Irán condena al cineasta Jafar Panahi a cinco años y un mes de prisión y a la confiscación de sus bienes. Su defensa denuncia falta de notificación.

El informe de la SIP recoge tres asesinatos de periodistas en México, amenazas a reporteros y conflictos legales que afectan a la libertad de prensa.

Amnistía Internacional anunció este lunes 26 de octubre que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU por los ataques del presidente Javier Milei contra la prensa. La organización expresó su preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en Argentina, destacando que Milei ha utilizado lenguaje violento y amenazas directas contra periodistas, incluyendo la frase 'los hijos de put* se tienen que quemar en la hoguera' durante una cena de recaudación de fondos. La denuncia se produce en el contexto de un aumento significativo en los ataques contra periodistas, según el Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que registró 278 casos en 2025, un 55% más que en 2024. Milei fue identificado como autor de 119 de esos hechos, siendo el principal agresor individual. La organización destacó que el presidente, al referirse públicamente a periodistas con imágenes de violencia, contribuye a generar un clima de intimidación que puede facilitar nuevas agresiones. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló que el mandatario debe garantizar que la prensa pueda investigar e informar con libertad y seguridad, ya que el hostigamiento desde el poder deteriora el debate democrático y afecta el derecho de la sociedad a estar informada. La situación ha generado rechazo de diversas organizaciones, incluyendo el Club Político Argentino y la senadora Patricia Bullrich, quien criticó las amenazas de Milei. Además, el caso $Libra, en el que Milei consideró que la investigación era una 'operación política y mediática', ha sido un punto de conflicto entre el gobierno y la prensa. La denuncia se suma a una audiencia previa ante la CIDH en noviembre de 2025, donde se abordó la situación de la libertad de expresión en Argentina, con la Comisión solicitando información al Estado sobre medidas de prevención y protección.

El requerimiento de Cultura cuestiona la cláusula con la que Castilla y León condiciona 325.000 euros en ayudas al cine por criterios ideológicos.

Amnistía Internacional anunció este lunes 26 de octubre que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU por los ataques del presidente Javier Milei contra la prensa. La organización expresó su preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en Argentina, destacando que Milei ha utilizado lenguaje violento y amenazas directas contra periodistas, incluyendo la frase 'los hijos de put* se tienen que quemar en la hoguera' durante una cena de recaudación de fondos. La denuncia se produce en el contexto de un aumento significativo en los ataques contra periodistas, según el Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que registró 278 casos en 2025, un 55% más que en 2024. Milei fue identificado como autor de 119 de esos hechos, siendo el principal agresor individual. La organización destacó que el presidente, al referirse públicamente a periodistas con imágenes de violencia, contribuye a generar un clima de intimidación que puede facilitar nuevas agresiones. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, señaló que el mandatario debe garantizar que la prensa pueda investigar e informar con libertad y seguridad, ya que el hostigamiento desde el poder deteriora el debate democrático y afecta el derecho de la sociedad a estar informada. La situación ha generado rechazo de diversas organizaciones, incluyendo el Club Político Argentino y la senadora Patricia Bullrich, quien criticó las amenazas de Milei. Además, el caso $Libra, en el que Milei consideró que la investigación era una 'operación política y mediática', ha sido un punto de conflicto entre el gobierno y la prensa. La denuncia se suma a una audiencia previa ante la CIDH en noviembre de 2025, donde se abordó la situación de la libertad de expresión en Argentina, con la Comisión solicitando información al Estado sobre medidas de prevención y protección.

La respuesta sarcástica de Jerry Seinfeld a activistas propalestinos en Chicago vuelve a situarle en el centro del debate sobre Gaza e Israel.

La influencer brasileña Malévola fue detenida en Egipto por vídeos considerados obscenos y liberada después mientras sigue abierta la investigación.

