Grupos delictivos mexicanos se valen de adolescentes y adultos jóvenes en estados fronterizos para procurarse armas, según autoridades y exfuncionarios de las fuerzas del orden de EE. UU.

Legisladores, expertos legales y exfuncionarios han analizado escenarios que van desde el despliegue de agentes federales en centros de votación hasta la incautación de boletas y el uso de videos fals...

La Fiscalía General de la República subrayó que la resolución judicial no concluye las indagatorias por presunta corrupción en un proyecto público en Aguascalientes

Grupos delictivos mexicanos se valen de adolescentes y adultos jóvenes en estados fronterizos para procurarse armas, según autoridades y exfuncionarios de las fuerzas del orden de EE. UU.

Las fábricas de propiedad china habían acumulado unos **343 sistemas de litografía DUV de inmersión de ASML** hasta el primer trimestre de 2026, estima un informe del Center for Technology & Statecraft (CTS), un centro de investigación en Washington. Sus autores piden frenar nuevas exportaciones por la utilidad de estos equipos para fabricar chips de inteligencia artificial. El documento se publicó en septiembre de 2026. Lo firman Nicholas Brown y Saif M. Khan, exfuncionarios estadounidenses de política tecnológica y controles de exportación, según la cobertura del South China Morning Post. Los fabricantes chinos recurren a DUVi mientras siguen sin acceso a las máquinas de ultravioleta extremo (EUV) de ASML. El apéndice E reconstruye compras entre 2012 y el primer trimestre de 2026. Excluye importaciones destinadas a fábricas de multinacionales extranjeras y se limita a ASML. Tampoco descuenta retiros ni reexportaciones: la cifra representa importaciones acumuladas, cuyo estado operativo individual queda fuera del cálculo. Dentro de esa estimación, **unos 270 corresponden a la familia NXT:1980i**. Los demás pertenecen a otros modelos ASML. Ese desglose importa porque las capacidades varían según el equipo. El modelo de capacidad del CTS supone resueltos otros obstáculos de fabricación, incluido el encapsulado avanzado. ## Cómo la inmersión permite fabricar circuitos más finos La litografía imprime patrones de circuitos sobre obleas de silicio. DUV significa ultravioleta profundo. ASML explica que sus sistemas de inmersión añaden una capa de agua purificada entre la lente y la oblea para mejorar la resolución. Para producir estructuras más pequeñas, los fabricantes también recurren al _multipatterning_ : combinan varias exposiciones de patrones más simples para formar una capa compleja. Eso exige alinear las exposiciones con precisión y añade costos. La productividad de la máquina pasa a ser determinante para que el proceso resulte viable. El CTS atribuye a la familia NXT:1980i capacidad para fabricar lógica de **7 nanómetros** y memoria de alto ancho de banda HBM2e, utilizadas en procesadores de IA. ## Las licencias y la prohibición propuesta tienen alcances distintos ASML anunció que, desde el 7 de septiembre de 2024, debía solicitar licencias neerlandesas para exportar sus sistemas NXT:1970i y NXT:1980i. Los modelos NXT:2000i y posteriores ya estaban sujetos a ese requisito. Al presentar aquella ampliación, el gobierno de Países Bajos explicó que las solicitudes se evaluarían caso por caso para exportaciones fuera de la Unión Europea. El mecanismo dejaba abierta la posibilidad de autorizar operaciones concretas. El CTS propone prohibir todas las nuevas exportaciones DUVi a China y reforzar las restricciones sobre repuestos y mantenimiento. Es una recomendación del centro de investigación. Su planteamiento combina frenar la expansión futura y restringir el soporte que mantiene en servicio los equipos ya importados. _Fuentes:_ 1, 2, 3, 4

Grupos delictivos mexicanos se valen de adolescentes y adultos jóvenes en estados fronterizos para procurarse armas, según autoridades y exfuncionarios de las fuerzas del orden de EU

Contreras manifiesta que ante este incidente tiene que haber responsables, “más allá” de los exfuncionarios detenidos

