“La garantía de una sociedad justa es una economía responsable” (Manuel Velasco-Carretero)

El rey y los suyos, que alegan no tener de propiedades a su nombre, disponen de una exclusiva red de inmuebles de lujo propiedad del Estado cuyo mantenimiento sufragan varias administraciones....

Del boom del crédito a las SOCIMI y las golden visa: el mercado de vivienda español se construyó con decisiones de distintos gobiernos y décadas.

Los llamados fondos buitre se han convertido en protagonistas del debate sobre la vivienda, la deuda y la especulación inmobiliaria en España. Su nombre aparece asociado a la compra de edificios de viviendas, préstamos impagados y activos procedentes de bancos o administraciones públicas. Pero ¿qué son realmente estas entidades, quién pone el dinero que utilizan

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La noticia analiza la figura de Daniel Esteve, fundador de Desokupa, una organización que se presenta como defensora de ciudadanos sin hogar pero que en realidad actúa como instrumento para facilitar desalojos ilegales en favor de intereses inmobiliarios. Según el reportaje, Esteve dirige una maraña empresarial que incluye compañías como DEM Urbanas SL, que se dedica a la compraventa de viviendas, y otras entidades relacionadas con la especulación inmobiliaria. El artículo revela cómo Desokupa, a través de actos violentos y amenazas, ayuda a empresas inmobiliarias a vaciar viviendas ocupadas por familias vulnerables, especialmente inmigrantes, para luego venderlas a precios elevados. La investigación muestra que Esteve mintió sobre la inactividad de DEM Urbanas SL, cuando en realidad la empresa generó ingresos significativos, con más de 850.000 euros en 2019. Además, se revela que Esteve y su socio Fernando Jacobo Lasaosa han construido un entramado empresarial complejo, utilizando sociedades urgentes para ocultar conexiones y evitar transparencia. El reportaje también señala que Esteve, a pesar de sus discursos racistas y misógenos, gestiona un imperio inmobiliario basado en coacciones y violencia contra personas sin techo. La noticia concluye que Esteve es un 'tipo hábil' que distrae a su público con peroratas odiosas mientras entre bambalinas maneja un negocio lucrativo basado en la explotación de vulnerables.

La noticia aborda el caso de Maricarmen Abascal, quien fue desahuciada de su vivienda en Madrid por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, empresa propiedad de los abogados Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes. Según el artículo, los dueños de la inmobiliaria, que comparten despacho en Neutra Abogados, han centrado sus actividades en la gestión inmobiliaria y la compraventa de farmacias, especializándose en operaciones complejas en este sector regulado. Urbagestión, creada en 2005, facturó 586.450 euros en 2025, con un beneficio de 2.990 euros, tras haber cerrado el año anterior con 901.915 euros de facturación y 165.282 euros de beneficio. La empresa ha tenido que acudir a los tribunales en múltiples ocasiones para resolver pleitos relacionados con comisiones del 3% en operaciones de compraventa de farmacias. Además, los dueños de Urbagestión son también propietarios de otras dos sociedades inmobiliarias, Valnor Activos SL y Tracyma 21 SL, que carecen de plantilla y no generan ingresos desde 2023. La noticia señala que Urbagestión adquirió el piso de Maricarmen en 2018 por 240.000 euros, valor que hoy se ha cuadruplicado. El artículo destaca que la vivienda se encuentra en una zona muy cara de Madrid, cerca del parque de El Retiro. A pesar de las preguntas realizadas por Público, los dueños de la empresa no han respondido al cierre de la edición. La noticia se centra en la situación de Maricarmen, quien ha vivido en la casa desde 1956, y en la actividad empresarial de los dueños de Urbagestión, destacando la relación entre la especulación inmobiliaria y el desahucio de residentes de larga data.

Rita Maestre y otros representantes de la formación se han reunido hoy con el vicepresidente del Parlamento Europeo Nicu Ștefănuță, de los Verdes en Carabanchel | Noticias | Información | Última Hora ...

Son abogados y gestionan la inmobiliaria, especializada en la compraventa de farmacias y con la que llegaron a facturar casi un millón de euros en 2024.

