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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó la crisis de violencia que afecta a Sinaloa desde hace más de dos años a la injerencia extranjera, particularmente a una presunta intervención de Estados Unidos relacionada con la sustracción irregular del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que el caso de Sinaloa muestra las consecuencias del injerencismo y del rompimiento dentro de un grupo delictivo. De acuerdo con la mandataria, la supuesta intervención extranjera habría contribuido a desencadenar una confrontación entre facciones criminales, lo que posteriormente derivó en una escalada de violencia en el estado. La presidenta sostuvo que la situación actual no puede analizarse únicamente como un conflicto interno entre organizaciones delictivas, sino también a partir de la participación o influencia de actores externos. La declaración se produce en el contexto de la persistente inseguridad en Sinaloa, donde durante más de dos años se han registrado enfrentamientos, asesinatos, desapariciones y otras expresiones de violencia vinculadas con disputas criminales. Sheinbaum presentó el caso como un ejemplo de los riesgos que, desde su perspectiva, implica la intervención de otros países en asuntos de seguridad y soberanía nacional. La información disponible corresponde a las declaraciones de la presidenta y no establece, por sí sola, una comprobación independiente de las acusaciones sobre la participación de Estados Unidos. El señalamiento forma parte del debate político sobre las causas de la violencia en Sinaloa y sobre la relación bilateral en materia de seguridad.

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Con 417 votos a favor, el Congreso endurece medidas contra la injerencia extranjera y establece prisión preventiva para el tráfico ilegal de armas y terrorismo

El pasado jueves 28 de mayo, el Senado aprobó la reforma constitucional que retrasa hasta 2028 la elección de jueces y magistrados, simplifica la evaluación de candidatos y permite que los actuales integrantes del Tribunal Electoral participen en el proceso. Horas después, 22 congresos locales, incluyendo estados como Ciudad de México, Puebla y Veracruz, avalaron la reforma, cumpliendo el requisito de mayoría necesario. Paralelamente, se aprobó una reforma al artículo 41 constitucional que permite nulificar elecciones federales y locales si se demuestra participación extranjera con pruebas objetivas. Esta reforma fue avalada por 21 congresos estatales y busca prevenir injerencias a través de financiamiento opaco, campañas de desinformación o manipulación digital. Ambas reformas serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación tras la declaratoria de la Comisión Permanente del Congreso. No obstante, la reforma contra la injerencia extranjera no aplicará en los comicios de 2027 debido a que su legislación secundaria aún no fue aprobada. La propuesta de modificar la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral fue retirada por falta de consenso.

La dirigente morenista Citlalli Hernández Mora defendió la reforma que incorpora la injerencia extranjera como una nueva causal de nulidad en los procesos electorales de México. Según sus declaraciones, esta medida es esencial para proteger la democracia mexicana de cualquier tipo de intervención externa que pueda afectar la soberanía nacional. Hernández señaló que la legislación electoral debe modernizarse para enfrentar los retos actuales, recordando que hay antecedentes de interferencias extranjeras en elecciones de varios países alrededor del mundo. Explicó que la nueva disposición no es subjetiva, ya que cualquier caso deberá ser probado conforme a la ley, igual que las otras causales de nulidad existentes. La morenista enfatizó que el financiamiento proveniente del extranjero a partidos políticos o candidaturas representa un peligro real para la voluntad de los votantes y la independencia del país. Esta reforma, según ella, busca dar la mayor protección posible a la vida democrática, asegurando que las decisiones del pueblo mexicano no sean influidas por intereses externos. Hernández también criticó las opiniones de la oposición y del exconsejero electoral Lorenzo Córdova, acusándolo de haber tolerado irregularidades en el pasado dentro del sistema electoral. Para la dirigente, esta iniciativa responde al mandato de la mayoría ciudadana y fortalece las garantías para que las elecciones se definan exclusivamente por la voz de los mexicanos. La propuesta forma parte de los esfuerzos de Morena por blindar las instituciones democráticas frente a posibles manipulaciones externas, en un contexto donde se han documentado casos de intervención en procesos políticos internacionales.