El Sistema de Medios Públicos RTVC enfrenta una grave crisis financiera que amenaza la continuidad de sus servicios de radio y televisión en varias regiones del país. Según un reporte oficial del Gobierno de Abelardo de la Espriella, la entidad registra un déficit de $148.391 millones durante 2026, debido principalmente a un recaudo inferior al proyectado y a compromisos contractuales asumidos sin contar con el flujo de caja necesario. RTVC esperaba recibir $460.654 millones, pero al 31 de agosto solo había recaudado $312.263 millones. Al mismo tiempo, adquirió obligaciones por $356.566 millones, lo que profundizó el desbalance y generó dificultades para cubrir gastos operativos. La situación pone en riesgo pagos esenciales, como energía eléctrica y arrendamientos de espacios donde funcionan antenas repetidoras de Radio Nacional y Radiónica. El vocero presidencial Miller Soto aseguró que Gustavo Petro y Hollman Morris "dejaron la radio pública en la ruina" y cuestionó compromisos adquiridos durante la administración anterior. La actual gerencia, encabezada por Ángela Mora, implementó un plan de contingencia que prioriza nómina, seguridad social, gastos indispensables y revisión de contratos. Además, RTVC solicitó recursos extraordinarios al Gobierno para garantizar su operación hasta finalizar el año y evitar una eventual interrupción de las señales públicas. El Gobierno de De la Espriella ha tomado medidas para abordar la crisis, incluyendo una revisión administrativa de las emisoras de paz y la toma de decisiones para fortalecer la gestión financiera de la entidad. Esta situación refleja la compleja situación económica que atraviesa RTVC, con implicaciones para la prestación de servicios públicos esenciales en Colombia.

La Fiscalía General de la República subrayó que la resolución judicial no concluye las indagatorias por presunta corrupción en un proyecto público en Aguascalientes

Con las palabras libertad, democracia y Estado de derecho utilizadas como escudo, políticos, exfuncionarios y promotores del conservadurismo en una veintena de países latinoamericanos se reunieron en

El Ministerio Público (MP) solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizar diligencias prejudiciales para investigar supuestas obras sociales ejecutadas en Santa Bárbara con fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Presentó un descargo escrito ante la Justicia, luego de que el fiscal Franco Picardia ampliara la acusación contra él y otros exfuncionarios libertarios. Brindó su versión sobre el vínculo que mantení...

La ofensiva de Washington alcanza a jefes de plaza, operadores financieros, empresas y exfuncionarios señalados de facilitar las actividades del grupo criminal

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 'Raúl Isidro Burgos' en Iguala, Guerrero, la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado cuatro nuevas líneas de investigación. Este aniversario, celebrado el 27 de septiembre de 2026, marca un punto de inflexión en el caso que ha sido considerado uno de los episodios más oscuros de México. La FGR identificó 17 nuevas personas presuntamente relacionadas con el caso, incluyendo a exfuncionarios y miembros de organizaciones criminales. Entre las nuevas líneas de investigación se destacan el análisis de comunicaciones, el rastreo de teléfonos de los estudiantes, la identificación de un nuevo participante en los hechos y el ocultamiento de videograbaciones del Palacio de Justicia de Iguala. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) había catalogado el caso como un 'crimen de Estado' en su informe de 2022, señalando que autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes y permitieron su desaparición. La investigación ha sido cuestionada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que documentó manipulación de escenas y falsificación de pruebas en la versión inicial presentada por el exprocurador Jesús Murillo Karam. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue detenido en agosto de 2026 por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias, incluyendo grabaciones que podrían revelar la detención de los estudiantes. La Fiscalía ha reforzado su investigación sobre funerarias, el Servicio Médico Forense de Iguala y las videograbaciones, manteniendo el diálogo con las familias de los desaparecidos. Aunque la CoVAJ confirmó la identificación de tres de los 43 estudiantes y señaló que no hay indicios de que los jóvenes estén con vida, las nuevas líneas de investigación buscan esclarecer completamente lo sucedido y determinar responsabilidades. El caso Ayotzinapa ha sido un símbolo de la lucha por la justicia en México, con miles de personas marchando en la Ciudad de México cada año para exigir respuestas. La FGR ha asegurado que continuará las búsquedas y profundizará las investigaciones para dar cierre a este caso que ha marcado a la nación durante más de una década.