La dibujante turca Zehra Ömeroğlu ha obtenido una sentencia absolutoria tras cinco años de proceso judicial por una viñeta satírica publicada en la revista Leman el 25 de noviembre de 2020. La viñeta, que ironizaba sobre la pérdida de olfato durante la pandemia de COVID-19, fue considerada por las autoridades turcas como una amenaza para la moral pública, acusándola de obscenidad bajo el artículo 226 del Código Penal turco. La artista enfrentaba una pena de hasta tres años de prisión por este chiste inofensivo. Durante el proceso, el sistema judicial turco utilizó estrategias para desgastar a los artistas, incluyendo aplazamientos, peritajes absurdos, audiencias y presión psicológica, generando incertidumbre e intimidación. La obra 'Huele a censura' (Riekt naar censuur), una novela gráfica autobiográfica dibujada durante su beca en el Instituto Holandés de Estudios Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales en Ámsterdam (NIAS), relata esta experiencia. La autora describe el sistema judicial turco como una maquinaria diseñada para silenciar a los artistas. La experiencia de Ömeroğlu ha sido reconocida internacionalmente, recibiendo el Premio Robert Russell al valor en la viñeta en 2025, otorgado por Cartoonists Rights. Este premio reconoce a dibujantes que demuestran valentía ante riesgos personales significativos. La edición alemana de 'Huele a censura' se presentó en la Feria del Libro de Frankfurt, mientras que las ediciones en neerlandés y inglés están en desarrollo. La novela gráfica destaca la paradoja de la censura: al intentar silenciar a una artista, un régimen autoritario amplifica su voz. Este caso refleja una de las múltiples situaciones de persecución judicial contra dibujantes turcos, como el caso de Doğan Pehlevan, condenado a 11 meses y 20 días de prisión por 'insultar a Erdogan', o el de Öznur Kalender, detenido por acusaciones similares.

La revista Mongolia lleva a Abogados Cristianos a la vía civil y reclama 30.000 euros por una acusación de blanqueo que considera infundada.

La revista Mongolia ha presentado una demanda civil contra Abogados Cristianos, solicitando una indemnización de 30.000 euros por acusarla sin pruebas de blanqueo de capitales. La publicación considera que la imputación es una 'aberración notoria' y que la entidad ultracatólica actuó con 'notorio desprecio a la verdad'. La querella se originó tras la publicación de una portada satírica de un belén en diciembre de 2022, que fue denunciada por Abogados Cristianos junto con otras entidades ultracatólicas como HazteOir y Manos Limpias. Mientras que las demás querellas fueron archivadas por no atentar contra los sentimientos religiosos y por estar amparadas en la libertad de expresión, Abogados Cristianos fue más allá al imputar un delito de blanqueo de capitales, algo que los jueces consideraron 'genérico' y sin indicios objetivos. Los magistrados de la Audiencia de Barcelona rechazaron seguir adelante con la causa penal por no poder descartar que Abogados Cristianos supiera que las acusaciones eran 'conocidamente falsas'. La demanda civil se basa en los 'daños morales y reputacionales' causados por la difusión de una acusación sin fundamento, que vinculaba a la revista con una causa anterior del abogado Gonzalo Boye, sin relación con Mongolia desde 2017. Además, se critica que la entidad ultracatólica presentó de forma sesgada los datos sobre subvenciones públicas, cuando en realidad la mayor parte correspondía a avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas tras la crisis del COVID-19. El abogado de Mongolia, José Luis Mazón, concluye que la imputación pública de un delito sin base, unida a la presentación sesgada de los datos, constituye una lesión objetiva de la reputación profesional y empresarial de la revista.

La revista Mongolia ha presentado una demanda civil contra Abogados Cristianos, solicitando una indemnización de 30.000 euros por acusarla sin pruebas de blanqueo de capitales. La publicación considera que la imputación es una 'aberración notoria' y que la entidad ultracatólica actuó con 'notorio desprecio a la verdad'. La querella se originó tras la publicación de una portada satírica de un belén en diciembre de 2022, que fue denunciada por Abogados Cristianos junto con otras entidades ultracatólicas como HazteOir y Manos Limpias. Mientras que las demás querellas fueron archivadas por no atentar contra los sentimientos religiosos y por estar amparadas en la libertad de expresión, Abogados Cristianos fue más allá al imputar un delito de blanqueo de capitales, algo que los jueces consideraron 'genérico' y sin indicios objetivos. Los magistrados de la Audiencia de Barcelona rechazaron seguir adelante con la causa penal por no poder descartar que Abogados Cristianos supiera que las acusaciones eran 'conocidamente falsas'. La demanda civil se basa en los 'daños morales y reputacionales' causados por la difusión de una acusación sin fundamento, que vinculaba a la revista con una causa anterior del abogado Gonzalo Boye, sin relación con Mongolia desde 2017. Además, se critica que la entidad ultracatólica presentó de forma sesgada los datos sobre subvenciones públicas, cuando en realidad la mayor parte correspondía a avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas tras la crisis del COVID-19. El abogado de Mongolia, José Luis Mazón, concluye que la imputación pública de un delito sin base, unida a la presentación sesgada de los datos, constituye una lesión objetiva de la reputación profesional y empresarial de la revista.

