Alerta. Los voluntarios Charip, relámpago en wampis, son la única línea de defensa frente a la minería ilegal de este pueblo indígena en Condorcanqui, Amazonas. Amenazados por los ilegales y sin prese...

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La deforestación en la Amazonía colombiana está siendo influenciada por factores complejos que van más allá de la actividad indígena. Según el proyecto Mapbiomas, en el territorio de Yaigojé Apaporis, más del 60% de la pérdida de bosque en 2025 (alrededor de 122 hectáreas) se debió a fenómenos naturales como las 'chagras de viento', causadas por vientos huracanados que derriban árboles. Además, se ha identificado un aumento significativo en la minería ilegal proveniente de Brasil, especialmente en las áreas ETI Uitiboc-Asaintam y Bajo Río Caquetá, que comparten límites con el río Puré. Un informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (Maap) revela que entre junio de 2024 y mayo de 2026 se deforestaron 506 hectáreas en el Parque Nacional Natural Río Puré debido a esta minería ilegal de oro. Antes de junio de 2024, no se registraba deforestación en esta zona, pero en noviembre de 2025 se alcanzó un pico de 55 hectáreas y un total de 177 hectáreas entre enero y mayo de 2026. La coordinadora general de Mapbiomas en Colombia, Adriana Rojas, señala que la deforestación en Uitiboc-Asaintam que no está relacionada con la minería ilegal podría deberse a la extracción de maderas finas o a la construcción de casas por comunidades religiosas como los menonitas o israelitas. Estos hallazgos contradicen la idea de que las comunidades indígenas son las principales responsables de la deforestación en la Amazonía, destacando que la presión por la minería ilegal y los fenómenos naturales son los factores clave en la pérdida de bosque.

#MineríaIlegal en el territorio amazónico => entrevista: El director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch, Raphael Hoetmer, dialogó con @MongabayLatam sobre el avance de la minería en el territorio amazónico de Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

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🌎 Minería ilegal: una mirada internacional a la crisis El IPE organiza un webinar para analizar los impactos económicos, ambientales y sociales de la minería ilegal, con expertos nacionales e internac...

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Federico Rios, fotoperiodista del @nytimes relató en BRAVA NEWS CO cómo fue el instante en que descubrió la mina ilegal de oro al interior del Batallón Rifles 31 de Caucasia. La entrevista completa ya está en nuestro YouTube: BRAVA NEWS CO #bravanews #mineríailegal #lamandiga

La región del sur de Bolívar enfrenta un grave problema de minería ilegal, donde el 70% de la producción de oro está controlada por grupos armados como ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC. Esta actividad genera conflictos violentos, violencia contra líderes sociales y evita que los ingresos se destinen al desarrollo regional. El gobernador Yamil Arana destacó que solo el 5% de la minería es legal, lo cual no beneficia a la comunidad. Además, se reportaron ataques con drones contra una estación de policía, evidenciando la superioridad tecnológica de los grupos criminales frente a las fuerzas de seguridad. La fiscal ambiental mencionó que la zona es estratégica por su conexión con departamentos vecinos y el crecimiento del negocio del oro ilegal. El Estado colombiano no recaudar el 80% de impuestos correspondientes, lo que perpetúa la situación.

Brasil está implementando técnicas de ciencia forense para combatir la minería ilegal en la Amazonía. Investigadores del Instituto Nacional de Criminalística analizan muestras de oro para identificar su procedencia mediante huellas químicas, permitiendo detectar actividades ilegales en áreas protegidas. La minería ilegal ha destruido más de 220 mil hectáreas de selva tropical y afecta a comunidades indígenas, causando contaminación que impacta la salud. En Colombia, el Servicio Geológico desarrolla un proyecto similar con apoyo internacional para trazar la procedencia del oro y combatir la extracción ilegal. Aunque existen avances, persisten vacíos como el alquiler de registros para legalizar oro ilícito. Estas iniciativas buscan fortalecer la trazabilidad del oro y proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas.

Un informe revela que la minería ilegal en el río Puré, ubicado en la Amazonía colombiana, extrae aproximadamente 120 kilos de oro al mes, lo que genera graves impactos ambientales. La actividad, realizada en zonas protegidas, utiliza métodos que contaminan ríos y afectan la biodiversidad. El documento destaca la presencia de mercurio en los sedimentos y la falta de regulación efectiva por parte de las autoridades. Expertos alertan sobre la necesidad de fortalecer controles para evitar daños irreversibles al ecosistema. Además, se menciona la participación de grupos no identificados en la explotación, lo que complica las acciones de fiscalización. La noticia subraya la urgencia de políticas públicas que combinen sostenibilidad y desarrollo económico en regiones vulnerables.

La noticia revela cómo el oro minado ilegalmente en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela alimenta una economía clandestina que involucra a comerciantes, mineros y autoridades locales. En Inírida, el 98% de la actividad económica depende del oro, cuya extracción es ilícita pero su comercialización ocurre por canales legales. Empresas fachadas, subdeclaraciones y reutilización de facturas son mecanismos comunes para evadir controles. Aunque el gobierno ha intentado regular la actividad, la falta de inspección efectiva permite que el oro circule libremente, generando dependencia económica y impactos ambientales. La minería ilegal no solo afecta a la naturaleza, sino también a la salud pública, ya que no hay control sobre los procesos. Además, la economía local se ve arrastrada por esta dinámica, con comercios y servicios vinculados al oro. La situación resalta la complejidad de gestionar recursos naturales en zonas de conflicto y descontrol institucional.

La noticia aborda la distinción entre minería legal e ilegal en Colombia, destacando que el 80% de la actividad minera es ilegal y financia guerras, destruye ecosistemas y envenena ríos con mercurio. Se critica la falta de diferenciación entre ambas en políticas públicas, lo que protege a estructuras criminales. El artículo propone soluciones como inteligencia financiera, presencia estatal sostenida y actualización del Código de Minas para combatir la minería ilegal sin afectar al minero tradicional. Se enfatiza que tratarlas como sinónimos es un error conceptual que perpetúa el daño al país. El monitoreo satelital revela que decenas de miles de hectáreas de explotación ilegal permanecen inalteradas por más de cuatro años, lo que resalta la urgencia de estrategias efectivas. La crítica se centra en la necesidad de un diagnóstico preciso para apuntar al problema real, evitando la saturación de discursos que no abordan las raíces del conflicto minero.

Las autoridades colombianas desarticularon una red criminal dedicada a la extracción ilegal de oro en el río Nechí, municipio de El Bagre, Antioquia. La operación, denominada 'Fortaleza', fue llevada a cabo en colaboración con policías de Brasil, Perú, Bolivia y Emiratos Árabes Unidos como parte de la estrategia internacional 'Green Shield'. Los implicados utilizaban establecimientos de compraventa para legalizar el oro extraído mediante minería aluvial, que causaba graves daños ambientales. Durante los allanamientos se incautaron 153 gramos de oro, equipos electrónicos, 6,5 millones de pesos en efectivo y una arma traumática. El director de Carabineros explicó que este esquema permitía ocultar el origen ilegal del oro, fortaleciendo las finanzas del crimen organizado. El operativo representa un golpe significativo contra las economías ilícitas que financian organizaciones criminales y depredan recursos naturales del país. La acción destaca la importancia de la cooperación internacional para combatir delitos ambientales y financieros.