La organización reclamó ante la Cámara Federal que se anulen los sobreseimientos de los exjefes de la AFI macrista y otros dos exfuncionarios. Denunció que el organismo confeccionó 403 fichas con información política, ideológica, sindical y religiosa durante las cumbres de la OMC y el G20. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió este martes ante la Cámara Federal porteña que se reabra la causa **por el espionaje realizado sobre periodistas, académicos, activistas y organizaciones sociales durante el gobierno de Mauricio Macri y que se cite a indagatoria a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.** En una audiencia ante los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, la organización reclamó además que se revoquen los sobreseimientos de Martín Coste, exresponsable de la Dirección Operacional de Contrainteligencia, y Carlos Tonelli Banfi, exdirector de Eventos Especiales, y que el juez Marcelo Martínez de Giorgi sea apartado de la investigación. **La discusión gira alrededor de 403 fichas elaboradas por la AFI sobre periodistas, académicos y defensores de derechos humanos en el contexto de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), realizada en Buenos Aires en 2017, y la cumbre del G20 de 2018.** Los documentos fueron encontrados el 24 de enero de 2020 por la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en tres sobres guardados en el “Área Restringida” de la Dirección Operacional de Contrainteligencia. Allí había informes, fichas y perfiles con información sobre las posiciones políticas e ideológicas de las personas relevadas. “Manifiesta una postura cercana al gobierno”, “comparte permanentemente posteos en contra del gobierno”, “podemos inferir que es kirchnerista” y “devoción por el catolicismo” son algunas de las caracterizaciones que, según expuso el CELS ante los camaristas, aparecen en esos documentos. Las fichas incluían datos sobre opinión política, adhesiones partidarias, militancia social, actividad sindical y creencias religiosas. Para la querella, esos elementos muestran que no se trató simplemente de obtener información para evaluar posibles riesgos de seguridad durante las dos cumbres internacionales, sino de un “fichaje ideológico”. **Martínez de Giorgi había sobreseído a principios de septiembre a Arribas, Majdalani, Coste y Tonelli Banfi sin haberlos citado previamente a declaración indagatoria. El juez consideró que las tareas realizadas por la AFI estaban justificadas por las necesidades de seguridad derivadas de la organización de la OMC y el G20.** Uno de sus argumentos fue que parte de la información había sido obtenida de fuentes abiertas, como las redes sociales. El CELS cuestionó este martes ese razonamiento y recordó que el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe obtener o almacenar información y producir inteligencia sobre las personas en función, entre otros motivos, de sus opiniones políticas. La prohibición, sostuvo la querella, no depende de que la información sea pública ni admite excepciones por el contexto en el que se desarrolla la actividad de inteligencia. “No dice ‘salvo que el contexto lo justifique’, ni ‘salvo que la fuente sea pública’, ni ‘salvo que la información sea utilizada para determinado fin’. Dice que está prohibido”, argumentó ante la Cámara. **La organización también cuestionó otros métodos utilizados para reunir información.** Según expuso, hubo datos obtenidos mediante intercambios con organismos estatales como Migraciones y, en el caso del Hotel Bauen, Martínez de Giorgi llegó a considerar justificada la infiltración de un agente en una reunión interna de un partido político legalmente constituido. **Para el CELS, el punto central no es de dónde salió la información sino qué hizo la AFI con ella**. La organización sostuvo que la recolección, el análisis y el almacenamiento de datos políticos, ideológicos o religiosos constituyen actividades prohibidas por la legislación de inteligencia independientemente de su origen. Otro de los argumentos de Martínez de Giorgi para disponer los sobreseimientos fue que la mayoría de las fichas recibió un “color verde” durante el proceso de evaluación, por lo que la posición política de las personas relevadas no habría determinado finalmente si podían o no acreditarse para los eventos. La querella respondió que la ley no prohíbe únicamente rechazar una acreditación por motivos políticos, sino la propia recopilación y sistematización de esa información. “Cada informe que recopila y sistematiza información sobre las categorías protegidas constituye en sí mismo inteligencia prohibida”, sostuvo. **El material permaneció almacenado en el área conducida por Coste hasta que fue encontrado en enero de 2020.** El CELS cuestionó que el juez haya considerado casual o involuntaria esa conservación de los documentos sin contar, según la querella, con elementos probatorios que respaldaran esa conclusión. Durante la audiencia apareció además otro elemento que la organización considera relevante. Personas a las que se les había negado el ingreso a los eventos presentaron en su momento hábeas data para conocer qué información tenía el Estado sobre ellas. En esos expedientes, la AFI negó reiteradamente poseer datos y haber participado del proceso de acreditación para la conferencia de la OMC. Sin embargo, según el planteo realizado ante la Cámara, en la causa quedó documentada la participación de la agencia. El Ministerio de Seguridad y la Cancillería habían solicitado su colaboración y el entonces canciller llegó a enviar una nota a Arribas para pedir su intervención en la acreditación de una participante. El CELS destacó el caso del académico Francisco Cantamutto: Coste firmó una respuesta a un hábeas data en la que la AFI decía no tener información sobre él, pero entre los documentos encontrados posteriormente apareció una ficha que lo describía como integrante de “un grupo de economistas de izquierda kirchnerista”. **La investigación lleva más de seis años desde el hallazgo de las fichas.** Ya en 2021, la fiscal Paloma Ochoa había considerado que existía un grado de sospecha suficiente para convocar a indagatoria a los cuatro imputados, pedido al que había adherido el CELS. Sin embargo, las indagatorias nunca se concretaron y Martínez de Giorgi terminó sobreseyéndolos. El fiscal Franco Picardi también apeló esos sobreseimientos y sostuvo que la investigación debía avanzar hacia las declaraciones indagatorias. Al igual que la querella, consideró que las características utilizadas por la AFI para seleccionar y perfilar a las personas coincidían con categorías cuya recopilación está vedada por la Ley de Inteligencia. Ahora serán Llorens, Bertuzzi y Yadarola quienes deberán decidir si confirman el cierre dispuesto por Martínez de Giorgi o si, como reclamó el CELS, revocan los sobreseimientos y permiten que la investigación continúe. La organización pidió además que, en ese caso, la causa quede en manos de otro juez, con el argumento de que Martínez de Giorgi ya fijó una posición sobre el fondo del expediente sin haber interrogado a los imputados.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes, un día después de que el gobierno federal presentara un informe sobre los avances en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de A

