar operaciones de narcotráfico y permitir arrestos, secuestros y asesinatos de enemigos del cártel. Durante el operativo, se detuvo a Meza León y a un familiar, entregándolos posteriormente a sicarios. La acusación destaca que también se ordenó localizar y eliminar a otras personas vinculadas al informante. Como resultado, Valenzuela Millán enfrenta cargos federales por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con muerte. Además, se menciona a otros funcionarios de Sinaloa que podrían haber actuado en beneficio del cártel. Entre ellos, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, quien se entregó a autoridades de Estados Unidos en mayo de 2026. Este caso evidencia la infiltración del crimen organizado en instancias policiales y gubernamentales en la región, complicando los esfuerzos internacionales de investigación y combate al narcotráfico.

Según una acusación federal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, dos exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa habrían colaborado de forma activa con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Gerardo Mérida Sánchez, quien fungió como secretario de Seguridad Pública estatal entre 2023 y 2024, es señalado por haber recibido más de 100 mil dólares mensuales en sobornos a cambio de alertar sobre al menos 10 operativos policiales y redadas en laboratorios de droga, permitiendo la huida de integrantes del cártel y la eliminación de evidencia. Por su parte, José Antonio Dionisio Hipólito, alias 'Tornado', exsubdirector de la Policía Estatal, habría recibido alrededor de 6 mil dólares mensuales y habría vendido municiones y cargadores, modificado reportes policiales, colocado a agentes afines en puestos clave y liberado a detenidos vinculados al grupo criminal. Las autoridades estadounidenses detallan reuniones directas entre estos funcionarios y líderes como Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán. La acusación forma parte de una investigación más amplia sobre corrupción que involucraría a políticos y mandos de seguridad en Sinaloa para proteger el tráfico de fentanilo hacia EE.UU. La Fiscalía General de la República de México solicitó formalmente las pruebas a Estados Unidos para analizar el caso. Este expediente destaca el presunto nivel de infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad estatales entre 2017 y 2024.

Según una acusación federal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, dos exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa habrían colaborado de forma activa con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Gerardo Mérida Sánchez, quien fungió como secretario de Seguridad Pública estatal entre 2023 y 2024, es señalado por haber recibido más de 100 mil dólares mensuales en sobornos a cambio de alertar sobre al menos 10 operativos policiales y redadas en laboratorios de droga, permitiendo la huida de integrantes del cártel y la eliminación de evidencia. Por su parte, José Antonio Dionisio Hipólito, alias 'Tornado', exsubdirector de la Policía Estatal, habría recibido alrededor de 6 mil dólares mensuales y habría vendido municiones y cargadores, modificado reportes policiales, colocado a agentes afines en puestos clave y liberado a detenidos vinculados al grupo criminal. Las autoridades estadounidenses detallan reuniones directas entre estos funcionarios y líderes como Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán. La acusación forma parte de una investigación más amplia sobre corrupción que involucraría a políticos y mandos de seguridad en Sinaloa para proteger el tráfico de fentanilo hacia EE.UU. La Fiscalía General de la República de México solicitó formalmente las pruebas a Estados Unidos para analizar el caso. Este expediente destaca el presunto nivel de infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad estatales entre 2017 y 2024.