La noticia aborda el caso de Maricarmen Abascal, quien fue desahuciada de su vivienda en Madrid por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, empresa propiedad de los abogados Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes. Según el artículo, los dueños de la inmobiliaria, que comparten despacho en Neutra Abogados, han centrado sus actividades en la gestión inmobiliaria y la compraventa de farmacias, especializándose en operaciones complejas en este sector regulado. Urbagestión, creada en 2005, facturó 586.450 euros en 2025, con un beneficio de 2.990 euros, tras haber cerrado el año anterior con 901.915 euros de facturación y 165.282 euros de beneficio. La empresa ha tenido que acudir a los tribunales en múltiples ocasiones para resolver pleitos relacionados con comisiones del 3% en operaciones de compraventa de farmacias. Además, los dueños de Urbagestión son también propietarios de otras dos sociedades inmobiliarias, Valnor Activos SL y Tracyma 21 SL, que carecen de plantilla y no generan ingresos desde 2023. La noticia señala que Urbagestión adquirió el piso de Maricarmen en 2018 por 240.000 euros, valor que hoy se ha cuadruplicado. El artículo destaca que la vivienda se encuentra en una zona muy cara de Madrid, cerca del parque de El Retiro. A pesar de las preguntas realizadas por Público, los dueños de la empresa no han respondido al cierre de la edición. La noticia se centra en la situación de Maricarmen, quien ha vivido en la casa desde 1956, y en la actividad empresarial de los dueños de Urbagestión, destacando la relación entre la especulación inmobiliaria y el desahucio de residentes de larga data.

El partido de Pedro Sánchez se niega a apoyar una proposición de ley que limitaba la compra de inmuebles por parte de personas jurídicas.

El Ayuntamiento de Benasque sigue adelante con el proyecto de una telecabina a pesar de que un juez haya anulado su aprobación por construirse en zona inundable y no haber realizado un estudio de viabilidad económica. Aunque el consistorio reconoció la ilegalidad del proyecto, sigue recibiendo subvenciones públicas para cubrir su déficit inicial, financiada por el PP y VOX. La iniciativa se enmarca en una especulación inmobiliaria que busca vender 1.200 viviendas en el Pirineo, mientras que servicios esenciales como los bomberos forestales carecen de recursos. La crítica social denuncia el uso indebido de fondos públicos y llama a reconsiderar el proyecto, proponiendo alternativas como trasladar la instalación a Cerler y recuperar el medioambiente afectado. La noticia destaca el conflicto entre desarrollo económico y gestión responsable de recursos públicos.

El artículo revela cómo ciertas empresas inmobiliarias, como Hice S.L. (propiedad de Juan Luis del Pozo), están aprovechando la crisis de vivienda en Madrid mediante prácticas ilegales. Estas compañías alquilan habitaciones a precios elevados y permiten convivencias descontroladas con migrantes, lo que genera condiciones insalubres y conflictos entre inquilinos. En 2023, un conflicto legal derivó en la devolución de 25.000 euros a los afectados tras la negativa del casero a respetar el límite de subidas anuales del alquiler (2%). La empresa obtuvo beneficios millonarios, facturando más de un millón y medio de euros en 2025 con solo dos empleados. Los inquilinos denuncian descontrol de basuras, falta de respeto entre vecinos y subidas abusivas de precios. Madrid Compartido, una marca de la empresa, anuncia alquileres por habitaciones como forma de 'evadir' leyes de protección a los arrendatarios, lo que ha sido denunciado por Facua como ilegal.

La violencia ejercida por empleados de una empresa de 'desokupación' ha escalado en el centro de Sevilla, donde han agredido a jóvenes que viven en corralones. Tras cortarles el suministro de agua, tres trabajadores de la empresa García Seguridad Integral golpearon a dos residentes, causando lesiones. Este episodio forma parte de una serie de ataques incluyendo allanamientos, uso de gas pimienta y amenazas contra periodistas. Los jóvenes denuncian la escalada de violencia por parte de los desokupas, mientras que la empresa afirma actuar en defensa de los intereses inmobiliarios. La situación refleja una lucha entre especulación urbana y la resistencia de comunidades locales para preservar espacios históricos. La Subdelegación del Gobierno no ha aclarado si la firma incumple la ley, mientras que las autoridades investigan los hechos. La crisis se enmarca en un contexto de gentrificación que amenaza con desaparecer actividades artesanales y tradicionales en el casco antiguo de Sevilla.

Cajetillas con llaves de Airbnb cubiertas de silicona o lectores de código inutilizados son algunas de las acciones protesta anónima cada vez más frecuentes en las ciudades turísticas.

Los agentes actuaron contra varios asistentes, produciéndose además lanzamientos de objetos y atendiendo los sanitarios a ocho personas, dos de ellas trasladadas a un centro hospitalario con heridas l...

Las imágenes captan a varios agentes golpeando a un grupo de asistentes e incluso uno de ellos, el fotógrafo 'freelance' Xavi Hurtado, queda herido sobre la acera