El Parlamento de Bolivia sesionará para analizar la posible conformación de una comisión que investigue las acusaciones del Gobierno de EE.UU.

En Colombia, Estados Unidos ha decidido utilizar la revocatoria de visas como mecanismo para castigar a funcionarios o exfuncionarios considerados responsables de atentar contra la seguridad, el estado de derecho y la democracia. Este enfoque se enmarca en la iniciativa Escudo de las Américas liderada por el presidente Donald Trump, que busca contener el narcotráfico y el terrorismo en el hemisferio. El Departamento de Estado explicó que esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros que participan en actividades de corrupción o narcotráfico, lo cual constituye una amenaza para la seguridad y el estado de derecho en las Américas. En el caso colombiano, dos personas afectadas son la senadora de izquierda Martha Peralta Epieyú y el empresario Euclides Antonio Torres Romero. Peralta, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), está investigada por delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio en el caso de corrupción de la UNGRD. Torres Romero, por su parte, ha sido mencionado en relación con presuntas financiaciones a campañas políticas del petrismo, especialmente durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La decisión de Estados Unidos no solo implica la revocación de visas, sino que también plantea el riesgo de que estos individuos sean incluidos en la lista Clinton, conocida como la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). En Colombia, este mecanismo ya se aplicó en el pasado a expresidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el exministro del Interior Armando Benedetti, quienes enfrentaron bloqueos en sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias, además de un grave daño reputacional. La senadora Peralta y Torres Romero aún no han sido declarados culpables en Colombia, pero en Estados Unidos, su situación se presenta como un grave señalamiento. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien es conocido como el 'quita visas', recibió una lista de nombres del entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien señaló a líderes políticos y clanes del Caribe por presunta compra de votos en la campaña presidencial. Entre los mencionados se encuentran Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez y otros. Este caso refleja una estrategia más amplia de Estados Unidos para influir en la política colombiana y castigar a quienes considera responsables de corrupción o actividades que atentan contra la democracia.

La administración Trump revocó las visas de 27 funcionarios latinoamericanos, exfuncionarios y sus familiares

Una segunda fiscal renunció a la investigación del Departamento de Justicia sobre una supuesta conspiración para perjudicar políticamente a Donald Trump.