Galicia encara una pérdida de abogados de oficio que puede tensar la justicia gratuita y dejar más solos a quienes dependen de ella.

Julio Iglesias accederá a la denuncia archivada, pero anonimizada. La resolución aclara el alcance del fallo y lo que aún sigue sin resolver.

El Poder Judicial mantiene la expulsión de Garzón y marca los límites entre condena firme, rehabilitación y dictámenes internacionales. La noticia volvió a primera línea con fuerza y un punto de déjà vu: el Poder Judicial ha mantenido la expulsión de Baltasar Garzón de la carrera judicial y, por ahora, no moverá una coma de […]

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez Juan Carlos Peinado. El abogado de Gómez sostiene que se ha vulnerado su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva al no haber sido notificado por los cauces legales de una resolución de gran trascendencia. Según el escrito presentado, la defensa tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de la apertura de juicio oral contra Gómez, así como de la adopción de medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado dos veces al mes. El letrado denuncia que dichas decisiones judiciales, supuestamente firmadas el 20 de junio de 2026, no han sido comunicadas oficialmente a la parte afectada, lo que considera una irregularidad grave en el procedimiento. Argumenta que esta falta de notificación vulnera el artículo 24 de la Constitución española, que garantiza el derecho a ser informado de las actuaciones que afectan a una persona investigada, así como lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la obligación de notificar resoluciones judiciales. Además, la defensa subraya que la adopción de medidas cautelares sin comunicación previa limita la posibilidad de recurrir de forma inmediata y causa un posible perjuicio irreparable. También se señala el impacto que esta situación podría tener en el principio de igualdad de armas entre las partes y en la imagen de la Administración de Justicia. El escrito solicita al CGPJ que la Inspección de Tribunales examine lo ocurrido y determine si ha habido un funcionamiento irregular, con posibles consecuencias disciplinarias. El caso se produce en un contexto en el que el órgano de gobierno de los jueces estudia posibles actuaciones disciplinarias relacionadas con el mismo juez.