El texto analiza el debate político en México en torno a una reforma constitucional impulsada tras declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien advirtió sobre un supuesto riesgo de injerencia extranjera en las elecciones de 2027. La iniciativa, ya aprobada en la Cámara de Diputados y enviada al Senado, propone modificar el artículo 41 de la Constitución para establecer como causal de nulidad electoral la comprobación de intervención extranjera que influya en los resultados de los comicios. Aunque el artículo 40 ya rechaza la intervención de actores externos en la vida política del país, la reforma busca añadir mecanismos de sanción y consecuencias jurídicas ante posibles interferencias. El texto sostiene que la injerencia extranjera no es un fenómeno hipotético, sino una situación con antecedentes históricos, citando ejemplos como supuestas maniobras de actores internacionales en procesos electorales pasados en México y financiamiento externo a organizaciones políticas o civiles. También se menciona la preocupación por redes internacionales de influencia política y mediática que, según el artículo, podrían incidir en procesos democráticos en América Latina. Asimismo, se destaca que la reforma debería complementarse con legislación secundaria que establezca criterios claros, objetivos e imparciales para determinar cuándo existe una vulneración a la soberanía electoral. El texto advierte que, sin estas precisiones, podría existir el riesgo de interpretaciones políticas que afecten la validez de los comicios. Finalmente, el artículo hace un llamado a las fuerzas políticas del Senado a respaldar la iniciativa como una forma de proteger la independencia nacional, mientras subraya la importancia de definir con precisión los alcances de la anulación de elecciones para evitar abusos o decisiones arbitrarias.

Un informe de la agencia francesa de seguridad Viginum sostiene que durante las elecciones municipales celebradas en Francia se llevó a cabo una compleja operación de desinformación digital atribuida a actores vinculados a una supuesta agencia israelí. Según el documento, la campaña incluyó la creación de múltiples páginas web falsas y cuentas en redes sociales destinadas a influir en la opinión pública y dañar la reputación de varios candidatos, especialmente de la formación La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Entre los casos documentados figuran acusaciones falsas de maltrato o conductas delictivas contra candidatos como Sébastien Delogu o François Piquemal, así como campañas dirigidas a David Guiraud por sus posiciones políticas. El informe también describe una estrategia paralela basada en la polarización social y religiosa. Por un lado, se habrían creado contenidos que explotaban el miedo al islam mediante la suplantación de asociaciones o la creación de supuestos grupos islamistas radicales, como una versión ficticia de Forsane Alizza. Por otro lado, se impulsaron plataformas que pretendían dirigirse a votantes musulmanes o, en sentido opuesto, a públicos ultraconservadores, generando mensajes contradictorios para amplificar la división social. Viginum atribuye estas acciones a una estructura vinculada a una entidad denominada Blackcore, relacionada con un ecosistema de empresas cibernéticas y figuras del ámbito de la inteligencia israelí. La investigación también señala técnicas de manipulación digital como el uso de metadatos rastreables, identidades falsas y la inserción de contenido en medios de comunicación mediante servicios de publirreportajes. Las autoridades francesas califican el caso como una injerencia extranjera en procesos electorales, un fenómeno que hasta ahora se había asociado principalmente a actores estatales como Rusia, China o Irán. El informe subraya la creciente sofisticación de este tipo de campañas híbridas en el entorno digital europeo.

Una investigación del organismo francés Viginum ha desatado una polémica internacional tras atribuir a la empresa israelí BlackCore una presunta operación de desinformación digital durante las elecciones parlamentarias en Escocia. Según el informe, una red de al menos 256 cuentas falsas habría difundido cerca de 1.400 comentarios coordinados entre enero y mayo con el objetivo de influir en el debate público y desacreditar al primer ministro escocés, John Swinney, y al Partido Nacional Escocés (SNP). Las autoridades francesas sostienen que esta actividad formaría parte de una campaña más amplia de interferencia digital en varios países, incluyendo Francia, Angola, Togo y Estados Unidos. En el caso escocés, los mensajes se habrían concentrado en publicaciones del gobierno y de los perfiles oficiales del SNP, con una estrategia coordinada de amplificación artificial de contenidos críticos. El informe también destaca que Swinney ha sido una de las voces más críticas en Europa con respecto a la actuación de Israel en Gaza, lo que añade sensibilidad política al caso. Tras conocerse las conclusiones, el dirigente escocés calificó los hechos como “profundamente preocupantes” y pidió al gobierno británico reforzar los mecanismos de defensa frente a la injerencia extranjera en procesos democráticos. Por su parte, BlackCore niega cualquier vinculación con operaciones estatales y ha eliminado gran parte de su presencia digital tras la difusión de las investigaciones. La embajada israelí en Francia ha rechazado cualquier implicación oficial del Estado de Israel y ha anunciado que analizará el informe. El caso se enmarca en una creciente preocupación europea por las campañas de manipulación informativa en entornos digitales durante procesos electorales.

La Fiscalía de París ha iniciado una investigación sobre la red social X, antes conocida como Twitter, por posibles alteraciones en su algoritmo con el fin de favorecer una interferencia extranjera.