La dibujante turca Zehra Ömeroğlu ha obtenido una sentencia absolutoria tras cinco años de proceso judicial por una viñeta satírica publicada en la revista Leman el 25 de noviembre de 2020. La viñeta, que ironizaba sobre la pérdida de olfato durante la pandemia de COVID-19, fue considerada por las autoridades turcas como una amenaza para la moral pública, acusándola de obscenidad bajo el artículo 226 del Código Penal turco. La artista enfrentaba una pena de hasta tres años de prisión por este chiste inofensivo. Durante el proceso, el sistema judicial turco utilizó estrategias para desgastar a los artistas, incluyendo aplazamientos, peritajes absurdos, audiencias y presión psicológica, generando incertidumbre e intimidación. La obra 'Huele a censura' (Riekt naar censuur), una novela gráfica autobiográfica dibujada durante su beca en el Instituto Holandés de Estudios Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales en Ámsterdam (NIAS), relata esta experiencia. La autora describe el sistema judicial turco como una maquinaria diseñada para silenciar a los artistas. La experiencia de Ömeroğlu ha sido reconocida internacionalmente, recibiendo el Premio Robert Russell al valor en la viñeta en 2025, otorgado por Cartoonists Rights. Este premio reconoce a dibujantes que demuestran valentía ante riesgos personales significativos. La edición alemana de 'Huele a censura' se presentó en la Feria del Libro de Frankfurt, mientras que las ediciones en neerlandés y inglés están en desarrollo. La novela gráfica destaca la paradoja de la censura: al intentar silenciar a una artista, un régimen autoritario amplifica su voz. Este caso refleja una de las múltiples situaciones de persecución judicial contra dibujantes turcos, como el caso de Doğan Pehlevan, condenado a 11 meses y 20 días de prisión por 'insultar a Erdogan', o el de Öznur Kalender, detenido por acusaciones similares.

La Audiencia de Sevilla confirma la condena a Pablo Franco por vulnerar el honor de Rubén Sánchez y rebaja la indemnización de 20.000 a 6.000 euros

The flag of freedom of expression. • Millions of unique designs by independent artists. Find your thing.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección Industrial, conocida como 'ley antimemes' o 'ley antisátira', que establece sanciones para quienes utilicen, reproduzcan o imiten identidades institucionales de entidades públicas con fines comerciales o para inducir al error sobre su origen oficial. La reforma, que contempla penas de 1 a 5 años de prisión y multas de 1,000 a 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), fue aprobada por 23 votos a favor y 10 en contra. La diputada del PAN, Paulina Rubio, advirtió que la reforma no incluye una cláusula explícita que garantice la protección de la libertad de expresión, lo que podría permitir que autoridades interpreten el artículo para criminalizar prácticas creativas como la sátira y parodia. El diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala, criticó que la redacción del artículo 403 Bis busca precisamente criminalizar estas expresiones artísticas, señalando que la versión original del dictamen ya había generado preocupación en el Senado por su enfoque punitivo. La oposición argumenta que la reforma, aunque busca proteger derechos de propiedad industrial, podría ser utilizada como herramienta para censurar críticas a las instituciones públicas. El debate se centrará en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde se discutirá si la normativa afecta o no la libertad de expresión, un tema que ha generado amplias críticas por parte de organizaciones como Artículo 19, que advierte sobre el riesgo de que estas reformas conduzcan a una mayor censura en el ámbito digital.

Periodistas Unidos es un colectivo de periodistas que buscan la libertad de expresión, la defensa de periodistas y la integración de diversas disciplinas culturales para la transformación de la sociedad.

Carolyn Marvin, profesora emérita de 78 años, fue detenida tras bloquear robots de Uber Eats y asegura que seguirá protestando en Filadelfia