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La reforma pensional colombiana, aprobada mediante la Ley 2381 de 2024, transformó el debate sobre el futuro de los trabajadores en un asunto clave para la economía de las empresas. El texto analiza cómo esta medida afecta los costos laborales, la contratación formal y la planeación financiera de las organizaciones. En un contexto donde el 54,5% de los ocupados en Colombia está en informalidad (40,7% en principales ciudades) y el desempleo nacional se ubicó en 8%, la reforma exige a las empresas revisar sus estructuras de costos y estrategias de contratación. La Corte Constitucional declaró constitucional la mayoría del proyecto, pero devolvió varios artículos para ajustes legislativos. El nuevo sistema entrará en vigor el 1 de abril de 2027, ofreciendo tiempo a empresas y trabajadores para adaptarse. El desafío principal es equilibrar la protección social con la sostenibilidad financiera, especialmente en sectores con salarios bajos y alta rotación laboral. La informalidad sigue siendo un obstáculo significativo para ampliar la cobertura pensional de manera sostenible. Para el Estado, el reto es garantizar que las nuevas obligaciones no afecten la generación de empleo formal. Los trabajadores deben entender que una mejor protección en la vejez depende de relaciones laborales formales durante su vida profesional.

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La tasa de desocupación llegó a 9,4% en el trimestre abril-junio, mientras la creación de puestos se concentró en trabajadores por cuenta propia y asalariados informales. "Es particularmente preocupante", alertaron economistas.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, participó de una reunión con el Gabinete argentino donde destacó la necesidad de combatir la informalidad laboral y promover el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Durante la conferencia de prensa posterior, reconoció que la formalización del mercado laboral es clave para estabilizar la economía. Además, pidió medidas concretas para apoyar a las pymes, que son fundamentales para generar empleo y dinamizar la actividad económica. La reunión se enmarcó en el contexto de una recesión que afecta al sector textil y las ventas de combustibles, lo cual refleja los desafíos que enfrenta Argentina en su camino hacia la recuperación económica. Georgieva también mencionó el rol de la educación y la innovación como pilares para impulsar la productividad nacional.

México enfrenta una crisis laboral profunda, con 33.1 millones de personas en condiciones de informalidad al cierre de junio de 2026, lo que representa el 55% de la población ocupada. Este fenómeno, que persiste desde hace más de dos décadas, refleja problemas estructurales en el sistema económico del país. Óscar Ocampo, director del IMCO, explica que la gran mayoría de las empresas mexicanas son pequeñas o microempresarios que no logran crecer ni formalizarse debido a altos costos laborales, falta de incentivos y la presencia de 'comunidades de extorsión'. La informalidad afecta las finanzas públicas y el crecimiento económico, generando un círculo vicioso que dificulta la formalización. Para reducir esta situación, se requiere una reforma en los sistemas de seguridad social y políticas que fomenten el crecimiento empresarial. Los estados del norte, como Coahuila y Chihuahua, muestran menores tasas de informalidad gracias a la presencia de grandes empresas industriales. La solución, según Ocampo, implica mejorar los servicios públicos, fortalecer el estado de derecho y crear condiciones para que más empresas crezcan, lo que permitiría reducir significativamente la informalidad laboral.

32.6 millones de mexicanos laboran en condiciones de informalidad

La columna de opinión analiza de forma crítica el discurso político del gobierno mexicano encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el contexto de un evento conmemorativo por el segundo aniversario del triunfo electoral del movimiento en el poder. El autor plantea que, en las conferencias y actos oficiales, se insiste en la narrativa de reducción de la pobreza y de fortaleza económica, pero considera que estos mensajes están basados en medias verdades, omisiones y datos interpretados de forma favorable al gobierno. El texto cuestiona la sostenibilidad de las políticas económicas, especialmente el aumento del salario mínimo y la expansión del gasto público mediante transferencias sociales, argumentando que estas medidas han llegado a un límite que podría afectar la calificación de la deuda y generar presiones fiscales. También señala una supuesta reducción de la inversión pública que habría deteriorado servicios esenciales como salud, educación, infraestructura y seguridad. En el ámbito laboral, el autor sostiene que el crecimiento del salario mínimo ha provocado efectos negativos en el empleo formal, con un estancamiento o incluso contracción según distintos indicadores, y un aumento de la informalidad. Asimismo, advierte que una gran parte de los trabajadores gana menos de un salario mínimo y que la creación de empleo reciente se concentra en la informalidad. Finalmente, la columna plantea que el movimiento político en el poder enfrenta tres riesgos principales: límites económicos al modelo de redistribución, fracturas internas por disputas políticas y acusaciones de alianzas con actores criminales que podrían erosionar su legitimidad. El texto concluye que el discurso oficial ignora estos problemas estructurales mientras mantiene una narrativa de éxito y unidad política.

La columna analiza la brecha entre el discurso oficial sobre el empleo en México y los datos reales del mercado laboral. Aunque el gobierno federal ha destacado indicadores positivos como una tasa de desempleo de 2.5% —una de las más bajas a nivel internacional— y la creación de 669 mil empleos en el último año, el artículo subraya que estos datos no reflejan completamente la estructura del empleo en el país. Según información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, el crecimiento del empleo en México durante el primer trimestre de 2026 estuvo impulsado casi en su totalidad por la informalidad laboral. Mientras la población ocupada aumentó en 552 mil personas, el empleo informal creció en 583 mil, lo que implica una caída en el empleo formal de más de 31 mil puestos. Esta tendencia muestra que la economía mexicana está dependiendo cada vez más del trabajo informal, caracterizado por la falta de contratos, prestaciones y seguridad social. La tasa de informalidad se mantiene elevada, alrededor del 54.8% al 55.8%, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores se encuentran en esta condición. Además, otros indicadores como la subocupación —4.3 millones de personas dispuestas a trabajar más horas o en otro empleo— y las condiciones críticas de ocupación —que afectan a 36.7% de la población trabajadora— refuerzan la idea de un mercado laboral frágil. Aunque el desempleo bajo puede interpretarse como un signo de estabilidad, el artículo concluye que la calidad del empleo en México sigue deteriorándose, con un crecimiento económico limitado por la falta de empleos formales y bien remunerados.

La cifra significó un descenso de 0,4 pp., debido a que el alza de la fuerza de trabajo (0,5%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (0,9%). En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 0,9%.