Los sindicatos convocantes anuncian que no pagarán las cuatro posibles multas de 600 euros y denuncian que se ha vulnerado su derecho a la protesta. “Recurriremos por vía administrativa y judicial para que se repare este atropello”, avisan desde CGT y CCOO en la UCM.

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"Yo espero que no hagan más juicios a las personas que defendemos los derechos. Vamos a dar ejemplo mostrando que politizar una causa individual da fuerza a la sociedad y en este caso a la justicia, q...

Protocolos opacos, multas y casos recientes abren el debate sobre si la Policía actúa igual ante todas las protestas públicas en España real.

Un ojo gigante de Greenpeace apareció en el Hemisfèric de Valencia antes del juicio a 11 activistas por una protesta contra un buque gasero.

La vista se ha podido celebrar sin la presencia de los ocho investigados, gracias a que la acusación particular de Caixabank se ha adherido a las peticiones de la Fiscalía, rebajando las penas que ped...

Tres científicos climáticos van a juicio en Barcelona tras una protesta no violenta. La petición de cárcel abre un debate democrático serio.

Tres científicos han sido acusados de participar en una protesta climática no violenta en Barcelona, donde enfrentan cargos que podrían conllevar hasta 18 meses de prisión. La denuncia se centra en su participación en una manifestación pacífica contra el cambio climático, un tema que ha generado debates sobre los límites del derecho a la protesta. La organización Amnesty International ha expresado preocupación por las implicaciones para la libertad de expresión y la activismo ambiental. El caso se inscribe en un contexto global de crecientes tensiones entre movimientos climáticos y autoridades, especialmente tras incidentes similares en otros países. En España, el impacto del cambio climático ha sido evidente con fenómenos extremos como sequías e inundaciones, lo que refuerza la relevancia de las protestas. Los acusados alegan que su acción fue legítima y necesaria para visibilizar la crisis ambiental, aunque el juicio seguirá en los tribunales. Este caso resalta la complejidad de equilibrar el derecho a manifestarse con la regulación legal en temas críticos como el medio ambiente.

Una organización global e independiente de más de 10 millones de personas que actúan contra la injusticia defendiendo los derechos humanos en todo el mundo.

Una organización global e independiente de más de 10 millones de personas que actúan contra la injusticia defendiendo los derechos humanos en todo el mundo.

Porque hubo gente que protestó, ahora disfrutamos de derechos.Defiende este derecho https://www.es.amnesty.org/multiplica/derechoalaprotesta/

Diversas organizaciones sociales, entre ellas colectivos ecologistas, de vivienda, propalestinos y plataformas antirrepresivas, han reclamado la derogación de la conocida como Ley de Seguridad Ciudadana o “ley mordaza”. Denuncian que esta normativa está siendo utilizada para sancionar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de reunión, expresión y protesta. Según los colectivos afectados, las multas impuestas en el marco de esta ley no son hechos aislados, sino parte de un patrón sostenido de criminalización de la movilización social. El reportaje recoge casos concretos de sanciones relacionadas con intentos de paralizar desahucios, concentraciones no comunicadas o acciones de protesta frente a instituciones públicas. Por ejemplo, la PAH de Vallecas acumula alrededor de 50.000 euros en multas, mientras que la Asamblea de Vivienda de Villalba suma otros 16.000 euros. Las sanciones incluyen desde desobediencia hasta concentraciones no autorizadas, muchas de ellas derivadas de intervenciones policiales durante acciones de protesta por la vivienda. Las organizaciones denuncian además la presunción de veracidad de los atestados policiales, lo que, según afirman, dificulta la defensa jurídica de los sancionados. También alertan del denominado “efecto desaliento”, ya que las multas generan miedo, desgaste económico y autocensura en activistas y colectivos sociales. Según datos del Ministerio del Interior, desde 2015 se han recaudado más de 1.292 millones de euros bajo esta ley. Los colectivos consideran que la norma contribuye a la represión de la protesta y reclaman su derogación inmediata, argumentando que vulnera estándares internacionales de derechos humanos y debilita el ejercicio democrático de la participación ciudadana.

Una organización global e independiente de más de 10 millones de personas que actúan contra la injusticia defendiendo los derechos humanos en todo el mundo.

Una organización global e independiente de más de 10 millones de personas que actúan contra la injusticia defendiendo los derechos humanos en todo el mundo.